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Júlvez destaca “la importancia de la Justicia en Europa” y “la cogobernanza entre comunidades” en el reparto de los fondos Next-Generation

Júlvez destaca “la importancia de la Justicia en Europa” y “la cogobernanza entre comunidades” en el reparto de los fondos Next-Generation
La directora general de Justicia ha comparecido ante la Comisión Institucional a petición de Beatriz García (Cs), quien ha solicitado conocer “el grado de ejecución del programa”, así como las medidas en materia de trabajo deslocalizado, ciberseguridad o la firma biométrica

La directora general de Justicia, María Ángelez Júlvez, ha explicado esta mañana ante la Comisión Institucional, a petición de Ciudadanos, que los proyectos financiados con los fondos europeos Next Generation han conseguido equiparar a “la Justicia a otros sectores como Sanidad o Educación, esto significa importa en Europa”. Los fondos dotados con veinte millones de euros se repartirán en tres anualidades y todos los programas de reforma  han sido en “base a la cogobernanza”, ha expuesto Júlvez, “todas las comunidades autónomas estuvimos de acuerdo en el reparto de los fondos”.

 

Para Júlvez, la tarea más importante es “tramitar las tres leyes de eficiencia para poder acudir a la estructura base de la Justicia”, de manera que las reformas estructurales “permitan poder llegar a esa interoperabilidad entre las comunidades”. Además, la directora de Justicia ha puntualizado que se trata de “la integración de diferentes herramientas de las que se sirven los sistemas de gestión procesal”.

 

En cuanto a los ámbitos a los que se destinará la financiación, Júlvez ha detallado que el proyecto del 2022-2023 se destinará a ciberseguridad. El trabajo deslocalizado será otra de las áreas, entendido como “escritorio virtual o en la nube”, que, en palabras de Júlvez, “exigirá un plan de seguridad mayor que el actual”. Sobre la firma biométrica ha explicado que “está en tramitación porque son necesarios unos informes previos que no se vulnere la protección de datos ni ninguna otra legislación”. Además, ha adelantado que también se dedicarán partidas a la optimización de sistemas en la oficina organizativa, la trasparencia de los órganos judiciales, la estadística judicial automatizada o a la carpeta justicia de cada ciudadano, entre otras.

 

La diputada de Ciudadanos Beatriz García ha preguntado a la directora general cómo ha sido “el grado de ejecución del programa” y el reparto de fondos entre las comunidades autónomas, así como conocer cómo se realizará “la implantación de la firma biométrica” y cuál será el procedimiento para “desarrollar de forma correcta el trabajo deslocalizado dotando de equipos y teléfono a todos los funcionarios”. Además, García ha solicitado conocer “las medidas para la atención a la ciudadanía en los juzgados” y “proteger las redes del edificio y los equipos de las personas que están en trabajo deslocalizado” porque “no hay una cantidad asignada a ciberseguridad para este año”.

 

Darío Villagrasa (PSOE) ha celebrado que “se haya cumplido el objetivo de modernización de la Administración de Justicia”, ya que “está licitado el 100% y ejecutado el 75%” de las inversiones para “una mejor aplicación de la justicia de cara al administrado”. Para el parlamentario popular Fernando Ledesma, se trata de “una grandísima oportunidad para digitalizar la Administración de Justicia porque necesita mucha financiación pública”. “Existe una falta de interoperabilidad entre las comunidades autónomas para avanzar todos en el mismo sentido”, ha destacado.

 

Para Itxaso Cabrera (Podemos), estas ayudas “dotan de una positiva inyección a nuestra comunidad autónoma que hay que saber gestionar para que no quede nadie atrás”. Además, Cabrera ha solicitado “fomentar la transparencia” y “la eficiencia en un modelo de justicia dirigido a la ciudadanía”. Desde CHA, Carmen Martínez ha criticado que, a la hora de repartir los fondos, “tener una baja pendencia nos ha penalizado” y sería importante “ver el histórico de las comunidades para conocer el esfuerzo que les cuesta a cada una poner los recursos”. Marta Fernández ha puesto de manifiesto la necesidad de “dotar de medios adecuados” a la Justicia porque es “un pilar de nuestro Estado de derecho”. “El expediente electrónico no está implementado en la práctica”, por lo que Fernández ha solicitado trabajar en este sentido.

 

COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN ARAGÓN-ESTADO

 

La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario también ha debatido una iniciativa del Partido Popular sobre la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, que no ha salido a adelante tras contar solo con el apoyo de Ciudadanos y Vox. La diputada de PP Mar Vaquero ha explicado que con esta moción se pretende "impulsar la celebración de una reunión que viene regulada en nuestro Estatuto y en el Reglamento de la propia Comisión Bilateral". Ha denunciado que "desde noviembre no se ha celebrado ninguna reunión" y lo ha calificado de "urgente" porque se debe hablar de "igualdad de servicios públicos con respecto a otros territorios, de equilibrio territorial y de financiación autonómica".

 

El parlamentario socialista Darío Villagrasa ha criticado que “una buena noticia se traslade como inacción del Gobierno” y ha explicado que los asuntos que importan a Aragón “no han estado parados en ningún momento”. Desde Ciudadanos, Beatriz García ha manifestado su intención de apoyar la iniciativa para “el cumplimiento de la legalidad vigente y por la necesidad de consenso con la administración general”. “Hay temas como la financiación autonómica o las infraestructuras ferroviarias que interesan a nuestra comunidad autónoma”, ha añadido. Itxaso Cabrera (Podemos) ha explicado que “el Gobierno ya ha anunciado que el próximo mes de noviembre se celebrará esta reunión bilateral”, por lo que esta proposición no de ley “nace infructífera”.

 

Para Carmen Martínez (CHA), la financiación autonómica es “un tema capital para Aragón” y ha criticado que el Partido Popular “no se pusiese manos a la obra” cuando gobernaba. La diputada de Vox Marta Fernández ha denunciado que el hecho de que "lleve tres años sin reunirse evidencia, una vez más, que para el Gobierno de España hay comunidades de primera y de segunda". El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha puesto sobre la mesa que hay temas, como la financiación autonómica, que "no pueden abordarse desde la bilateralidad, sino desde una perspectiva de país, porque es el corazón de país quien se está muriendo".

 

Por último, la Comisión Institucional ha aprobado el informe elaborado por la Ponencia de relaciones con la Cámara de Cuentas sobre los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades locales de Aragón en 2018, al que se presentaron nueve propuestas de resolución por parte de los grupos parlamentarios.

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