La iniciativa presentada por IU impulsa al Gobierno de Aragón a que aclare el protocolo para que estos practicantes puedan acreditar su condición en los controles perimetrales y facilitar así su asistencia a los entrenamientos, con especial atención a los menores de edad que viven en el medio rural y deben desplazarse a las instalaciones deportivas ubicadas en Zaragoza
El órgano sectorial de Educación, Cultura y Deporte ha aprobado con el voto favorable de todos los grupos a excepción de Vox en Aragón, que se ha abstenido, una proposición no de ley por la que las Cortes instan al Gobierno de Aragón a que en el plazo de quince días establezca los protocolos oportunos para garantizar la libre movilidad de los deportistas aragoneses participantes en competiciones nacionales de carácter no profesional, con especial atención a los menores de edad del medio rural, que deben desplazarse a la capital para ejercitarse en las instalaciones deportivas allí ubicadas.
Álvaro Sanz ha pedido acabar con el “limbo” existente para estos menores del ámbito rural porque “dependen de la interpretación” de las autoridades en los controles perimetrales. “Si se han retomado las competiciones, y así ha sido, hay que garantizar que esos jóvenes, que sacrifican tanto por su práctica deportiva, tengan la tranquilidad de poder entrenarse”, ha explicado.
Álvaro Burrell (PSOE) ha defendido que la interpretación “está siendo muy laxa” y ha imputado a Sanz la presentación de la iniciativa “por un caso particular”. A juicio de Fernando Ledesma (PP), la iniciativa “rezuma sentido común” y la dirección general de Deportes “debería aclarar” la interpretación. Para Carlos Trullén (Ciudadanos) el deporte es “solución a la pandemia” y ha animado a resolver los errores que se plantean. Erika Sanz (Podemos EQUO Aragón) ha apuntado que si la normativa lo deja claro, “igual nos encontramos ante un problema de interpretación”, por lo que ha confiado en que el debate lo aclare. En el mismo sentido, Isabel Lasobras (CHA) ha considerado que puede tratarse de “un problema” con el certificado federativo “que no debería existir”.
David Arranz (Vox en Aragón), que se ha mostrado en contra de las restricciones perimetrales, ha considerado que la mayoría no encuentra ningún problema para moverse por la Comunidad y ha entendido que la propuesta “discrimina” a los deportistas de competiciones regionales. Y Esther Peirat (PAR) ha apoyado la medida pese a que ha considerado que los decretos de restricción en vigor contemplan como excepciones a los deportistas aludidos.
AYUDAS PARA LOS CENTROS DE 0-3 AÑOS Y MEDIDORES DE CO2
La Comisión también ha debatido una proposición no de ley del PP para que la DGA pusiera a disposición de los centros educativos públicos y concertados medidores de dióxido de carbono con la finalidad de conocer la calidad del aire, que ha decaído por la mayoría del voto ponderado de los nueve votos en contra de PSOE, Podemos EQUO Aragón, CHA y PAR frente a los otros nueve de PP, Ciudadanos, Vox en Aragón e IU.
La popular Pilar Cortés ha recordado la iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza y “el esfuerzo económico” de muchas AMPAs para disponer de esos aparatos. A esa iniciativa se había sumado como segundo punto una enmienda de IU para que también se estudiase la instalación de planchas de policarbonato en las ventanas de los centros docentes para posibilitar la ventilación y mejorar las condiciones térmicas de las aulas, medida avalada por el departamento de Ciencias Medioambientales de la Universidad de Cádiz, según ha asegurado el portavoz del grupo de izquierdas, Álvaro Sanz, quien ha considerado “un error desoír a la ciencia” y ha defendido la medida para que el nivel de frío en las aulas no esté fuera de los límites de la prevención de riesgos laborales.
Para Ignacio Urquizu, el debate es “resultado de la incertidumbre” y, por ello, lo mejor, a su juicio, es “seguir los protocolos diseñados por los expertos”. Carlos Trullén ha manifestado que los medidores facilitan la labor de los equipos docentes y ha puesto como ejemplo el convenio del Ayuntamiento de Zaragoza y Unizar. Erika Sanz ha defendido que la ventilación pautada es la medida “más eficaz” y que los medidores “no detectan el virus”.
Isabel Lasobras ha justificado su no por la inclusión de la concertada, el tener que cambiar el protocolo, que el presupuesto ya se ha aprobado y “la falsa sensación de seguridad” que generaría. David Arranz se ha sumado tanto a la iniciativa popular como a la enmienda de IU y ha considerado que “no es de recibo” la imagen de alumnos y profesores muy abrigados por la ventilación. Y Esther Peirat ha pedido ser conscientes de los protocolos sobre los tiempos pautados de ventilación y que los medidores podrían hacer caer en la relajación.
El órgano sectorial también ha debatido la posibilidad propuesta por Vox de poner en marcha medidas de apoyo a los centros homologados de educación Infantil de cero a tres años como bonificaciones en la cuota para las familias, el control de los requisitos por Inspección y el estudio de firmar convenios o conciertos con el Gobierno de Aragón. La iniciativa ha decaído con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox frente a los noes del resto de grupos.
David Arranz ha llamado a actuar contra “la competencia desleal” de “los centros alegales no homologados”. Ignacio Urquizu ha defendido los convenios existentes, la preocupación por los controles de inspección y la existencia de bonificaciones. Pilar Cortés ha sumado su voto favorable pese a que ha pedido “no generalizar” sobre los centros no homologados, Carlos Trullén ha abogado por la colaboración público-privada y se ha mostrado de acuerdo con los tres puntos de la propuesta.
Erika Sanz ha asegurado que trabajan para aumentar el número de plazas públicas y que se ha mejorado la labor de inspección. Isabel Lasobras ha recordado varias iniciativas ya aprobadas para la mejora de la oferta pública y la concesión de ayudas y ha considerado inviables los conciertos. Esther Peirat ha justificado su no en las ayudas ya aprobadas y en la imposibilidad de alterar la inspección existente y Álvaro Sanz ha apostado por una red pública fuerte por lo que también ha rechazado las ayudas directas.