La Mesa de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario y los representantes de los grupos parlamentarios han escuchado este jueves, durante el trámite de audiencias legislativas, las peticiones y propuestas de diversos colectivos relacionados con el juego en la Comunidad
La tramitación del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del juego de la Comunidad autónoma de Aragón avanza en el Parlamento aragonés y hoy ha acogido las audiencias legislativas ante la Mesa de la Comisión Institucional y representantes de todos los grupos parlamentarios. Las propuestas se han centrado en prohibir las máquinas de juego en locales de hostelería a los que tengan acceso menores, implementar medidas de educación y formación, limitar la publicidad exterior o unificar los criterios de interdicciones autonómicos y estatales.
El Justiciazgo de Aragón, mediante su lugarteniente, Javier Hernández, ha manifestado que en el informe de la institución “se han tenido en cuenta cuatro anteproyectos de esta Ley” y ha incidido en que “la exposición de motivos deja patente que la ludopatía pasa a ser objeto de la prevención sanitaria y del Plan de Salud Mental, pero en las disposiciones adicionales no ha encontrado un acomodo adecuado”.
El director general del Consejo Empresarial del Juego CEJUEGO, Alejandro Landaluce, ha defendido que el proyecto de ley “está fraguado por un ambiente de hostilidad hacia el sector del juego” y ha asegurado que “el juego en Aragón ha decrecido, hay diez salones menos que hace diez años, y lo único que ha crecido son las casas de apuestas, de cero a seis”. “Son necesarias medidas de educación y de formación”, ha añadido.
Por su parte, el presidente de Azemar Aragón, Alfredo Llop, ha reivindicado que sus máquinas recreativas “son de ocio, no de juego puro y duro” y “están totalmente limitadas, controladas y reguladas por la DGA”. “El problema es el juego que hay en el móvil, no el presencial”, ha sentenciado.
De igual forma, el presidente de la Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón (AESA), José Antonio Rubio, ha hecho hincapié en que “hay que conocer el sector antes de legislarlo” y ha argumentado que “los controles de acceso se están aplicando en Aragón desde 2014” y “contamos con una brigada de juego que realiza cerca de dos mil inspecciones al año, además de policía local, nacional e inspectores de Sanidad, y nunca se ha encontrado presencia de menores”.
Desde la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (AZAJER), su secretaria, Miriam Gañán, ha incidido en las forma de captación y en “la prohibición de que las máquinas de juego emitan estímulos sonoros o visuales en bares y locales de hostelería”, y ha propuesto una “separación visual entre las barras o las mesas en las que pudieran estar los menores”.
Alberto Beltrán, psicólogo del Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones del Ayuntamiento Zaragoza, ha expuesto que “sería importante que tuviéramos en cuenta que hay que reducir las pérdidas de los jugadores”, a la vez que ha apuntado que “en el artículo 15 no se ha hecho mención a las apuestas deportivas” y en el artículo 21 “se pierde una oportunidad para intentar limitar el acceso de los menores a las máquinas tragaperras”, ya que “deberían alejarse de la hostelería”.
El secretario de Proyecto Hombre, Jesús Sánchez, se ha referido a la “obligación de incluir la frase ‘el juego en exceso puede provocar ludopatía’” en salones de juego y ha propuesto cambiarla por la frase “’el juego en exceso puede provocar ludopatía’”, además de “limitar la publicidad exterior de los salones de juego que se encuentren en las proximidades de colegios”.
Por último, la coordinadora del equipo psicológico de la Federación Española de Jugadores Rehabilitados (FEJAR), Rosa Santolaria, ha declarado que “el registro de interdicciones o prohibidos es una herramienta que funciona muy bien, pero tiene algunas carencias” y, en este sentido, ha solicitado “una unificación de criterios entre los ficheros autonómicos y estatales”. Asimismo, ha calificado el período de carencia mínimo de seis meses para un adicto al juego como “absolutamente insuficiente”.