El director del centro de documentación especializado en políticas sociales, Joseba Zalakain, ha apostado por introducir cambios en el modelo de centro, la financiación y la inspección pública, mientras que el lugarteniente de la institución propia de la Comunidad ha explicado el informe sobre la respuesta de los centros asistenciales durante el estado de alarma
La sexta sesión de trabajo de la Comisión especial de estudio sobre la Red de Centros Asistenciales de Mayores de Aragón ha recibido los puntos de vista del director del director del SIIS-Centro de Documentación de la Fundación Eguía Careaga, Joseba Zalakain, más genérico y enfocado a los males que aquejan al modelo residencial nacional, y de Javier Hernández, lugarteniente del Justicia de Aragón, que ha explicado el informe de la institución sobre los centros de mayores durante el estado de alarma presentado recientemente ante los medios de comunicación.
En primer lugar, Zalakain ha recomendado hacer cambios tanto en el modelo arquitectónico y ambiental de los centros, como en la forma de acceso, la dotación y las condiciones laborales de sus trabajadores, la prestación de la asistencia sanitaria y su pago, así como los sistemas de financiación e inspección y, por supuesto, el necesario aumento del gasto.
En cuanto a su diseño físico, ha apostado primero por incluir en la oferta “viviendas comunitarias” como punto intermedio entre el domicilio del residente y las residencias españolas actuales, más grandes que en el resto de Europa, y para las que ha pedido un “cambio radical” para hacer de ellos espacios más integrados en la comunidad y a los que se les pueda dar más usos. Para garantizar la libertad de acceso, el director del SIIS-Centro de Documentación de la Fundación Eguía Careaga ha solicitado reflexionar sobre el modelo impulsado por otros países por el que cada interesado recibe una prestación económica con la que puede decidir dónde ir.
Sobre la cuestión sanitaria, Zalakain ha reclamado “clarificar” el modelo actual de atención sanitaria para que sea sin duda Atención Primaria quien se encargue de ello. También ha llamado a resolver problemas como la escasez de personal, su baja remuneración y su formación, comunes a muchos países, pero notables en España, “donde se atiende a menos residentes, con menos personal y se paga menos por plaza”, ha resumido.
Esa necesidad de aumentar el gasto en materia asistencial, ha conducido a Zalakain a recomendar cambios en el modelo de financiación de las residencias, como no hacer depender el sistema totalmente de la cobertura la Seguridad Social, como hacen en otros países donde también intervienen los sistemas de salud, de vivienda y de garantía de los ingresos. Además, y como reflejo de otros países, no hacer pagar a los residentes los gastos sanitarios ni de la dependencia, que, como ha señalado, “tendrían gratis si siguieran viviendo en sus domicilios” e introducir unas cotizaciones a cada trabajador para financiar su propio gasto de envejecimiento.
Por último, ha defendido mejorar la labor de inspección. Frente a la regulación normativa de los países mediterráneos, Zalakain ha observado “la menor y más laxa” regulación de los países del norte y del centro de Europa, donde en cambio sí inspeccionan más a fondo y miden la calidad de vida de los residentes y del servicio de atención y luego publican los resultados que cada centro, ya sea público o privado, obtiene. Ese conocimiento público, ha defendido, es “la única forma de ejercer la verdadera libertad de elección”.
Por su parte, el lugarteniente del Justicia de Aragón ha repasado ante los diputados comisionados el informe elaborado por la institución sobre la situación vivida en las residencias durante el estado de alarma por la COVID-19, en el que se constata el alto número de fallecidos “sin correlación a los decesos ocurridos en los hogares”, que el concepto de hogar no se ha aplicado para la asistencia sanitaria, que las residencias en muchos casos “son lo que son” y en ellas no se pueden compartimentar los espacios para separar a los positivos y los negativos, así como el “mal endémico” de la escasez de personal y su cualificación, los problemas con los protocolos y la comunicación entre las distintas administraciones y los centros residenciales, y, seguramente uno de las cuestiones más polémicas, el hecho de que en muchas residencias se haya producido “no un confinamiento, sino un aislamiento de los residentes en habitaciones de ocho metros cuadrados”.
Hernández ha recordado que el informe fue ideado en un primer momento en el marco de la Mesa de la Soledad no elegida para obtener a lo largo del año una visión sobre el funcionamiento de las residencias de ancianos. Un propósito que la COVID-19 desbarató, lo que llevó al Justicia, receptor en junio y julio de más de medio centenar de quejas sobre estos centros, a “reciclar” el trabajo mediante el envío de un cuestionario que abarcó noventa y ocho centros de todo Aragón entre residencias y espacios COVID, tanto dependientes del IASS, como públicos de comarcas y municipios y centros privados, incluyendo los que cuentan con camas concertadas.
El cuestionario encontró respuesta en el ochenta por ciento de las residencias públicas y en el sesenta y siete por ciento de las privadas, con espectro de población residente de seis mil novecientas personas, de las que pocos meses después había fallecido un millar, según ha comentado el lugarteniente. De ese campo de trabajo se colige que se contagiaron el cincuenta y tres por ciento de los residentes, sólo falleció el 4,88 por ciento de personas alojadas y únicamente se marchó a sus domicilios el 1,35 por ciento.
Hernández ha confesado su sorpresa por haberse encontrado con “la gran descoordinación” que esperaba entre los actores implicados, algo que ha achacado a que al Justicia, habitualmente, “sólo nos llega lo malo”. Dentro de esos aspectos negativos, el lugarteniente ha destacado el problema con el suministro de epis, solventado en abril, el grave problema de muchos centros para encontrar personal por el absentismo debido en buena medida a los contagios y la competencia entre centros así como la dificultad de los centros privados para acceder a las bolsas de personal. Por último, ha considerado que el protocolo impulsado por las consejerías de Sanidad y Ciudadanía el pasado 29 de julio “es un gran marco si se logra poner en marcha”, pero ha significado la tardanza en su establecimiento.
Los diferentes grupos parlamentarios han fijado sus posiciones mediante las intervenciones de la solicialista Pilimar Zamora, la popular Marián Orós, la parlamentaria de Ciudadanos Elisa Sacacia, la diputada de Podemos EQUO Aragón, Erika Sanz, además de Isabel Lasobras, por CHA, David Arranz, desde Vox en Aragón, Jesús Guerrero (PAR) y Álvaro Sanz (IU).