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El Tercer Sector reclama un pacto que trascienda una legislatura para poner en marcha las reformas que requieren las residencias de mayores

El Tercer Sector reclama un pacto que trascienda una legislatura para poner en marcha las reformas que requieren las residencias de mayores
Representantes de las fundaciones Rey Ardid, Federico Ozanam y Cruz Blanca coinciden en la necesidad de elevar el precio de la plaza residencial para garantizar un servicio de calidad y de mejorar la cobertura del sistema público de sanidad durante una nueva reunión de la Comisión especial de estudio sobre la red de centros asistenciales de mayores de Aragón

Mejorar la estructura física de las residencias y ajustar el número de residentes para poder aislar a los positivos por Covid, lograr un “apoyo continuado” del sector sanitario público con el necesario refuerzo de personal de los centros de salud, maximizar la prevención y hacer más pruebas PCR a los trabajadores. Estas han sido algunas de las recomendaciones realizadas por el presidente de la Fundación Rey Ardid, Alfonso Vicente, durante su intervención en una nueva sesión de la Comisión especial de estudio sobre la red de centros asistenciales de mayores de Aragón, en la que también han participado representantes de las fundaciones Federico Ozanam y Cruz Blanca. 

Vicente, médico recién jubilado, ha transmitido a los diputados la experiencia vivida estos meses en las dieciséis residencias gestionadas por la fundación que preside, en las que la Covid-19 ha penetrado de manera desigual, sin que haya influido que contaran o no con personal médico propio. “No es un factor determinante como sí lo es que la residencia esté en una zona de salud donde se den muchos casos porque entonces el virus entra seguro, como en Delicias o Ejea”. A la tragedia humana que esto está suponiendo hay que añadir el agujero económico que la Fundación está asumiendo en concepto de equipos de protección y bajas. Vicente ha calculado que cada plaza conlleva un sobrecoste de entre cuarenta o cincuenta euros mensuales, que por sus mil plazas ahora ocupadas y por doce meses puede rondar los seiscientos mil euros.  

El presidente de Rey Ardid ha estimado fundamental integrar las residencias en los centros de salud y reforzar el personal de enfermería de estos, así como hacer PCRs a los trabajadores con más frecuencia. “Si no, es imposible controlar a los positivos asintomáticos”, ha considerado. Además, ha reclamado modificar los ratios de personal y subir los conciertos. “No puede ser que un ayuntamiento saque una residencia a concurso, que pretenda que el usuario pague poco (1.200 euros), además cobre un canon y encima quiera tener buenos servicios como fisio y logopeda… eso es imposible. Para hacerlo dignamente la plaza tiene que costar 1.400 ó 1.500 euros”, ha defendido. Mientras aguarda a que se dé algún paso en el sentido de las propuestas planteadas, el director de Rey Ardid ha comentado que la Fundación está trabajando con el ingeniero de Mecánica de Fuidos de la Escuela de Ingenieros de Zaragoza, Javier Ballester, para minimizar el riesgo de transmisión de la Covid-19 por aerosoles y por ello están analizando la calidad del aire de los espacios cerrados de las residencias mediante la medición del CO2. 

Por su parte, José María Lamana, subdirector de la Fundación Federico Ozanam, ha comenzado reclamando “ayuda inmediata” para aliviar la situación “insostenible” que vive un sector de las residencias, cuya imagen “se ha llevado al límite”, por la caída de ingresos y el aumento de costes debidos a las bajas y el material de protección, así como la dificultad para conseguir nuevos residentes. También ha propuesto un plan de inversión “de gran envergadura” que trascienda una legislatura para desarrollar una red adecuada de pisos tutelados y acometer mejoras en la accesibilidad y confortabilidad de las viviendas de las personas mayores, para que la asistencia a domicilio, la teleasistencia y los centros de día “contribuyan a retrasar su institucionalización tanto como sea posible”, ha señalado.   

Partidario de que el residente pueda sentirse miembro activo de la comunidad, Lamana ha estimado que hasta que no se recupere la normalidad no podrán resolverse cuestiones pendientes como la de las plazas sociosanitarias para dar salida a personas mayores hospitalizadas de muy larga duración, o la de los mayores no dependientes sin red familiar ni apenas recursos, que en algunos casos también sufren alguna patología psiquiátrica. A su entender, se trata de “los grandes olvidados” que acaban en sus centros a costa de que Ozanam asuma la diferencia entre el coste de la plaza y lo que pueden pagar, lo que este año calcula que asciende a seiscientos mil euros.   

Además, para acometer la necesaria mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, ha subrayado la necesidad de lograr más ingresos, algo que, entre otras cosas, pasa por actuar sobre el precio de la plaza. “Más del ochenta por ciento de nuestras plazas concertadas son de grandes dependientes, que tienen necesidades análogas a los que presentan discapacidad intelectual severa, aunque en realidad entre ambos tipos de residentes existe una diferencia de casi novecientos euros en el coste mensual”.

Por último, Juan Vela, delegado de la Fundación Cruz Blanca, dedicada, entre otros muchos menesteres, al cuidado de personas mayores y menores con discapacidad, ha afirmado que cualquier reforma del sector debe partir de la “responsabilidad pública”. “Sin inversión pública no puede haber protagonismo público”. Una reflexión que ha acompañado de la reclamación al Estado de “un apoyo claro” al tercer sector, con el que debe “entablar un diálogo” que ahora estima “sólo instrumental” y de una inversión anual hasta 2030 de mil millones para la ley de la Dependencia, ya que, a su entender, el plan de choque de los 603 millones de euros es únicamente un doce por ciento de lo que se necesitaría. “Ello requiere de un pacto de Estado o que se unan todos los grupos a nivel autonómico porque las medidas que se necesitan deben superar la legislatura”, ha considerado.

Ese impulso de la Administración para cambiar el modelo residencial requiere, a su juicio, de “un cambio de la mentalidad” de todos los implicados (sindicatos, inspección, proveedores de servicios, trabajadores, residentes, familiares y voluntarios) y debe centrarse en garantizar “la calidad de vida” de los residentes y no en la de los procesos, en alusión a la “privación de derechos fundamentales” que muchos han sufrido durante la pandemia. 

Vela ha abogado por “desinstitucionalizar” unas residencias convertidas en “hogares” en los que se ofrezcan diferentes niveles de prestaciones para que no atiendan únicamente como ahora la etapa final de las personas. Esto debe venir acompañado, según ha explicado, de una “reconversión” de su modelo arquitectónico y de un aumento del precio de la plaza y también de que la sociedad reconozca “el valor” de los cuidadores “para acabar con sueldos que no llegan a mil euros, lo que es un insulto para todos”, ha lamentado. Junto a ese aumento del salario, Vela ha hecho hincapié en la mejora de la formación de los profesionales, que ahora mismo sólo necesitan cuatrocientas horas para ser técnico sociosanitario.

Todas estas reflexiones han sido recibidas por los diputados comisionados participantes Pilimar Zamora (PSOE), Marián Orós (PP), Elisa Sacacia (Ciudadanos), Erika Sanz (Podemos EQUO Aragón), Isabel Lasobras (CHA), David Arranz (Vox en Aragón), Jesús Guerrero (PAR) y Álvaro Sanz (IU).

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