La iniciativa, presentada por la diputada popular Marian Orós, ha recabado el apoyo de todos los grupos parlamentarios y ha contado con una enmienda conjunta de PSOE-Podemos-CHA-PAR que, finalmente, ha sido transaccionada
La Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales de las Cortes de Aragón ha aprobado esta mañana por unanimidad una iniciativa, presentada desde el G. P. Popular, para realizar la formación precisa para los profesionales que trabajan en los centros asistenciales públicos de Aragón y para asegurarse de que los centros privados imparten también dicha formación a sus trabajadores en relación con la pandemia de la COVID-19.
La portavoz sectorial del PP, Marian Orós, ha presentado la proposición no de ley y ha explicado que esta “se realizó en la fase aguda de la crisis, cuando las residencias nos llamaban diciéndonos que no sabían qué hacer”. Además, ha declarado que “es fundamental que todos los profesionales tengan esa formación concreta en materia de COVID para saber aislar y tratar a estos pacientes, teniendo en cuenta que puede haber rebrotes” y que, en su día, “los protocolos no fueron suficientes”.
Los grupos que componen el Gobierno han presentado una enmienda conjunta, que ha sido defendida por las diputadas Pilimar Zamora (PSOE), Erika Sanz (Podemos), Carmen Martínez (CHA) y Esther Peirat (PAR). La parlamentaria socialista Pilimar Zamora ha recalcado que “los profesionales del sector de las residencias han sufrido mucho” y ha reconocido a Orós que “siempre ha contado con el apoyo de los grupos que forman parte del Gobierno”, pero que “tanto la gestión pública como la privada tienen sujeción a la ley”.
Desde Podemos, Erika Sanz ha hecho referencia a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde “se habla de que la formación en materia preventiva corresponde a las empresas y debe darse dentro de las jornadas de trabajo”. Por parte de CHA, la diputada Carmen Martínez ha recalcado que “el Gobierno de Aragón pretende trabajar por y para todos los aragoneses” y ha explicado que “la proposición recoge el espíritu de formación que hay que seguir manteniendo con todos los trabajadores y trabajadoras”. La parlamentaria del PAR, Esther Peirat, ha destacado que “de esta crisis vamos a tener que salir unidos y con ayuda tanto del sector público como privado” y que “ante una situación sobrevenida todos deben recibir formación, pero la competencia en los centros privados es del empresario”.
Desde los grupos no enmendantes, la diputada Loreto Camañes (Ciudadanos) ha manifestado que “ante un futuro rebrote, la formación debe estar garantizada”, puesto que “nos encontramos ante una situación de excepcionalidad y muchos profesionales de residencias públicas y privadas no sabían cómo actuar”. David Arranz (Vox) ha adelantado su voto favorable, pese a que “la iniciativa está aquejada de cierta inconcreción” y “surgen dudas respecto a si pretendemos cambiar el modelo de residencias o queremos elevar la categoría profesional y el sueldo de las personas que trabajan en ellas”. Y, por último, Álvaro Sanz (IU) ha manifestado que “un aspecto muy importante es la actualización constante de la formación, siempre garantizando que quienes están expuestos conozcan los riesgos, y supervisando que los equipos de protección no se ven mermados por un exceso de carga de trabajo”.