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SARGA amplió en 2020 su capacidad de endeudamiento hasta los 14,4 millones de euros y espera encargos de concentraciones parcelarias por un valor cercano a un millón de euros

SARGA amplió en 2020 su capacidad de endeudamiento hasta los 14,4 millones de euros y espera encargos de concentraciones parcelarias por un valor cercano a un millón de euros
El director gerente de la empresa pública del Gobierno de Aragón, Jorge Díez, ha calificado esta decisión como un “endeudamiento táctico” ante el incremento de eventuales “tensiones de liquidez” y ha lanzado un mensaje optimista anunciando una larga lista de trabajos proyectados

Los retrasos en las tramitaciones de las certificaciones derivados de la crisis generada por la Covid-19 e iniciada a partir de la declaración del estado de alarma obligaron al Consejo de Administración de SARGA a solicitar en abril de 2020 un aumento del endeudamiento bancario hasta un límite de 14,4 millones de euros mediante la firma de nuevas pólizas de crédito por valor de ocho millones de euros, según ha informado su director gerente, Jorge Díez, en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, donde ha acudido a solicitud tanto del consejero Joaquín Olona como de Ciudadanos. 

 

Díez ha explicado que los responsables de la empresa pública adoptaron esta decisión, que ha calificado de “endeudamiento táctico,” ante el surgimiento de “mayores tensiones de liquidez” y con el propósito de evitar “un eventual desequilibrio patrimonial” ante la obligación de atender los pagos a empleados, proveedores, Seguridad Social, Hacienda y otros, en un periodo en el que SARGA centrado sus esfuerzos “en proteger la seguridad de sus trabajadores, cubrir con eficacia los servicios esenciales (apartado en el que ha destacado el aumento del 7,25 por ciento en el número de kilos de cadáveres de animales recogidos en 2020 hasta los 71,6 millones de kilos recogidos), respetar los encargos y los contratos y garantizar en todo momento la mejor respuesta posible en relación con la alerta sanitaria y siempre contando con la colaboración de la plantilla”. 

 

Con esta ampliación de las líneas bancarias de crédito que SARGA tiene abiertas desde 2016 y que hasta este pasado año ascendían a 6,4 millones de euros, el director gerente ha asegurado que la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental cuenta con un margen de maniobra “sobradamente suficiente”. 

 

Con ese frente controlado, el director gerente ha querido lanzar un “mensaje tranquilizador” ante la paralización a final del año pasado de la labor de concentración parcelaria, que ha atribuido a una “estrategia de presión” porque, según ha recalcado, esos trabajos “deben estar supeditados siempre a la tramitación y fiscalización de los correspondientes papeles de los encargos”.

 

Así, Díez ha avanzado que SARGA podría llegar este año al millón de euros en encargos puesto que ya cuenta con dos nuevos encargos en Alfambra y Fuentes de Ebro por valor de 245 mil euros. Además, la empresa tiene información sobre otros encargos en Cucalón y la zona de regadío de Cella (ésta por valor de 254 mil euros) y mantiene una expectativa “muy razonable” de la tramitación de otras seis concentraciones parcelarias nuevas por valor de 300 mil euros, junto a otra expectativa de que a final de este año se puedan poner en marcha otros siete proyectos de concentración parcelaria por 200 mil euros en zonas de Grañén, Arcusa, Mediano, Monreal de Ariza, Gurrea de Gállego, Gelsa), así como otros en Bronchales y Pueyo del Cid y el encargo por 100 mil euros para la redacción de proyectos de caminos cuya ejecución desbloquearía algunos proyectos pendientes.

 

 

Ramiro Domínguez (Ciudadanos) ha aludido a los problemas que pueden estar produciéndose en materia de certificación con el descenso de los encargos en las labores de concentración parcelaria, y la posible “paralización” por “la falta de presupuesto” asunto por el que ya interpeló al consejero Joaquín Olona en la sesión de control el pasado viernes y en el que hoy ha abundado con una batería de preguntas sobre datos concretos.  

