Las representantes del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón han denunciado en su intervención ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas de las Cortes que, durante décadas, “la temporalidad se ha ido incrementando hasta alcanzar el cuarenta y cuatro por ciento de la plantilla” de la Administración Pública en la Comunidad
Las representantes del secretariado del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) María Pilar Remírez y Olga Pérez, en su comparecencia ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón, han reclamado que se trasponga la directiva europea y se establezca “una disposición transitoria para dar estabilidad al personal que está ahora en abuso de temporalidad” en el sector público.
En este sentido, Remírez ha indicado que “no se están logrando los objetivos de estabilizar al personal” y que “el resultado de los procesos de estabilización conlleva despidos y ceses tras más de veinte y treinta años de servicio, lo que supone una pérdida de profesionales para la Administración, esenciales en tiempos de pandemia y olvidados ahora”. “No queremos que nos regalen nada, pedimos justicia y cumplimiento de la ley porque tenemos derecho y tenemos razón”, ha añadido.
Asimismo, esta representante del secretariado de STEPA ha declarado su voluntad de “dar voz a los más de veinte mil trabajadores y trabajadoras que se encuentran en abuso de temporalidad” porque “el personal interino debe desempeñar exclusivamente actuaciones circunstanciales” y durante décadas “la temporalidad se ha ido incrementando hasta alcanzar el cuarenta y cuatro por ciento de la plantilla”. En palabras de Remírez, “de los más de cincuenta mil empleos públicos de la Comunidad, veintiocho mil están siendo cubiertos en régimen de interinidad”.
De igual forma, ha detallado que la mayor parte de este tipo de personal “tiene cincuenta años y son, en un setenta y cinco por ciento, mujeres”. “Estas personas accedieron por un proceso de selección y se ha mantenido en una situación de precariedad, generando un menor coste para las arcas públicas y la potestad de poder ejercer sobre ellas un despido fácil”, ha detallado.
En última instancia, María Pilar Remírez ha afirmado estar a favor de “cualquier figura que dé estabilidad en el empleo, a través de un concurso de méritos restringidos o la conversión directa en funcionarios de carrera, estatutarios o laborales fijos”, pues “vemos cómo las posturas de los distintos grupos parlamentarios se van acercando a los preceptos europeos y, más tarde o más temprano, tendrán que adaptarse a estos”.
El socialista Sergio Ortíz ha explicado que “el aumento de la temporalidad en la Administración puede atribuirse a factores de tipo presupuestario, como las tasas de reposición”, pero “el acceso a la condición de funcionario de carrera solo es posible a través de la superación de un proceso selectivo”. José Antonio Lagüéns (PP) ha señalado que “es un ámbito que trasciende de la Comunidad autónoma de Aragón” y “hay un punto de inflexión, que es la sentencia del Tribunal Europeo, que condena al Estado por abuso a los interinos”.
Por parte de Ciudadanos, Elisa Sacacia ha declarado que “la situación de alta temporalidad es inasumible para cualquier Administración” y ha propuesto “suspender las OPEs de estabilización de empleo”. Nacho Escartín (Podemos) ha reivindicado que “la precariedad en el servicio público exige una solución justa y una comprensión”. “Hay sensibilidades conjuntas por partidos diferentes, por lo tanto estamos ante un tema complejo”, ha añadido.
La parlamentaria de CHA Carmen Martínez ha expuesto que “las tasas de temporalidad que nos han indicado nos interpelan a todos porque esa precariedad también disminuye la calidad de los servicios públicos”. En representación de Vox, Santiago Morón ha calificado la situación como “dramática o injusta tras muchos años trabajando” que “genera problemas personales en cuanto al futuro profesional y personal de muchas personas”.
Jesús Guerrero (PAR) ha apuntado que “debemos buscar soluciones a un tema que es endémico y que afecta a prácticamente el cincuenta por ciento de los trabajadores públicos en Aragón”. El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha explicado que “hay que hablar de la situación de los ayuntamientos y es un problema que va mucho más allá de la velocidad con la que se lo están tomando determinados espacios organizativos del Gobierno de Aragón”.
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