Las iniciativas, presentadas por PP y Ciudadanos, han contado con dos enmiendas conjuntas firmadas por PSOE-Podemos-CHA-PAR y han obtenido el apoyo de todos los miembros de la Comisión de Vertebración del Territorio
La Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de las Cortes de Aragón ha aprobado por unanimidad dos iniciativas presentadas por PP y Ciudadanos para mejorar el estado de la carretera A-131, que une Huesca y Fraga.
En la defensa de las iniciativas han intervenido Antonio Romero (PP) y Carlos Ortas (Ciudadanos). El diputado popular Antonio Romero ha explicado que “la A-131 es una vía largamente reivindicada que todavía se encuentra sin finalizar”. “Los usuarios reivindican una mejora y desde la margen izquierda del río Cinca prácticamente nadie se atreve a elegir esa carretera para viajar a Huesca, aunque el trayecto sea más corto”, ha apuntado.
Desde Ciudadanos, Carlos Ortas ha insistido en que “la carretera 131 se encuentra en un pésimo estado” y, aunque en el pasado “ha ocupado y preocupado a PP, PSOE, CHA, PAR o IU, no todos los tramos se han arreglado”. Además, ha señalado que “su mejora es fundamental para la comarca de los Monegros, un territorio que se desangra en lo poblacional”.
Los grupos que sustentan el Gobierno (PSOE-Podemos-CHA-PAR) han presentado dos enmiendas conjuntas para sendos textos de impulso, que han sido aceptados por Romero y Ortas. El encargado de exponer el sentido de las enmiendas ha sido el diputado de CHA, Joaquín Palacín, quien ha declarado que “para construir una carretera no pueden existir ni las coincidencias ni las casualidades, pues requiere una planificación más amplia” y ha sentenciado que “ya se ha empezado a trabajar y se han continuado los trabajos que comenzaron a desarrollarse en la legislatura pasada”.
Por parte del grupo no enmendante, Santiago Morón (Vox) ha explicado que “existe unanimidad en la necesidad de acometer la reforma integral de esta carretera que une Fraga y Huesca por razones de seguridad, pero también por tratarse de una importante vía de comunicación”.
Fondo de Cohesión Territorial
La reunión sectorial también ha servido para debatir una proposición no de ley presentada por el diputado del PP Joaquín Juste para destinar la partida de tres millones de euros del Fondo de Cohesión Territorial a subvencionar las cuotas de autónomos y gastos fijos de las tiendas, bares, restaurantes, multiservicios, farmacias, peluquerías ubicados en pueblos pequeños con el fin de poder mantenerlos abiertos ante la crisis de ingresos por la COVID-19. “No se me ocurre una finalidad mejor que ayudar a pagar esas cuotas fijas de servicios que son vitales para los pueblos”, ha esgrimido Juste.
La iniciativa de los populares ha encontrado únicamente los apoyos de Ciudadanos y Vox en Aragón tras transaccionar Juste una enmienda de la formación naranja por la que la propuesta ha quedado en que el Ejecutivo “contemple” la subvención para aquellos empresarios o autónomos que presten servicios a la población y cuyas actividades se hayan visto afectadas por el estado de alarma y las medidas que haya que adoptar ante posibles rebrotes. Esos ocho respaldos han sido insuficientes frente a los nueve votos en contra de PSOE, Podemos EQUO Aragón, CHA y PAR.
Como enmendante, el diputado de Ciudadanos Carlos Ortas ha trasladado su preocupación porque el fondo aludido sólo pueda destinarse a los ayuntamientos y no a los emprendedores. Por su parte, el socialista Fernando Sabés ha defendido que no se puede “desvestir un santo para vestir otro” y la parlamentaria de Podemos EQUO Aragón ha asegurado que “la gente no abandona el medio rural porque se cierre el bar sino porque se cierre la escuela o el médico”.
Joaquín Palacín (CHA) ha defendido la labor de la dirección general para “adaptar” las ayudas a la nueva realidad de la COVID-19 y ha asegurado que el fondo no se puede destinar a lo planteado. Desde Vox en Aragón, Santiago Morón se ha sumado a la enmienda de Ciudadanos por entender el texto más conveniente y la diputada del PAR Esther Peirat ha compartido la importancia de los servicios en los pueblos, pero ha alegado el “replanteamiento” presupuestario a que obliga la COVID-19 y el pacto para la recuperación social y económica para votar en contra.