El director general de la Función Pública ha asegurado también ante la Comisión de Hacienda del Parlamento aragonés que, “dentro del mes de junio, tendremos una norma para regular el teletrabajo”, al tiempo que ha puesto de manifiesto la necesidad de modificar y simplificar algunos procedimientos administrativos
El director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Esteban del Ruste, en su comparecencia esta mañana ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón a propuesta del PP, ha hecho hincapié en que la reincorporación de los funcionarios públicos a sus puestos de trabajo “está siendo paulatina y coordinada” y “solo es efectiva cuando pueden garantizarse las medidas de protección”. “Los tiempos quizás no son todo lo rápidos que desearíamos, pero sí son los más seguros, y la semana que viene se llegará al cien por cien de incorporación física”, ha asegurado.
No obstante, Del Ruste ha incidido en que “el teletrabajo vino para quedarse y se debe mantener”, y ha adelantado que, “dentro del mes de junio, tendremos una norma para regularlo”. De igual forma, y en relación con la administración electrónica, el director general ha afirmado que, en colaboración con la Dirección General de Administración Electrónica y con el objetivo de eliminar el uso de papel, se están analizando todos los procedimientos existentes en dos departamentos, algo que conllevará la necesidad de “modificar y simplificar procedimientos, porque son complejos para la Administración y para los ciudadanos” y denotan falta de confianza en los mismos.
En cuanto a la pandemia provocada por la COVID-19, el director general ha explicado que “debe servir para que, si se vuelve a producir un brote, estemos preparados y podamos responder desde el primer momento”. Asimismo, ha declarado que “se han elaborado guías de prevención para puestos tipo y para los edificios administrativos más significativos”, al tiempo que “se están dotando de los materiales de protección necesarios a una velocidad asombrosa”. Sin embargo, ha insistido, la decisión de hacer test o no a todo el personal, “tiene que venir de la Dirección General de Salud Pública”.
Por último, el responsable de la Función Pública ha manifestado que, desde la semana pasada, “se está llevando a cabo una evaluación individual del personal de riesgo para que pueda incorporarse o mantener su situación de permanencia en el domicilio”. Y, en lo relativo a la conciliación, ha reconocido que “en la Administración tenemos mucho que hacer, pero estamos muy por delante de bastantes empresas privadas”, y ha puesto en valor la “flexibilidad y ampliación del horario, la prioridad de que las personas que tengan que conciliar teletrabajen y la posibilidad de utilizar permisos y vacaciones por horas para compensar faltas en la jornada de trabajo por motivos de conciliación”.
Pese a reconocer “la complejidad” de la gestión, la popular Ana Cristina Sainz ha valorado como “un poco confusa” la reincorporación del personal funcionario de la DGA a la actividad presencial y ha puesto como ejemplo que se esté llamando a personas de riesgo. En ese sentido, además de preguntar por las instrucciones de prevención transmitidas, Sainz ha reclamado un “plan de contingencia” ante un posible rebrote y la realización de test, tal y como ha recordado que recomienda la OMS. “La DGA debe garantizar la protección de sus trabajadores y no podemos bajar la guardia, pero necesitamos datos para configurar estrategias acertadas”, ha asegurado.
En cuanto al teletrabajo y la conciliación familiar, la parlamentaria del PP ha propuesto la permanencia en sus domicilios de aquellos funcionarios con un deber “inexcusable” en los casos en los que sea “absolutamente imprescindible” y ha asegurado que la Comunidad “va con retraso” en la implantación de la administración electrónica.
Óscar Galeano (PSOE) ha estimado que el teletrabajo a que ha obligado la crisis ha resultado “un simulacro” que ha servido para la ver “la cruda realidad” y ha puesto de manifiesto problemáticas como la conciliación familiar, la necesidad de formación del empleado público y las carencias de medios materiales.
José Luis Saz (Ciudadanos) ha rebajado a un “apaño” el “muy primitivo” sistema de teletrabajo a que ha obligado la pandemia en la Administración y ha solicitado un “esfuerzo presupuestario” para desarrollar la administración electrónica y que se haga uso de la movilidad de los funcionarios.
Marta Prades (Podemos EQUO Aragón) ha pedido pasar “de los aplausos a los hechos” reforzando los servicios públicos porque los trabajadores han dado “el doscientos por mil” y, ante la “incompatibilidad” del teletrabajo y la conciliación con menores sin escuela y dependientes, ha preguntado si habrá contrataciones.
Carmen Martínez (CHA) ha pedido aclarar que el teletrabajo “no es sólo trabajar en remoto” porque implica más horas desde el domicilio y algunas también presenciales y ha reclamado “estudios y grupos de trabajo” para desarrollarlo convenientemente.
David Arranz (Vox en Aragón) ha repasado las estadísticas del desempeño de los funcionarios durante la pandemia y ha preguntado tanto por el posible mantenimiento de la flexibilización y reasignación de personal superada la crisis como por el teletrabajo.
Jesús Guerrero (PAR) ha asegurado que su grupo no pondrá “palos en las ruedas” en el regreso de la Administración a su actividad normal y ha pedido una previsión sobre el momento en el que el “engranaje” de la Administración volverá a su pleno rendimiento.