El presidente de la Cámara de Cuentas, en su comparecencia esta mañana ante la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas, ha denunciado, además, que “hay un gran número de universidades en España que no han determinado el sistema de costes”, algo que “nos limita a la hora de hacer trabajos comparativos”
El presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, en su comparecencia esta mañana ante la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas para presentar el informe de fiscalización del nivel de implantación de la contabilidad analítica en la Universidad de Zaragoza, ha defendido que la Universidad de Zaragoza, en materia de contabilidad analítica, “tiene una posición pionera” porque “en este momento es la única universidad que ha desarrollado la herramienta de manera completa, junto con la Universidad de Santiago de Compostela”.
En este sentido, Peña ha recordado que esta herramienta, que es “fantástica para la gestión”, “arrancó en el año 2002 y dio sus primeros frutos en 2012 con la publicación de los primeros informes de contabilidad de costes”. De hecho, tal y como ha asegurado, “una de nuestras conclusiones es resaltar el carácter pionero que ha tenido la Universidad en esta materia”, ya que “lo han hecho de una manera razonable y con sus propios medios, contando con personas muy capacitadas en este campo”.
En relación con los objetivos fijados en el informe, el responsable de la Cámara de Cuentas ha recalcado que también “hemos revisado el modelo de financiación para comprobar cuál es el nivel de cobertura de los estudios que imparte nuestra Universidad” y “teníamos curiosidad en estudiar cómo han repercutido los nuevos criterios de fijación de los precios públicos en el sistema de becas” que, por lo general, “ha perjudicados a todas las universidades”.
De igual forma, ha argumentado que “el potencial que tiene la contabilidad de costes es muchísimo más amplio que servir solo para determinar el porcentaje de cobertura que los precios públicos deben representar” y “para lo que de verdad tiene que servir es para saber si esos costes, en comparativa con los que soportan otras universidades, son razonables o no”, aunque, en palabras de Peña, “el problema es que hay un gran número de universidades en España que no han determinado el sistema de costes”, algo que “nos limita a la hora de hacer trabajos comparativos”.
A lo largo de su intervención, el responsable de la Cámara de Cuentas ha recordado que “la investigación financiada con recursos ajenos no se tiene en cuenta en el cálculo de los costes de los estudios de las titulaciones de grado y de másteres” porque “se recibe solo para destinarla a los gastos de los proyectos de investigación que encargan empresas u organismos públicos”. Y, en última instancia, ha puntualizado que “se debería avanzar más en el ámbito informático” para que “se eviten errores e inconsistencias cuando se vuelcan datos de un sistema informático a otro de manera manual” en cuanto a “los sistemas de contabilidad patrimonial y de datos”.
En representación del PSOE, Óscar Galeano ha argumentado que el informe apunta que la Universidad de Zaragoza “ha cumplido con el requerimiento que se hizo desde la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas” y que “la contabilidad analítica aplicada ha demostrado su utilidad y ha servido para aumentar el programa de becas y ayudas”. La parlamentaria popular Cristina Sainz ha incidido en “la discrepancia que existe entre la Cámara de Cuentas y la Universidad de Zaragoza a la hora de establecer el criterio para calcular el coste por matrícula”, al tiempo que ha sentenciado que “es fundamental buscar siempre la rentabilidad social de cualquier decisión que tomen los gestores”.
José Luis Saz, desde Ciudadanos, ha mostrado una visión “crítica de la orientación que le da a la contabilidad analítica el Ministerio de Universidades”, ya que “el enfoque no debería quedarse solo en el establecimiento de las tasas y en la política de precios”, sino también en cuestiones como “las ratios o las tablas de imputaciones”. Por último, por parte de Vox, Marta Fernández ha señalado que “no siempre se han cumplido los porcentajes mínimos que deberían pagar los estudiantes en la matrícula” y ha resaltado la importancia de “establecer un sistema que premie la excelencia académica y potencie el esfuerzo”.