Durante la mañana ha sido rechazada, además, con el único apoyo de Ciudadanos y Vox, un texto de impulso del PP dirigido a adoptar medidas para apoyar el esfuerzo presupuestario que las Entidades Locales aragonesas están realizando para afrontar la COVID-19
La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario ha aprobado esta mañana parte de una moción presentada por el PP para reclamar al Gobierno de Aragón que adopte una serie de medidas para garantizar el suministro de material sanitario de protección contra el coronavirus para los próximos meses, así como la elaboración y publicación de un directorio de empresas fabricantes y proveedoras de EPIs, la convocatoria de ayudas para subvencionar los costes de elementos de protección y control de aforo y hacer depender el control sobre ese suministro en el plan especial de Protección Civil ante emergencias por enfermedades altamente contagiosas que prepara el Ejecutivo.
La iniciativa, presentada por el diputado del PP José Antonio Lagüens y dimanante de una reciente interpelación, ha salido adelante tras la aceptación de las dos enmiendas presentadas por el cuatripartito sobre las ayudas y el plan especial y la aceptación de la votación por separado, en la que ha decaído el punto primero que reclamaba garantizar el abastecimiento de la unidad central de almacenamiento por seis meses más e incluir test para poder realizar un estudio de seroprevalencia en la región. Esta solicitud ha recibido ocho votos a favor y ocho en contra en las tres votaciones realizadas de forma consecutiva ante la ausencia de los representantes de PAR e IU antes de darse por rechazada, tal y como marca el Reglamento de la Cámara.
El popular José Antonio Langüens ha recordado durante su intervención la reciente condena a la DGA del Juzgado de lo Social de Teruel por no suministrar a los profesionales sanitarios el material necesario y ha advertido que la Fiscalía de Huesca acusa al Gobierno de Aragón de tomar “decisiones tardías”. Por ello, y fruto de una crítica “firme” pero desde una postura “constructiva”, ha solicitado el “mayor consenso” para esta iniciativa.
Darío Villagrasa (PSOE) ha planteado su objeción a incluir los test y el estudio de seroprevalencia en el acuerdo y se ha mostrado favorable a orientar la compra de material a las convocatorias de la DGA según la estrategia para la recuperación aragonesa. Por ello ha solicitado la votación por separado, al igual que han hecho sus socios de Gobierno.
Itxaso Cabrera (Podemos EQUO Aragón) ha reclamado “poner el foco” en el desarrollo de una industria aragonesa de protección y ha hablado de un plan de acción “transversal” y “coordinado”. Por su parte, Carmen Martínez (CHA) ha señalado la logística como un asunto “clave” que ha supuesto “un problema” por la “rotura de estocaje a nivel internacional”. Además, ha estimado que el estudio seroprevalencia nacional “ya tiene datos desagregados por comunidades autónomas que son útiles para lo que se requería”.
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Beatriz García ha mostrado su “certeza” de tener que enfrentarse a nuevos episodios de ésta u otras pandemias y ha considerado demostrado que las instituciones se han quedado cortas “en coordinación y previsión”. Por último, David Arranz (Vox en Aragón) ha reclamado “aprender” de “la falta de previsión y de estrategia” y ha llamado a lograr el “ autoabastecimiento” de material en la región.
Entidades Locales
A lo largo de la mañana ha decaído también, con el único apoyo de Ciudadanos y Vox, una iniciativa del G. P. Popular dirigida a adoptar medidas para apoyar el esfuerzo presupuestario que las Entidades Locales aragonesas están realizando para afrontar la COVID-19. En su defensa, la diputada popular Mar Vaquero ha explicado que “esta es una propuesta consecuente con el municipalismo y en reconocimiento a esa ejemplaridad y responsabilidad que han mostrado las entidades locales en la gestión y el tratamiento de esta crisis sanitaria. “Esta iniciativa va encaminada a que aquellas cantidades que están comprometidas en los presupuestos sean abonadas a los ayuntamientos antes de finalizar este semestre, así como a reivindicar el papel de los concejos en la pandemia, en la fase de desescaladas y en esta etapa de crisis social y económica”, ha añadido.
El parlamentario socialista Darío Villagrasa ha manifestado que “volvemos a debatir sobre una serie de circunstancias en las que parece que el Gobierno no tenga en cuenta la administración ni los recursos económicos de los municipios dentro de su hoja de ruta, y eso no es cierto”. José Luis Saz, en representación de Ciudadanos ha insistido en que “hay que ser municipalista siempre” y ha expuesto que “la pandemia ha producido una serie de daños sanitarios, económicos, sociales y presupuestarios” y “tenemos que atender a las necesidades que se generan en los ayuntamientos porque se les ha hecho un traje muy poco flexible”. Por parte de Podemos, Itxaso Cabrera ha reconocido la “labor de las administraciones locales, las instituciones más cercanas a la ciudadanía, que han afrontado la crisis de una forma ejemplar y participada”, y ha recordado que “la transferencia del Fondo de Competencia Municipal se hace cada tres meses”.
Carmen Martínez (CHA) ha adelantado su voto negativo a la proposición no de ley del PP y, en relación con el primer punto, ha asegurado que “desde el Gobierno van a ajustarse al calendario de pagos, como se ha hecho en otros años, por lo tanto, los ayuntamientos ya conocen el momento en el que van a recibir esos importes”. Desde Vox, David Arranz ha declarado que “con esta iniciativa se vuelve a poner en valor el papel y el buen hacer de ayuntamientos, alcaldes y concejales como la Administración más cercana al ciudadano, cuyos recursos son escasos y limitados y, ni la Administración Central, ni la Autonómica, les han transferido fondos”.