La proposición no de ley del Partido Popular, que ha incluido una enmienda in voce de IU, busca evitar que las comunidades autónomas “no tengan que asumir en 2020 una liquidación negativa derivada de la actual reducción de la actividad y merma de ingresos vía impuestos”
La Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública ha aprobado instar a la DGA para que reclame al Gobierno de España “la suspensión o aplazamiento de la liquidación del año 2020 del sistema de financiación autonómica para que las comunidades autónomas no tengan que asumir en 2022 una liquidación negativa derivada de la actual reducción de la actividad y merma de ingresos vía impuestos”. La proposición no de ley del Partido Popular ha salido adelante con el voto a favor de Cs y la abstención del resto de grupos parlamentarios tras incorporar una enmienda in voce de Izquierda Unida.
La diputada del Partido Popular Carmen Susín ha explicado que la petición de su iniciativa viene motivada por “el lastre que supondrá sobre las cuentas de 2022 y la dificultad añadida para la recuperación de las consecuencias de la crisis de la COVID-19”. Según ha expuesto, la Airef estima “un mayor desajuste en la sostenibilidad de las cuentas públicas” y, en su opinión, suspender la liquidación “permitirá seguir afrontando la crisis económica cuando no haya financiación”. El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha defendido que este problema “hay que insertarlo en otro más profundo como es el impulso de un nuevo modelo de financiación para las comunidades y los municipios”. Además, ha presentado una enmienda in voce para incluir el aplazamiento de la liquidación y no solo la suspensión.
El diputado socialista Óscar Galeano ha explicado que “la exposición de motivos puede ser compartida”, pero ha insistido en que “el foro más apropiado sería el Consejo de Política Fiscal y Financiera ante la gravedad de los asuntos” que se propone tratar. Desde Cs, José Luis Saz ha calificado como “perverso” el sistema de financiación “que aprobó el PSOE hace diez años” porque “supuso la debilidad en los parámetros utilizados para la retribución de Aragón que nos perjudica”.
La diputada de Podemos Marta Prades ha defendido que “nadie puede negar que nos encontramos en un escenario económico incierto debido a la crisis”, pero ha incidido en que “el Gobierno de España está actuando de una manera muy diferente a la anterior crisis”. Carmen Martínez, diputada de CHA, ha asegurado que es “evidente que para 2023 podemos tener serios problemas” porque “las previsiones para la ejecución de 2021 están infladas porque si no se hubiera hecho esa ponderación al alza habría menos recursos”.
Por parte de Vox, Marta Fernández ha criticado que la “iniciativa que presenta y su solución suponen una huida hacia adelante y no aborda el fondo del asunto”. Además, ha denunciado “que se gasta más de lo que se tiene y la deuda no para de crecer”. Jesús Guerrero, diputado del PAR, ha defendido que la iniciativa “tiene que ir encarnada en la mejora del sistema de financiación”. “Ese es el problema de base que tenemos en Aragón, debe haber criterios que no nos excluyan por población”, ha concluido.