La Mesa de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y los representantes de los grupos parlamentarios han escuchado este jueves, durante el trámite de audiencias legislativas, las peticiones de diversos colectivos relacionados con el IMAR, el nuevo impuesto del agua en Aragón
La tramitación del Proyecto de Ley de regulación del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales avanza en el Parlamento aragonés, que este jueves ha acogido las audiencias legislativas ante la Mesa de la comisión sectorial y representantes de todos los grupos parlamentarios. Las propuestas se han centrado en los diversos tramos de tarifas, la descentralización del sistema de gestión del agua o la exención del impuesto a las explotaciones agrícolas y ganaderas.
La Asociación de familias numerosas de Aragón “3ymás”, a través de su presidente Alejandro López-Blanco, ha planteado que en la tarificación del consumo de agua se tenga en cuenta el número de personas que habitan en el hogar porque, ha asegurado, el Proyecto de Ley “discrimina a las familias numerosas, cuyo consumo de agua en el hogar es mucho más eficiente”.
Yuna Carvajal, presidenta de la Comunidad de propietarios de la urbanización Virgen de la Columna de la localidad de El Burgo del Ebro (Zaragoza), que mantiene quince procedimientos judiciales abiertos contra la administración, ha pedido que la nueva ley defina el riego particular y que no se aplique el impuesto “a todos los que usan el agua sin finalidad económica”.
Desde la Red de Apoyo al Agua Pública de Aragón (RAPA), su representante Enrique Gracia ha afirmado que el modelo de depuración de agua aragonés es “insostenible” y supone un “duro e injustificado castigo fiscal”. Gracia ha pedido la “descentralización de la gestión del agua” favoreciendo que los ayuntamientos puedan asumir sus competencias en la construcción y gestión de sistemas de depuración “más eficientes y sostenibles”.
José Ángel Oliván, representante de la Unión de Consumidores de Aragón, ha manifestado su oposición al modelo fiscal que plantea el Proyecto de Ley. Oliván ha defendido el uso de una tasa en vez de un impuesto porque, ha dicho, ésta “obliga a recaudar sólo lo que se necesita” mientras que el impuesto “exime a la Administración de justificar a dónde va el dinero”.
También ha intervenido la Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (CAVA). Su portavoz Juan Carlos Crespo ha destacado que la reforma del ICA “ha empezado tarde y mal” y que su sustituto, el IMAR, “sigue siendo el impuesto sobre el agua más caro de España”. Crespo ha pedido mantener el compromiso por la gestión pública y participativa del agua.
El representante en Aragón de Ecologistas en Acción, Fernando Rived, ha criticado que el Proyecto de Ley “no pone un tope al impuesto y quiere penalizar dos veces a la población por los servicios que recibe”. Ha añadido que el uso industrial del agua en explotaciones agroganaderas “no debe quedar exento de pagar el impuesto” mientras se grave a los ciudadanos por utilizar el agua “simplemente para vivir”.
Por último, el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, ha considerado “deseable” que se apueste por un sistema tributario mixto, con tasas e impuestos, pero ha dicho que el sistema elegido “facilita la gestión”. Peña también ha señalado que el coste del servicio en Zaragoza “es un 8,2% menor que en el resto de los municipios aragoneses de más de diez mil habitantes” y que el plan de saneamiento y depuración de Aragón “no será viable” si no se incorporan las contribuciones de los usuarios de la capital aragonesa.
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