La moción del PP sobre esta materia no ha sido aprobada al recibir únicamente el apoyo de Ciudadanos, que, posteriormente, ha defendido una proposición no de ley sobre la financiación del Tercer Sector de la discapacidad que tampoco ha salido adelante
La Comisión de Ciudadanía ha debatido hoy en torno a la armonización de la ley autonómica con la estatal sobre la prestación complementaria del ingreso mínimo vital, a través de una propuesta de María Ángeles Oros, desde el Partido Popular, que ha contado con el único apoyo de Cs y, por tanto, ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE, Podemos, CHA y PAR.
Oros ha explicado que solicitaba esta armonización junto con la modificación del decreto que desarrolla el marco legal y, a la vez, planteaba “desarrollar todos los preceptos pendientes de la ley”. En este sentido, Oros también ha puntualizado que Aragón no debe esperar al Gobierno estatal para definir “cómo es nuestro servicio aragonés de inclusión”, ha añadido.
Por su parte, Pilimar Zamora, desde las filas del PSOE, ha defendido que “no siempre que hay una interpelación hay que hacer una moción”, y ha añadido que “la consejera ya informó lo que se está haciendo desde el Gobierno de Aragón para atender a todos los colectivos”.
Loreto Camañes (Ciudadanos) ha mostrado su apoyo a la iniciativa, ya que “es necesario que se empiecen ya a desarrollar preceptos normativos” y ha lamentado que “ya vamos tarde”.
Mientras tanto, Vanesa Carbonell (Podemos) ha indicado que desde el PP se solicita “algo que ya se ha puesto en marcha por el Gobierno”. Desde CHA, Carmen Martínez también ha defendido que “el Departamento está haciendo una revisión de la ley y harán modificaciones si es necesario”. Además, ha solicitado a Oros que indique las cuestiones que quieren modificar “para ver si estamos de acuerdo o no”.
Desde el PAR, Jesús Guerrero ha indicado que le “parece razonable esperar a las decisiones”, ya que la comisión de seguimiento en torno a su aplicación “apenas tiene mes y pico de vida desde que se reguló normativamente”.
MODELO DE FINANCIACIÓN DEL TERCER SECTOR DE LA DISCAPACIDAD
La Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales también ha debatido una proposición no de ley del Ciudadanos para desarrollar un cambio en el modelo de sostenibilidad económica del Tercer Sector de la Discapacidad en Aragón, que ha decaído con el voto en contra de los grupos que sustentan al Gobierno.
Para defender la proposición no de ley, Loreto Camañes ha puesto de relieve las demandas del Tercer Sector de la Discapacidad que solicita “un marco estable de financiación y un modelo que les dé certidumbre” porque el actual es “cortoplacista y resulta insuficiente para dar cobertura hacia las personas con discapacidad y sus familias”.
La diputada socialista Lorena Canales ha hecho hincapié en que su grupo "defiende la acción de Gobierno" y ha destacado la importancia de las entidades sociales. Marián Orós (PP) ha lamentado que los grupos que impulsan al Gobierno impongan "el no por el no" y les ha recordado que los ciudadanos “quieren que les arreglen los problemas de 2022".
Desde Podemos, Vanesa Carbonell ha explicado que la proposición no de ley “no está adaptada a la realidad de Aragón” y que, por ello, “votarán en contra”. Para Carmen Martínez (CHA), los términos del texto de impulso “no son los correctos” porque “existen subvenciones y una interlocución directa”. Esther Peirat (PAR) ha vuelto a incidir en que el objetivo de la iniciativa “no se ajusta a la realidad aragonesa y parece más una reflexión generalista”.