El vicepresidente de la asociación, en su intervención ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas de las Cortes, ha manifestado su indignación por la “represión del Gobierno nicaragüense ante las protestas” y su intención por asociarlas “a un intento golpista”
El vicepresidente, Silvio Prado, y la secretaria, Scarleth Castillo, de la Asociación Nicaragua Libre han intervenido esta mañana ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas de las Cortes para demandarles las medidas necesarias para superar la crisis de derechos humanos con el restablecimiento de la institucionalidad democrática. “Exigir la liberación de los detenidos en el contexto de la crisis, la anulación de los juicios y condenas de los tribunales partidistas, demandar el restablecimiento de la personalidad jurídica de la asociaciones, el cese de la represión a los medios de comunicación y la derogación de las leyes que atentan contra los derechos humanos”, ha presentado Castillo.
Castillo ha apuntado que “Nicaragua vive la peor crisis de derechos humanos en tiempo de paz de su historia, que comenzó en abril de 2018 y que todavía no termina”. En este sentido, Castillo ha explicado que “el origen de esta crisis fue una reforma de la seguridad social en 2018, que recortaba las pensiones e incrementaba las cuotas de los trabajadores” a lo que el pueblo nicaragüense tuvo “una reacción inesperada” de protestas generalizadas “por todo el país” en forma de “manifestaciones, barricadas, huelgas y reclamos”.
En consecuencia, la secretaria de la asociación ha insistido que el gobierno de Nicaragua “ha desatado una feroz represión”. Así bien, ha resaltado que, según los registros de organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, “se han conocido 7 fases represivas”. A su vez, ha denunciado el estado de las “mujeres presas” por su “trayectoria política, rango social y feminista” y las ha considerado “un referente para toda la población”.
Además, Castillo ha incidido que “más de 200.000 compatriotas han sido forzados al exilio” y ha reconocido la acogida a la población nicaragüense en Zaragoza, ya que se ha incrementado considerablemente al cifrarse “5470 en 2018 a casi 10.000 en 2021”.
Silvio Prado, vicepresidente de la asociación, ha mostrado su indignación por la “represión del Gobierno nicaragüense ante las protestas”. “Después de casi cuatro años, no han logrado demostrar con ninguna prueba que las protestas hayan sido una intentona golpista”, ha explicado. Además, ha presentado que, según un estudio publicado a finales de 2021, “entre 2006 y 2020 hubo en todo el mundo 2809 protestas” y “ninguno se le ha atribuido una intención golpista”.
Por otro lado, Prado ha denunciado “la crisis de la corrupción” y ha argumentado que “la familia Ortega, en su última declaración de propiedad, dijo que tenía en 2002, 375 mil dólares de patrimonio” mientras que “en 2018 cuentan con 2.730 millones de dólares en el segundo país más pobre de nuestro continente”, ha sentenciado.
Sergio Ortiz ha mostrado su apoyo a la población nicaragüense. “Las elecciones celebradas en noviembre en Nicaragua carecen de credibilidad para el PSOE y no cabe considerarlas como democráticas”, ha afirmado rotundamente.
Mientras tanto, José Antonio Lágüens ha explicado que, desde el Partido Popular, “compartimos la preocupación y rechazamos la vulneración de los derechos humanos”. Además, ha apuntado que “estas Cortes se deben manifestar”.
Por su parte, Elisa Sacacia ha mostrado el apoyo y solidaridad desde el grupo Ciudadanos por la población nicaragüense. En este sentido, ha resaltado el aumento de la población nicaragüense en Zaragoza desde 2018 y ha apuntado que “esto dice mucho de los zaragozanos”.
Desde Podemos, Vanesa Carbonell, ha reconocido que “ningún gobierno de institución democrática debe transigir con la barbarie” y ha sentenciado que “todo silencio ante esta opresión, no solo la abala sino que connota su aspiración a limitarla”.
Santiago Morón, desde las filas de VOX, ha apuntado que “la situación es muy grave”, ya que “no existe pluralismo político, no hay libertad de expresión, ni libertad de prensa”, sin embargo, “hay agresiones sexuales, físicas y psíquicas… asesinatos” y ha insistido que “es una situación que condenamos”.