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El Comité de Empresa de IDL afirma ante las Cortes que la última oferta de la empresa es “un insulto”

El Comité de Empresa de IDL afirma ante las Cortes que la última oferta de la empresa es “un insulto”
Representantes de los trabajadores de la multinacional han mostrado esta mañana su preocupación ante su situación laboral en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos

El Comité de Empresa de IDL Automotive ha llevado su conflicto laboral a las Cortes de Aragón después de dos meses de protestas y negociaciones. Sus representantes sindicales han querido trasladar a los diputados, en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas celebrda esta mañana, la situación en la que quedan doscientas familias tras la rescisión del contrato de IDL con Stellantis en su planta de Figueruelas.


Verónica Herrero, portavoz del Comité, ha detallado cómo se ha desarrollado el conflicto laboral que ha terminado “dejando en la calle a doscientas familias, después de veinte años de relación laboral”. Herrero ha dicho que el primer contrato rescindido se produjo el 31 de julio y que, después de “movimientos extraños” pidieron una primera reunión con la empresa el 27 de septiembre, hasta el 11 de octubre, cuando se les comunicó que Stellantis había rescindido el contrato. “Ese día estábamos sin trabajo, humillados y abandonados”, ha afirmado la representante sindical.


A lo largo de estas semanas, ha explicado, la falta de información por parte de la dirección de la empresa “ha sido constante”. Herrero ha afirmado que Stellantis se ha negado a la subrogación de los trabajadores, y ha denunciado que la última oferta puesta sobre la mesa por IDL es de 22 días por año trabajado y doce mensualidades, que ha considerado “un insulto para todos, sabiendo que la matriz de la empresa tiene ganancias superiores al 17%”. Verónica Herrero ha señalado que mañana a las 16:00 horas está convocada la última reunión, según el plazo legal de negociación, en la que esperan una nueva oferta por parte de la dirección del IDL.


Jorge Bugeda ha dicho que la empresa no ha presentado ningún tipo de argumentación y que los malos resultados “los pagamos los de siempre”. El representante sindical ha denunciado que el plan de recolocaciones “no tiene ningún sentido” por las condiciones ofertadas por la empresa, y ha dicho que “con sueldos de 1.100 euros no se puede encontrar más que miseria en el sector de la logística en Aragón”.


El diputado socialista Sergio Ortiz ha denunciado algunos hechos como que IDL “obligara a los trabajadores a cogerse vacaciones forzadas o que no se presentara al acto de conciliación en el SAMA” y ha puesto en valor la “batalla” de la plantilla “para defender los derechos de todos los trabajadores”. José Antonio Lagüens (PP) ha instado a “trabajar todos unidos” para apoyar a las 200 familias afectadas y ha recordado “la declaración institucional que se impulsó desde las Cortes de Aragón” para refrendar “la legítima lucha por acceder a información y por el estricto cumplimiento de la legalidad”.


La diputada de Cs Jara Bernués ha insistido en la necesidad de “trabajar por la reindustrialización aragonesa que evite cierres de empresas y despidos” y ha explicado que su grupo “ha registrado una proposición no de ley para que los ERTE en la industria automovilística se hagan por fuerza mayor y no pasen a ser ERE”. El portavoz de Podemos, Nacho Escartín, ha reflexionado sobre la situación actual de los derechos laborales, y ha dicho que espera que la empresa “deje de practicar el terrorismo patronal con la plantilla, a la que quiere dejar en la estacada como si fuera mercancía”.


Isabel Lasobras, de CHA, ha dicho que una indemnización de veinte días por año “es una miseria” y ha felicitado al Comité por mantener su “ardua, digna y honesta tarea de defender lo que es vuestro ante las autoridades laborales”. Representando a Vox, el diputado Santiago Morón ha afirmado que las formas utilizadas por la empresa no han sido las más adecuadas y ha transmitido que la reindustrialización de España es un objetivo “pero no a cualquier precio”.


Desde el G.P. Aragonés, Jesús Guerrero ha destacado que “hay que tomar acciones para gestionar decisiones, porque hay que mojarse” y ha realizado un llamamiento a la empresa para que “reconsidere cualquier decisión y piense en esas 200 familias que llevan años intentando levantar esa empresa”. El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha dicho que “hay que tomar partido y estar del lado de los trabajadores” ante un caso “vergonzoso e insultante” de dos multinacionales" que han dejado tiradas a 200 familias después de 20 años de relación laboral”.

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