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El Parlamento aragonés reclama asesoramiento para los propietarios de viviendas ocupadas ilegalmente

El Parlamento aragonés reclama asesoramiento para los propietarios de viviendas ocupadas ilegalmente
La proposición no de ley, presentada por el parlamentario del PP Joaquín Juste, ha contado con una enmienda in voce de CHA, y ha recabado el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, excepto Podemos e IU, que se han posicionado en contra, y Vox, que se ha abstenido

La Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda ha aprobado, con los votos a favor de todos los grupos de la Cámara autonómica, a excepción de Podemos e IU, que han votado en contra, y Vox, que se ha abstenido, una iniciativa presentada por el G. P. Popular para impulsar un servicio de asesoramiento para que personas físicas propietarias o usufructuarias de viviendas que sean ocupadas ilegalmente puedan recibir información y asesoramiento en colaboración con los ayuntamientos, el personal propio de las entidades públicas o bien mediante convenios con los colegios de abogados.

 

Joaquín Juste, desde el PP, ha defendido la proposición no de ley firmada por su grupo parlamentario y ha manifestado que defiende, “con convicción, la libertad, la propiedad privada y el cumplimiento de las leyes, frente a los que con su forma de hablar ambigua alientan a la ocupación”. En este sentido, el portavoz sectorial del PP ha solicitado que se apruebe la firma de un convenio entre los colegios de abogados de Aragón y el Gobierno para que los afectados por la ocupación puedan ser asesorados y tengamos un procedimiento para ayudarlos”.

 

El parlamentario de CHA, Joaquín Palacín, ha presentado una enmienda in voce al texto y ha afirmado que “tenemos que trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía”. “El Gobierno de Aragón tiene que asesorar a los ciudadanos y no fomentar el alarmismo, sino acudir a los datos oficiales”, ha añadido.

 

El diputado socialista Fernando Sabés ha manifestado que “la situación de la vivienda en nuestro país y en nuestra Comunidad es preocupante”, pero ha destacado que “este Gobierno y el central están trabajando para intentar mitigar estos problemas de vivienda sabiendo que son profundos y que es imposible encontrar soluciones mágicas para todos”. Carlos Ortas (Ciudadanos) ha defendido que, “con que haya un delito grave, hay que poner las soluciones necesarias” y ha puesto como ejemplo el convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza que “el primer mes ya recibió diecinueve consultas en torno a la ocupación, de las cuales once eran de propietarios particulares”. La diputada Marta Prades (Podemos) ha explicado que el grupo proponente “tiene una visión sesgada que nada tiene que ver con la realidad que se está viviendo en las calles” y, refiriéndose a datos transmitidos desde el Congreso, ha asegurado que “en 2020, de todas las viviendas habituales, solo el 0,03% han sido ocupadas”.

 

Por parte de Vox, Santiago Morón ha sentenciado que “se deben abordar reformas legislativas para proteger a los propietarios de la ocupación” porque “existe desconfianza, miedo e incertidumbre porque la ocupación se ha permitido por los gobiernos de la izquierda” y, en este sentido, “somos el hazmerreír de Europa”. Esther Peirat (PAR) ha adelantado su voto favorable a la iniciativa y ha defendido que “el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas ha dado lugar a situaciones injustas para los legítimos titulares de la vivienda” y ha añadido que “esta ocupación afecta a los grandes fondos de vivienda privada, pero también al aragonés de a pie”. En representación de IU, Álvaro Sanz ha explicado que “cada uno puede debatir de lo que considere que es prioritario para la sociedad aragonesa” y ha recordado que “hace unos meses una serie de entidades y colegios profesionales firmaron un manifiesto en el que declaraban que el problema fundamental de Aragón es la falta de alternativa ocupacional”.

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