La Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha aprobado por unanimidad dos iniciativas presentadas por PP y Ciudadanos que van en la línea del decreto aprobado por el Gobierno de Aragón el pasado 19 de noviembre para favorecer el control cinegético de animales como el conejo, el jabalí, el corzo, el ciervo y la cabra montés
Todos los grupos presentes en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente han votado a favor de dos proposiciones no de ley de PP y Ciudadanos por las que las Cortes instan al Ejecutivo autonómico a autorizar la actividad cinegética en el territorio aragonés y autorizar, de esta forma, la movilidad de los cazadores al margen de las restricciones de movilidad en aras de favorecer el control de la población de determinadas especies que vienen causando daños en los campos agrícolas, suponen una amenaza sanitaria para la ganadería o pueden provocar accidentes en la carretera.
La iniciativa de los populares, expuesta por su diputado Ramón Celma, insta al Gobierno de Aragón a declarar la caza “actividad esencial” y a permitirla en toda la Comunidad de forma urgente, así como a “clarificar” que los desplazamientos puntuales de cazadores deben ser considerados como una de las excepciones a las posibles normativas de confinamiento. Una petición que Celma ha trasladado “con tristeza” por las trabas que se siguen encontrando los cazadores, que ha achacado “al desconocimiento de lo que implica su labor”.
Por su parte, Ramiro Domínguez (Ciudadanos) ha defendido considerar autorizadas las actividades cinegéticas cuya exclusiva finalidad sea el control poblacional conforme a las condiciones que ya estableció la orden del pasado mes de abril, así como los desplazamientos adecuadamente justificados para ello. Pese a haber sido instado a retirar su iniciativa por la nueva orden aprobada por el Gobierno de Aragón, Domínguez ha puntualizado su desacuerdo por el hecho de que tengan que ser los alcaldes los que firmen la autorización pertinente porque a su juicio esa responsabilidad debería recaer en los agentes de protección de la naturaleza.
Sergio Ortiz (PSOE) se ha remitido a la orden de la DGA y ha mostrado su satisfacción como alcalde de Cariñena por haber podido firmar la autorización para cazar en su territorio. Nacho Escartín (Podemos EQUO Aragón) ha reprochado a los proponentes la presentación de “iniciativas desactualizadas, con la que está cayendo en el sector primario”. Desde CHA, Joaquín Palacín se ha felicitado porque el Gobierno “ha escuchado al territorio sobre los daños que están ocasionando varias especies cinegéticas y ha cumplido con la orden”.
Santiago Morón (Vox en Aragón) ha puesto de manifiesto “la eficacia” de la caza y su “contribución” al medio rural y se ha mostrado de acuerdo en que la autorización “no puede quedar a la discrecionalidad de la alcaldía de turno”. Y, por último, Esther Peirat (PAR) ha mostrado su apoyo a la actividad cinegética porque su grupo “también quiere el bien para agricultores y ganaderos”.
PROPUESTA DE VOX SOBRE PURINES
El órgano sectorial también ha debatido al inicio de la sesión una moción presentada por Vox en Aragón para instar al Gobierno de Aragón a la revisión del decreto que regula la gestión de los estiércoles para permitir su uso como fertilizantes con el fin de considerar viables aquellas explotaciones que pretenden ampliar sus instalaciones. Concretamente, la iniciativa defendida por Santiago Morón reclamaba la modificación del anexo II del decreto 53/2019 del Gobierno de Aragón relativo a la evaluación de los efectos acumulativos de la aplicación de nitrógeno de origen ganadero como fertilizante, de tal forma que que se considerase viable la explotación “en casos de efectos acumulativos con impactos críticos, accediendo a su aplicación en otros recintos, tanto propios como de terceros y respetando los índices de saturación establecidos, ampliando en estos casos el ámbito de afección de cada explotación ganadera por encima de los 5 kilómetros establecidos”. El objeto de la propuesta respondía, según Morón, “a la demanda” de muchos ganaderos que aspiran a “garantizar la viabilidad económica” de sus explotaciones. Sus argumentos sólo han encontrado el apoyo en las filas de PP y Ciudadanos y por tanto la iniciativa finalmente ha decaído.
Silvia Gimeno (PSOE) ha aludido a la importancia de las exigencias medioambientales establecidas en el decreto para una gestión “sostenible”. Antonio Romero (PP) ha aclarado que “nadie pide barra libre, sino no entorpecer un sector pujante”. Ramiro Domínguez (Ciudadanos) ha apuntado a aquellas zonas cercanas a las saturadas donde sí se podría favorecer la medida de los cinco kilómetros de la normativa. Nacho Escartín (Podemos EQUO Aragón) ha rechazado la propuesta porque plantea “una excepcionalidad que va en contra del principio acordado con el sector para tender hacia la economía circular”. Joaquín Palacín (CHA) ha recordado que el propósito de las medidas de ordenación es lograr “la mayor eficacia” en el uso del abono para reducir el riesgo que entrañaría una mala gestión de los estiércoles. Y Esther Peirat (PAR) ha advertido que modificar el anexo alteraría varios artículos del decreto y con ello se podría beneficiar a una explotación pero perjudicar a otra.