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El Parlamento solicita al Gobierno de Aragón poner en marcha medidas contra la pobreza energética

El Parlamento solicita al Gobierno de Aragón poner en marcha medidas contra la pobreza energética
La iniciativa, impulsada por Izquierda Unida, ha obtenido el apoyo casi unánime de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales. Otra propuesta del PP, relativa a las residencias de mayores y personas con discapacidad, ha sido rechazada

Las Cortes de Aragón han pedido al Ejecutivo autonómico que impulse diversas medidas contra la pobreza energética, entre las que destacan analizar los perfiles de vulnerabilidad en pobreza energética, poner en marcha el Comité de seguimiento del Plan de medidas de eficiencia energética, y eliminar la cuantía máxima anual a abonar para ajustarla a los requisitos que permitirían el acceso de las familias a lo recogido en el Real Decreto del Consumidor en riesgo de exclusión social.

 

Álvaro Sanz, representante de la A.P. Izquierda Unida (Grupo Mixto), encargado de presentar esta iniciativa ante la Cámara, ha insistido en que este conjunto de medidas están pensadas para prevenir la pobreza, y que inciden en lo que recoge la ley contra la pobreza energética aprobada por unanimidad en las Cortes de Aragón en 2016. Entre otras medidas, Sanz ha defendido la necesidad de estudiar la ampliación del acceso a las prestaciones y de implementar actuaciones de apoyo hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética.

 

Al texto se ha incorporado una enmienda trasladada por los cuatro partidos que sustentan al Gobierno, que ha defendido la diputada socialista Pilimar Zamora, con la intención de mejorar la redacción de la proposición no de ley. Zamora ha afirmado que es “oportuno avanzar en esta línea” y que existen “más factores a tener en cuenta” porque hoy el contexto respecto a la pobreza energética “ha cambiado”.

 

Marián Orós, del G.P. Popular, ha dicho que “es una iniciativa sensata” y que es necesario que las ayudas “no solo tengan en cuenta las rentas, sino también las circunstancias familiares, porque muchas personas están en un limbo al no estar en pobreza extrema, pero sí con un elevado riesgo de vulnerabilidad”.  La diputada de Ciudadanos Loreto Camañes ha afirmado que “la realidad social que tenemos delante es que el incremento del precio de la energía es una más de las batallas que los más pobres deben librar cada día” y ha asegurado que “en muchas ocasiones vamos tarde para adaptarnos a las nuevas realidades sociales”.

 

Vanesa Carbonell, del G.P. Podemos, ha recordado que ya se están tomando medidas desde el Gobierno central ante la subida del precio de la luz, y ha defendido la necesidad de revisar la ley contra la pobreza energética aprobada en Aragón en 2016. Desde Chunta Aragonesista, Carmen Martínez ha dicho que el concepto de “pobreza energética” no ha surgido de la crisis del coronavirus, sino que ya apareció con la crisis de 2008, y que ahora “el foco de esta pobreza se ha ensanchado porque afecta a familias y a sectores industriales”.

 

David Arranz, de Vox, ha dicho que el Gobierno central “no ha hecho nada para aliviar la situación extrema que viven miles de familias” y ha defendido “políticas nacionales equilibradas para garantizar un suministro sostenible y asequible”.  Esther Peirat, del PAR, ha dicho que “estamos asistiendo a un escenario preocupante con un precio de la electricidad desorbitado” y ha recordado que el Gobierno de Aragón está trabajando para la gestión de los 3,8 millones de euros que recibirá en los Presupuestos para los potenciales beneficiarios de ayudas.

 

RESIDENCIAS DE MAYORES Y DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 

La Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales también ha rechazado una iniciativa presentada por el Partido Popular para instar al Gobierno de Aragón a sacar con carácter urgente la convocatoria de ayudas directas para todas las residencias de mayores y de personas con discapacidad de Aragón por los gastos extraordinarios derivados de la COVID19.

 

La propuesta ha sido presentada ante la Comisión por la diputada popular Marián Orós, que ha recordado el compromiso de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales Mariví Broto, de sacar adelante estas ayudas, “pero lleva más de un año dando largas” ante un sobrecoste de gastos en residencias “que en muchas ocasiones supera el 30%”.

 

En el debate de la iniciativa también han participado Lorena Canales (PSOE), Loreto Camañes (Cs), Vanesa Carbonell (Podemos), Carmen Martínez (CHA), David Arranz (Vox), Jesús Guerrero (PAR) y Álvaro Sanz (IU).

 

La iniciativa ha sido rechazada con el voto en contra de PSOE, Podemos, CHA , PAR e Izquierda Unida. Han votado a favor  Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

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