Actualidad

Nota de prensa

Los educadores sociales denuncian falta de profesionales y reclaman un grado presencial universitario y la implantación de un Plan de Infancia

Los educadores sociales denuncian falta de profesionales y reclaman un grado presencial universitario y la implantación de un Plan de Infancia
El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón, en su intervención ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos, ha denunciado la precarización en el servicio que prestan sus profesionales en los distintos centros de menores de la Comunidad

El sector de la Educación Social aragonesa ha denunciado en las Cortes que faltan profesionales en los centros de menores, y que las condiciones en las que trabajan se han precarizado. Son parte de las reivindicaciones que el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES) ha trasladado esta mañana a la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Sociales. 

 

Carlos Gállego, portavoz del CEES, ha reconocido los esfuerzos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para adaptarse a la nueva realidad con los menores migrantes, pero ha advertido que “los retos deben asumirse sin poner en riesgo otras actividades” y ha señalado que la creación de la categoría de “auxiliar técnico educativo” en los pliegos del centro de Juslibol, “es perjudicial para nuestra profesión porque favorece el intrusismo laboral, y también porque va contra los derechos de los menores”. 

 

Pascual Jiménez de Bagüés, que también ha intervenido en nombre del CEES, ha afirmado que en Aragón trabajan 600 profesionales que se enfrentan a dos problemas fundamentales. El primero, ha señalado, es “la falta de un grado presencial en la Universidad de Zaragoza”, que repercute directamente en “nula investigación en las necesidades específicas de Aragón”. El segundo problema, ha indicado, son las contrataciones y la precarización laboral, porque “no se están cubriendo las plazas con personal funcionario, sino con convenios con entidades”. También ha denunciado la falta de un plan integral de la infancia, “que está recogido en la ley aragonesa, pero no lo tenemos”, y ha reclamado que las bajas laborales “se cubran de manera inmediata”.  

 

El diputado socialista Sergio Ortiz ha afirmado que el Gobierno de Aragón “valora la imporatncia de la atencion preventiva de la educacion de menores” y ha recordado que “en cuanto ha sido posible se han incorporado nuevos profesionales”. También ha señalado que se debe trabajar “de forma decidida” para que el grado universitario de Educación Social se implante “ya sea en Huesca o en Teruel”. José Antonio Lagüéns, del G.P. Popular, ha destacado que “la documentación que aportan y la información es reveladora de los recortes de personal”, y que, “a pesar de las buenas palabras de los grupos que sustentan al Gobierno, hay que pasar a los hechos. “El Plan integral es una carencia del Gobierno”, ha dicho, “que tendrá que sacarlo adelante”. 

 

Desde Ciudadanos, la diputada Elisa Sacacia ha asegurado que es el momento de “poner encima de la mesa y dar cumplimiento a la Ley de la Infancia y Adolescencia de Aragón”, así como de la elaboración de un plan integral de la infancia. Nacho Escartín, de Podemos, ha dicho que su formación apoyará las solicitudes y reivindicaciones del Colegio Profesional, como “la obtención de espacios, de profesionales y de formación”. Por parte de Chunta Aragonesista, Carmen Martínez ha afirmado que “la falta de un grado presencial es importante porque no generas profesionales y por la falta de investigación”.  También se ha preocupado por la cobertura de las bajas laborales, que debe ser “inmediata”. 

 

Santiago Morón, del G.P. Vox en Aragón, ha recordado el “importante incremento presupuestario” del Departamento, y se ha preguntado si este aumento de necesidades se ha producido “por la llegada de menores extranjeros no acompañados”. La diputada del PAR Esther Peirat ha destacado que se debe seguir trabajando en la creación del grado universitario, porque “la formación presencial en este caso la consideramos esencial”. Desde Izquierda Unida, su diputado Álvaro Sanz ha mostrado su preocupación “por los efectos de la externalización en la calidad del servicio y en la precarización de las condiciones laborales”. 

Notas de prensa relacionadas: