La proposición no de ley presentada por el PP ha salido adelante tras transaccionar un texto de acuerdo que ha incorporado parte de las enmiendas presentadas por los grupos que forman parte del acuerdo de gobierno
El Pleno de las Cortes de Aragón han aprobado una proposición no de ley por la que insta al Gobierno de Aragón a dirigirse al Ejecutivo central para que se establezca un sistema justo y equitativo de distribución y reparto de los fondos europeos basados en la transparencia y la objetividad, atendiendo a factores como el equilibrio territorial y la cohesión social, la cogobernanza con las regiones y las entidades locales beneficiarias y la garantía de que los planes se rigen por criterios técnicos y evitan la discrecionalidad.
La diputada popular Mar Vaquero ha defendido la conveniencia de aprobar esta propuesta y, tras analizar las enmiendas de PSOE, Podemos EQUO Aragón, CHA y PAR, ha transaccionado con ellos un texto de consenso que ha acogido propuestas como la inclusión de la referencia al Plan España Puede y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otras cuestiones. Todos los grupos han votado a favor de los tres puntos de la iniciativa a excepción de Vox, que se ha abstenido en el punto de la cogobernanza. En el debate han intervenido Óscar Galeano (PSOE), José Luis Saz (Ciudadanos), Marta Prades (Podemos EQUO Aragón), Carmen Martínez, Marta Fernández (pide voto por separado y que el dos no), Jesús Guerrero (PAR) y Álvaro Sanz (IU).
El texto aprobado es el siguiente:
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno de la Nación para que establezca un sistema justo y equitativo de distribución y reparto de los fondos europeos, basados en la transparencia y la objetividad, teniendo en cuenta los siguientes factores, tal y como refleja en su Plan “España Puede”:
un sistema justo y equitativo de distribución y reparto de los fondos europeos, basados en la transparencia y la objetividad teniendo en cuenta factores como el equilibrio territorial y el principio de cohesión social para que en el reparto se tengan en cuenta el coste real y efectivo de los servicios públicos, el desafío demográfico, el envejecimiento, la dispersión y la densidad de las zonas rurales y los procesos de transición industrial, así como todas aquellas cuestiones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y relacionadas con la rehabilitación de vivienda, la educación, las políticas sociales y el empleo.
asegurar la aplicación del modelo de cogobernanza de los fondos de recuperación, atendiendo al principio de subsidiariedad y gobierno multinivel, para que las Comunidades Autónomas y administraciones locales beneficiarias, participen en el proceso de definición de estos criterios de reparto del Plan de Recuperación y Resiliencia y cuantos programas de actuación resulten necesarios, convenientes o adecuados.
Garantizar los planes de recuperación nacional de forma integradora y objetiva con criterios técnicos y efectivos evitando cualquier riesgo de discrecionalidad en el reparto de los fondos y asegurando el reparto de oportunidades entre todos los territorios.