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La Mesa de las Cortes califica la proposición de Ley para modificar la normativa relativa a la gestión de la alerta sanitaria en la pandemia de la COVID-19

La Mesa de las Cortes califica la proposición de Ley para modificar la normativa relativa a la gestión de la alerta sanitaria en la pandemia de la COVID-19
El órgano rector de las Cortes ha calificado esta mañana más de noventa documentos, entre los que destacan, además, la solicitud de comparecencia del presidente del Ejecutivo ante el pleno para informar sobre la evolución de las “medidas sociosanitarias y económicas” adoptadas para combatir las consecuencias de la crisis sanitaria

El órgano rector de las Cortes de Aragón ha calificado, en su reunión de esta mañana, un total de noventa y cuatro documentos, de entre los que destaca la proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón, presentada por el G. P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

 

Igualmente, la Mesa ha tramitado dos mociones de PP y Ciudadanos y trece proposiciones no de ley procedentes de todos los grupos que integran la oposición. De esta manera, desde el PP han visto tramitada una moción y cinco textos de impulso sobre cuestiones como “la implantación de servicios de internet de banda ancha en Aragón”, la “vacunación de los enfermos oncológicos” o la creación de “una comisión para incentivar la contratación de seguros agrarios en Aragón”.

 

Desde Ciudadanos, se ha calificado otra moción y cinco iniciativas referentes a las políticas destinadas a “garantizar el desarrollo y cumplimiento de las competencias que el Gobierno ostenta en materia de mediación”, el “reconocimiento y dignidad de las víctimas del terrorismo de ETA”, el “bono turístico” o “el sector de la nieve”, entre otros asuntos. Asimismo, se han tramitado dos textos de impulso por parte de Vox sobre la “inclusión del sector de las peluquerías y centros de estética, centros de enseñanza reglada, autoescuelas y tiendas de souvenirs dentro de las actividades incluidas en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo” y las “actuaciones realizadas con el pantano de Lechago (Teruel)”. Y, desde IU, se ha calificado una acerca de “la eliminación del amianto en Aragón”.

 

Asimismo, la alta instancia parlamentaria ha dado salida a veintiuna solicitudes de comparecencia del presidente del Ejecutivo y de todos los miembros del Gobierno de Aragón ante pleno y comisión. Se han diligenciado las solicitudes de comparecencia de Javier Lambán, al objeto de abordar “el resultado de las medidas sociosanitarias y económicas adoptadas para combatir las consecuencias de la COVID-19 en Aragón”, a instancia de PP y Ciudadanos, así como las de todos los miembros de su equipo en aras de informar sobre “la situación de la bolsa de viviendas destinadas para el alquiler social”, “la campaña de vacunación de la COVID-19”, “el plan del Gobierno de Aragón y las medidas que piensa adoptar para actuar con garantías legales y constitucionales a partir del 9 de mayo” o “las acciones previstas para culminar las obras del embalse de Mularroya (Zaragoza)”.

 

A su vez, se ha dado luz verde a las solicitudes de comparecencia de los directores generales de Medio Natural y Gestión Forestal, Carreteras y Transportes, a solicitud del PP, para informar sobre “la aprobación de los planes de gestión de la Red Natura 2000”, la “propuesta de un nuevo modelo operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales y otras emergencias ambientales en el medio rural”, “el plan de inversiones extraordinario en carreteras de la red autonómica de Aragón” y “el mapa concesional del transporte regular de viajeros por carretera en Aragón”.  

 

En última instancia, la Mesa ha tramitado cinco interpelaciones de PP, Ciudadanos y Vox, formuladas a los responsables de Presidencia, Agricultura y Vertebración del Territorio, así como dieciocho preguntas para respuesta oral de todos los grupos de la oposición, dirigidas a la totalidad de los consejeros del Gobierno, y veintidós solicitudes de información y documentación firmadas por los diputados populares Pilar Gayán, Fernando Ledesma, Ana Marín, Carmen Susín y Mar Vaquero, y por el parlamentario de IU, Álvaro Sanz.

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