Actualidad

Nota de prensa

La Comisión de Ciudadanía debate sobre la adopción de medidas adicionales y la gestión de las residencias de mayores

La Comisión de Ciudadanía debate sobre la adopción de medidas adicionales y la gestión de las residencias de mayores
La iniciativa de PP para concretar medidas adicionales debido al aumento de contagios en estos centros y la propuesta de IU, que incluía "asumir la gestión pública directa de las residencias externalizadas conforme se acaben los contratos contraídos", han sido rechazadas

La Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales ha debatido en su reunión de este miércoles sobre la adopción de medidas adicionales y la gestión de las residencias de mayores. Las dos proposiciones no de ley, de PP e IU, han sido rechazadas por la Comisión del ramo. En cuanto al texto del grupo parlamentario popular, la Comisión ha votado en contra de “realizar test serológicos en todas las residencias”, “exigir el certificado de vacunación” a los nuevos trabajadores y visitantes de estos centros o “reforzar las plantillas en los centros de salud con mayor presión asistencial”, entre otras.

 

El texto, cuya votación de sus puntos ha sido realizada por separado, ha sido rechazado con los votos en contra de PSOE, Podemos, CHA y PAR, mientras que Ciudadanos ha apoyado los cinco primeros puntos y se ha posicionado en contra del sexto. La diputada popular Marián Orós, en defensa de la iniciativa, ha pedido “no bajar la guardia” porque las medidas tomadas por el Gobierno de Aragón han demostrado ser “insuficientes”. Para ello, Orós ha presentado varias medidas de impulso para reforzar la sanidad, como solicitar “al Gobierno de España que modifique la normativa para poder exigir la vacunación a los trabajadores de residencias”, así como “sacar la convocatoria de ayudas directas a las residencias”.

 

Los grupos que sustentan al Gobierno han presentado una enmienda conjunta que no ha sido transacionada. Así, Lorena Canales (PSOE) ha planteado que “realizar los test serológicos no tiene cobertura científica” y que no es posible exigir certificados de vacunación porque “no tiene marco legal”. Vanesa Carbonell, desde Podemos, ha defendido que “no podemos vulnerar los derechos de una persona, cada uno decide si quiere vacunarse o no”, a la vez que ha resaltado “la coordinación entre sanidad y los centros asistenciales”. Del mismo modo, Carmen Martínez (CHA) se ha mostrado sorprendida con “la exigencia de vacunación” y, por parte del PAR, Esther Peirat se ha posicionado en contra de “realizar serologías” y ha puntualizado que “la vacunación es voluntaria”.

 

Por último, desde los grupos no enmendantes, ha participado en el debate Loreto Camañes (Ciudadanos) para defender “la libertad individual”, ya que la vacunación de los trabajadores “puede ser una responsabilidad moral o ética, pero no una exigencia”.

 

INICIATIVA SOBRE GESTIÓN DE RESIDENCIAS

 

La Comisión de Ciudadanía ha rechazado instar al Gobierno de Aragón a “asumir la gestión pública directa de las residencias externalizadas conforme se acaben los contratos contraídos”, “estudiar la internalización de aquellas residencias que se han intervenido durante la pandemia” y “apoyar los procesos de internalización de los servicios vinculados con la dependencia de las entidades locales garantizando un número estable de plazas concertadas”. Estos tres puntos de la iniciativa de Izquierda Unida han sido votados en contra por todos los grupos parlamentarios.

 

Además, la propuesta de “elaborar un informe exhaustivo anual sobre el cumplimiento del contrato de los servicios externalizados que sea de acceso público y recoja las actuaciones de seguimiento de este y los efectos” ha sido rechazada también con los votos en contra de todos, a excepción de PP que ha votado a favor y Vox que se ha abstenido. El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha argumentado que “aunque no todo debe ser público, el problema es que las residencias completamente públicas son minoritarias” y ha pedido “actuar” en centros como “los de Movera o Utebo, donde la concesión acaba en 2024”. En su opinión, esto permitiría “dar respuesta a lo que no hemos sido capaces de resolver, como las condiciones laborales de los trabajadores”.

 

La diputada socialista Lorena Canales ha lamentado que “se llegue a la conclusión de que todas las residencias públicas lo hacen bien y todas las privadas lo hacen mal” porque “ni es justo ni es verdad”. La diputada Marián Orós, de PP, ha explicado que no comparte “en absoluto” la iniciativa hasta el punto tres y ha puesto sobre la mesa “la habilidad de IU para estructurar los relatos para dar a entender que la internalización de los servicios es la solución a todos los males del mundo”.

 

Desde Cs, Loreto Camañes ha insistido en que su grupo “siempre ha defendido la colaboración público-privada” y ha instado a que “si hay alguna negligencia en alguna residencia, que se investigue y se depuren responsabilidades”. Vanesa Carbonell, diputada de Podemos, ha recalcado que su formación “siempre ha apostado por trabajar hacia una internalización de los servicios”, pero ha presentado una enmienda in voce para que las Cortes insten al Gobierno de Aragón a aumentar el número de plazas públicas, entre otras medidas, pero esta no ha sido aceptada por IU.

 

Por parte de CHA, Carmen Martínez ha subrayado que comparte “algunas cuestiones”, pero “no el 100% de la iniciativa” y ha añadido que cree “que en el marco legal actual es más eficaz y eficiente la concertación de plazas que la reserva de plazas”. David Arranz, de Vox, ha aclarado que su formación “quiere servicios públicos de calidad” y ha criticado que la iniciativa deje “entrever que la iniciativa privada es perniciosa y solo busca su beneficio sin importarle la calidad” porque esta visión es “infantil”. La diputada del PAR, Esther Peirat, ha defendido que “el actual sistema con colaboración público-privada ofrece un buen funcionamiento y que da resultados”. Además, ha calificado de “imprescindible” la colaboración privada en la gestión de las residencias.

Notas de prensa relacionadas: