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El proyecto legislativo para el desarrollo de la norma de Simplificación Administrativa recibe las aportaciones de doce entidades y asociaciones

El proyecto legislativo para el desarrollo de la norma de Simplificación Administrativa recibe las aportaciones de doce entidades y asociaciones
Los agentes sociales, cinco colegios profesionales, la FAMCP y dos catedráticos de Derecho Administrativo han participado esta mañana en el trámite de Audiencias Legislativas en relación con el texto en trámite en la Cámara actualmente

El proyecto de ley de Aplicación y Desarrollo de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de Simplificación Administrativa se ha enfrentado este lunes al trámite de Audiencias Legislativas, donde los agentes sociales, cinco colegios profesionales, la FAMCP y dos catedráticos de Derecho Administrativo han realizado sus aportaciones a la futura norma antes de que la Ponencia elabore el informe definitivo y han destacado la necesidad de romper la brecha digital en la Comunidad.

 

En primer lugar ha tomado la palabra el secretario de Política Industrial y Salud Laboral de UGT, José de las Morenas, quien ha asegurado que “la simplificación es un paso positivo y debe ser un escenario para acercar la Administración a todos aquellos que necesitan de su ley y, sobre todo, de su amparo”. De igual forma, ha hecho hincapié en el “uso racional de las tecnologías”, el “fomento de la relación electrónica” y la necesidad de “romper la brecha digital de nuestro territorio”.

 

Por su parte, el secretario general de CC.OO. Aragón, Manuel Pina, ha incidido en que “hay una demanda social sobre simplificar la relación de las personas, de las organizaciones y de las empresas con la Administración”, al tiempo que ha defendido que “siempre hay que garantizar la seguridad, la salud y la legalidad de esa simplificación”, así como “la formación de toda la sociedad”.

 

A continuación, el presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE), Ricardo Mur, ha señalado que “hay una muy buena intención política detrás de lo que significa esta ley”, pero su plasmación “ha quedado corta”. En este sentido, ha reconocido echar de menos “regulación de procedimientos relacionados con las empresas”.

 

El presidente de la CEPYME Aragón, Aurelio López de Hita, ha manifestado que “la intención de las dos leyes es muy buena, pero hay que pasar a la realidad y a día de hoy hay un fárrago normativo tal que complica tremendamente el desarrollo normal de la empresa”. Además, en relación con la digitalización ha reclamado “más flexibilidad a la hora de exigir determinados trámites porque hay personas que todavía no se han adaptado”.

 

El secretario del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, Iván Pineda, ha argumentado que “la Administración tiene que confiar más en los colegios profesionales, y ha propuesto que “la Administración autonómica copie el modelo de servicios centralizados que establece un canal de comunicación directa entre el colegio profesional y la Administración”.

 

A su vez, el gerente del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, Lucio de la Cruz, ha solicitado la “igual regulación de los visados de los proyectos técnicos que tengan que ver con edificación y, sobre todo, con rehabilitación, y los de energías renovables”, al mismo tiempo que la “potenciación del establecimiento de convenios con colegios profesionales”.

 

El representante del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración local de la provincia de Zaragoza, Antonio Jaime Ansón, ha reclamado “plataformas eficaces y buenos programas de gestión de expedientes acordes a la simplificación administrativa”. Asimismo, ha defendido “un plazo más breve para resolver procedimientos, especialmente en las operaciones de crédito que tienen como objetivo hacer frente a problemas puntuales de liquidez”.

 

De igual forma, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza José Mª Gimeno Felíu ha sugerido “una revisión formal de la estructura porque alguna de las disposiciones adicionales deberían ser parte general del Capitulo I”. También ha indicado que “el destinatario de la norma tendría más clara la interpretación si los bloques se hubieran agrupado por ‘silencio positivo’ y ‘negativo’”.

 

El presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Luis Zubieta, ha recordado que “la idea de la simplificación administrativa tiene su origen en la Mesa de la Estrategia aragonesa para la recuperación social y económica” y ha reconocido que supone “la agilización de la administración y el decremento de los pasos para ayudar a ciudadanos y empresas”.

 

Por su parte, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza Julio Tejedor ha explicado que la norma “se ubica en un conjunto de iniciativas normativas que están poniendo a Aragón entre las comunidades más proactivas en el esfuerzo por mejorar su ordenamiento jurídico y las prácticas de gestión”. “Se trata de buscar un equilibrio armónico entre lo público y lo privado y de generar una nueva cultura de la gestión”, ha añadido.

 

El decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán Durán, ha expuesto que “la ley desaprovecha una oportunidad de utilizar a los colegios profesionales y acabar con la desconfianza” y ha reclamado la “regulación del turno de oficio que mueve una importante situación económica en Aragón” porque “se tienen que emplear muchos recursos para ir escaneando los gastos justificativos de todo un año”.

 

Por último, el secretario técnico del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, Franciso Javier Serrano, ha asegurado en que “resulta necesario que se especifique en qué procedimiento podría atribuirse un sentido positivo al silencio administrativo”.

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