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La falta de coordinación entre los servicios sociales y el sistema sanitario explica la magnitud de la pandemia en las residencias según un informe elaborado por el CSIC

La falta de coordinación entre los servicios sociales y el sistema sanitario explica la magnitud de la pandemia en las residencias según un informe elaborado por el CSIC
La octava sesión de trabajo de la Comisión especial de estudio sobre la red de centros asistenciales de mayores de Aragón ha recibido las comparecencias de la científica del CSIC Eloísa del Pino y de tres representantes de CERMI Aragón

La “descoordinación intersectorial” entre los diferentes departamentos de Sanidad y Servicios Sociales de muchas partes del territorio nacional, así como la formación “muy mejorable” de las autoridades y el “serio déficit” detectado en planes de contingencia son algunas de las claves que explican la “magnitud” alcanzada por la pandemia, según ha puesto de manifiesto la científica titular de Organismos Públicos de Investigación del CSIC, Eloísa de Pino, durante su comparecencia en la octava reunión de la Comisión especial de estudio sobre la red de centros asistenciales de mayores de Aragón, en la que también ha participado tres representantes de CERMI Aragón. 

Del Pino ha basado su exposición en las conclusiones del informe “La Gestión Institucional y Organizativa de las Residencias de Personas Mayores y COVID19” elaborado por el Equipo de Políticas Sociales y Estado de Bienestar del CSIC y que evalúa la respuesta de los sistemas sanitarios y sociales de catorce países entre los que figura España, donde se estima que la mitad de los fallecimientos por Covid se dio en residencias de ancianos.

La científica del CSIC ha planteado valorar hasta qué punto las residencias son una infraestructura “esencial y crítica” y ha abogado por incluirlas en la estrategia nacional de seguridad. Además, ha llamado a realizar “evaluaciones sistemáticas” de las políticas durante la implementación de las respuestas “y no esperar a que todo acabe”, ha defendido que hay que “repensar” la composición de los comités de expertos para dar cabida a otros perfiles más allá del académico y ha constatado un “déficit” en la gestión gubernamental de los datos.

Por último, ha propuesto una actualización de la legislación de principios de los años ochenta, resolver el problema de la financiación de los centros “pero cuidando que la mejora redunde en beneficio de los trabajadores”, así como “repensar” el sistema de cuidados, maltrecho desde los recortes de 2012, mejorar la coordinación entre Sanidad y Servicios Sociales, “huir” de la medicalización de las residencias y mejorar la profesionalización del personal. 

Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha trasladado sus inquietudes a los grupos parlamentarios mediante las intervenciones, en primer lugar, de Marta Valencia, presidenta de CERMI Mujeres (FCM), quien ha reclamado que se promueva la asistencia personal para promocionar la autonomía personal de las personas con discapacidad.

Valencia ha pedido que los protocolos de entradas, salidas y visitas tengan en cuenta las diferencias que existen entre las personas mayores y las personas con discapacidad que viven en una residencia, y ha instado a los grupos a impulsar una subvención para equipos individuales de protección o que sea el Gobierno de Aragón el que se haga cargo de su suministro. Además, ha llamado a lograr una organización “más homogénea” ante la distinta incidencia que la pandemia ha tenido según el centro de salud al que cada residencia estuviera adscrito. Por último, ha trasladado las reivindicaciones de Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer (AFEDAZ), que pasan por la “sectorización” de las medidas, la “transparencia, el cuidado de los profesionales y que se tenga en cuenta a las familias. 

Desde la Federación de Salud Mental de Aragón, Concepción López ha alertado del “empeoramiento” de las patologías psiquiátricas que la pandemia está ocasionando en muchos pacientes de salud mental de manera directa o indirecta con motivo de medidas como el aislamiento obligatorio y la consiguiente ruptura de la rutina diaria, elementos desestabilizadores que para estos pacientes resultan “brutales”, o la existencia de la brecha digital. Además, ha llamado la atención por la situación de unos trabajadores “al borde del colapso”.

Como medida para mejorar la situación de las personas con patologías de salud mental, López ha reivindicado promocionar la figura del asistente personal y la atención domiciliaria para favorecer el “empoderamiento, la autonomía y la independencia de la persona”. 

Por último, Santiago Villanueva, presidente de Plena Inclusión Aragón, ha echado en falta la dotación de equipos de protección pertinentes para no poner en riesgo la vida de profesionales y personas con discapacidad, la “coordinación” entre los departamentos de Servicios Sociales y Sanidad Pública, a los que ha achacado “órdenes contradictorias” que han generado “incertidumbre” y normativas que no han distinguido entre los colectivos de personas mayores y de discapacidad intelectual ni han atendido a las diferentes necesidades de sus espacios residenciales, modelos económicos, de atención y sus  respectivos objetivos sociales y para ello ha puesto como ejemplo el tratamiento de los pisos tutelados como si fueran residencias.

Además, ha aludido al “gran impacto” que tuvieron medidas “tan restrictivas”, el “recorte de derechos” que se produjo, la situación “en precario” que todavía registran los servicios de los centros, el “impacto emocional” y la “desestabilización” que estas medidas han ocasionado en el comportamiento de los pacientes y cuyas consecuencias están pagando los profesionales de atención directa con una “sobrecarga muy fuerte y lesiones físicas”. Por último, ha advertido que la red asistencial ve “seriamente comprometida su supervivencia”  ante el “incremento de costes” que la covid ha ocasionado en estas entidades sin ánimo de lucro. 

En la reunión han participado Leticia Soria (PSOE), Marián Orós (PP), Susana Gaspar (Ciudadanos), Erika Sanz (Podemos EQUO Aragón), Carmen Martínez (CHA) y Álvaro Sanz (IU).

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