 

La diputada socialista Silvia Gimeno ha recalcado que el Consejo de Administración de SARGA ha ido adaptando medidas para evitar un desequilibrio patrimonial por la crisis sanitaria. Además, ha señalado que "el objetivo a perseguir era garantizar los puestos de trabajo y proteger y garantizar la viabilidad de la empresa". Ramón Celma, diputado del Partido Popular, ha preguntado "por qué una empresa con trabajadores cualificados para situaciones de emergencia no los utiliza en situaciones de emergencia". "¿Por qué no lo ponemos en práctica? Lo están reclamando a voces muchos trabajadores", ha concluido.

 

Por parte de Podemos, el diputado Nacho Escartín ha defendido que "se ha trabajado bien en SARGA en 2020" porque "no se ha descuidado ninguna de las tareas que tiene que hacer". Además, ha destacado que "lo más relevante ha sido que se ha mantenido el empleo, no ha habido ertes y se ha realizado una adaptación del trabajo". Joaquín Palacín, diputado de CHA, ha agradecido la disposición de los trabajadores de SARGA "para ejercer otras actividades" durante la pandemia. Además, ha preguntado por "las previsiones para 2021 de los encargos" de la empresa y sobre las previsiones del operativo de incendios.

 

Desde Vox, el diputado Santiago Morón ha subrayado que "por un lado, se ha mantenido la actividad y se han incrementado las cifras de negocio pero, por otro, ha habido endeudamiento". En este sentido, ha preguntado al gerente "cuál va a ser la actividad económica de la empresa al finalizar el año". La diputada Esther Peirat del PAR ha celebrado que SARGA haya gestionado "correctamente la excepcionalidad" de la situación "para proteger a sus trabajadores" y haya "mantenido activos no solo los servicios esenciales".

 

El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha agradecido a los trabajadores de SARGA su “capacidad de adaptación” durante estos meses de pandemia. Además, ha puesto sobre la mesa que una de las cuestiones que le preocupan son "las tensiones de liquidez que se anunciaron y su posible repercusión en el ámbito de las condiciones laborales".

 

SIN ACUERDO SOBRE EL AGUA DE BOCA PARA MORÉS

 

Los grupos también han debatido una propuesta del PP para instar al Gobierno de Aragón a ejecutar “de manera inmediata” el proyecto para la mejora del abastecimiento de agua potable de la localidad zaragozana de Morés. El parlamentario Ramón Celma ha asegurado que sus cuatrocientos vecinos no disponen de agua para beber ni cocinar “porque es tóxica”. “No pueden seguir sin respuestas y me asombra que puedan poner paños calientes”, ha declarado ante la ausencia de apoyos suficientes para que su iniciativa saliera adelante, ya que sólo ha contado con el voto favorable de Ciudadanos y Vox y la abstención de IU.

 

El cuatripartito, por su parte, le ha propuesto por boca de la socialista Silvia Gimeno dirigir la reclamación al Gobierno de España y la CHE para incluir la obra en el marco de la restitución prevista con el proyecto del embalse de Mularroya, una propuesta que Celma ha rechazado por entender que la iniciativa “mandata” a la directora del Instituto Aragonés del Agua y que la CHE no es competente. 

 

Silvia Gimeno ha recordado que desde 2002 el IAA ha concedido al Ayuntamiento de Morés nueve ayudas por valor de 315.201 euros y que éste no se presentó a la convocatoria de 2018 para la mejora del abastecimiento. En opinión de Ramiro Domínguez (Ciudadanos), “que el abastecimiento no sea bien de interés general es para hacérnoslo mirar” y ha criticado que el obstáculo sea el problema recurrente de las competencias.

 

Nacho Escartín (Podemos EQUO Aragón) ha pedido “más compromiso y coherencia” frente a la contaminación de las aguas y ha apostado por la implicación de la CHE y la DPZ. Para Santiago Morón (Vox en Aragón), suministrar agua de boca a una población “debería ser una prioridad” y, “existiendo ya un proyecto, se debería intentar ejecutar”. Y Álvaro Sanz (IU) ha considerado que el PP “yerra el tiro” porque, además, de la DGA, deben implicarse el ayuntamiento, la DPZ, los promotores del proyecto de Mularroya.

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