La iniciativa, presentada por el G.P. de Ciudadanos, ha sido aprobada por unanimidad y pretende facilitar, mediante una regulación autonómica, que los municipios dispongan de este servicio en circunstancias concretas
Las Cortes de Aragón han aprobado, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, una proposición no de ley impulsada por Ciudadanos para que las unidades caninas de apoyo a las policías locales puedan ser requeridas por cualquier ayuntamiento. La medida deberá ser regulada por el Gobierno de Aragón a través del Decreto de Dotación de Medios que, en estos momentos, se está elaborando.
La diputada del G.P. de Ciudadanos Beatriz García -que ha sido la encargada de presentar la iniciativa a la Cámara- ha señalado que la medida “respeta en todo momento la autonomía municipal” y que, en Aragón, “existe la posibilidad de suscribir convenios de colaboración” para garantizar la seguridad ciudadana, a través de la Ley de Coordinación de la Policía Local. García ha destacado que en el ámbito local solo los ayuntamientos de Zuera y Alcañiz disponen de estas unidades caninas, a las que hay que añadir las ya creadas en las Fuerzas y Cuerpos d Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional) y otras de Bomberos, destinadas al salvamento y localización de personas.
García ha indicado que la proposición “no quiere que cada ayuntamiento tenga una unidad canina” por el gasto que ello supone, sino que “las unidades ya existentes puedan prestar sus servicios cuando se les requieran a través de un convenio de colaboración”, y ha añadido que “se trata de dar un plus de seguridad y aprovechar las unidades que ya están creadas”.
Los grupos que sustentan al Gobierno han presentado una enmienda, que ha sido aceptada. Darío Villagrasa, del G.P. Socialista, ha indicado que la ley ya contempla esta posibilidad de colaboración y tampoco impide que se puedan crear unidades caninas en los ayuntamientos que así lo consideren necesario. El portavoz socialista ha explicado que el texto de la enmienda se ha redactado para preservar el marco de la autonomía local.
José Antonio Lagüéns, del G.P. Popular, ha destacado que cualquier iniciativa que vaya encaminada a potenciar la seguridad ciudadana es bienvenida, porque el debate es positivo, y ha recordado que otras comunidades autónomas han implementado medidas como las que pide la iniciativa. Lagüéns ha afimrado que su puesta en marcha “requiere eficiencia en la colaboración con los recursos que disponemos”.
Desde el G.P. de Podemos, su portavoz Nacho Escartín ha incidido en que la enmienda presentada “trata de reflejar la autonomía local de los ayuntamientos” y ha recordado que “estas unidades caninas no son gratis, porque necesitan bastantes recursos” y que existe la posibilidad de “mancomunar estos servicios entre distintos ayuntamientos.
La diputada de Chunta Aragonesista Carmen Martínez ha afirmado que los ayuntamientos que no dispongan de este servicio “pueden requerirlo a la Guardia Civil o a la Policía Nacional” y que “merece la pena” llegar a un acuerdo para garantizar la seguridad ciudadana con medidas como la que se ha propuesto.
El G.P. Vox en Aragón, de la mano de su portavoz David Arranz, ha destacado que “la seguridad es la garantía de nuestra libertad y del estado de derecho”, pero ha remarcado la “falta de competencias y de recursos” por parte de las policías locales, por lo que “el criterio para la creación de estas unidades caninas ha de ser restrictivo” además de que “existen otras necesidades más urgentes”.
Esther Peirat, diputada del G.P. Aragonés, ha recordado la dificultad de los ayuntamientos para gestionar sus recursos y ha considerado “imprescindible” la colaboración entra las distintas administraciones para la mejora de la seguridad ciudadana y de la calidad del servicio de las policías municipales.
Por último, el representante de Izquierda Unida Álvaro Sanz ha asegurado que “ningún ayuntamiento ha trasladado la necesidad de crear unidades caninas” y ha destacado la “gran complejidad para aplicar esta medida” por la variedad de cuerpos de policía municipal en Aragón, cuya existencia de algunos, ha dicho “ni siquiera está exigida por ley”.