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Las entidades sociales reclaman que la Ley de Economía Social se apruebe con una asignación presupuestaria que garantice su puesta en marcha

Las entidades sociales reclaman que la Ley de Economía Social se apruebe con una asignación presupuestaria que garantice su puesta en marcha
Diez colectivos han participado en la regulación del proyecto de Ley de Economía Social de Aragón, en el trámite de Audiencias Legislativas, en un sector que agrupa en Aragón a 5.200 entidades y da empleo a más de 20.500 personas

El proyecto de ley de Economía Social de Aragón continúa con su tramitación parlamentaria. Hoy ha sido el turno de las audiencias legislativas, en las que han participado diez entidades sociales y asociaciones aragonesas, que han presentado ante los diputados diversas apreciaciones ante el desarrollo del texto normativo, entre las que destaca la petición de suficiente asignación presupuestaria para garantizar su puesta en marcha.

 

Pedro Pardo, director gerente de la Fundación Aragón Emprende, ha precisado que el articulado del proyecto de Ley reconoce a las entidades que estén en un “catálogo de entidades de economía social”, y ha pedido una fecha para que este catálogo se ponga en marcha y evitar así “que se reconozca en la ley a empresas que no tienen que ver con el emprendimiento y la economía social”.

 

En representación de la Asociación de Economía Social Aragonesa (CEPES Aragón), su presidente Adrián Serrano ha asegurado que en Aragón existen “más de 5.600 entidades de economía social, que dan empleo a 20.500 personas”. Serrano ha valorado el esfuerzo de los legisladores para impulsar la ley de Economía Social, que ha considerado como “la primera piedra para crear un ecosistema de economía social en Aragón”.

 

La presidenta de la Red de Economía Alternativa Solidaria (REAS Aragón), Mª del Carmen Martínez, ha afirmado que la ley estatal 5/2011 de Economía Social ya ofrece un marco de funcionamiento, y que su próxima modificación podría dejar obsoleta la ley aragonesa. La portavoz de REAS ha pedido “un presupuesto propio para esta ley, que garantice una dotación suficiente para su puesta en marcha”.

 

Jesús Gaspar, representante del Observatorio Aragonés para la Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral (OADI) y director de ADISCIV (Asociación de Disminuidos Psíquicos Cinco Villas) ha defendido el proyecto de ley, que ha calificado de “innovadora, participada, solidaria y necesaria”. Gaspar ha dicho que “en la casa de todos, esta ley es nuestro ADN y es una norma bien articulada que se mejorará”.

 

Ramón Royo, vicepresidente de la Asociación Empresarial Aragonesa para la Discapacidad Intelectual (ARADIS), se ha centrado en la participación y el consenso entre la administración y las entidades afectadas por la ley. Ha pedido que en la terminología de la norma figure la palabra “inclusión” en vez de la palabra “integración” y se hable de centros especiales de empleo “de iniciativa social”.

 

Desde la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (AREI), su directora Mª Luisa Esteve ha valorado positivamente el proceso participativo, a través de la constitución de los grupos de trabajo de la economía social, “que han favorecido un proyecto de ley” del que todas las empresas “sienten formar parte”. Esteve ha reclamado dotar a la ley de mayor dinamismo y flexibilidad, y remarcar en el texto legal “lo que es economía social y lo que no lo es”.

 

Por parte de la Confederación Española de Empresas de Formación, Ángel Gracia, presidente de CECAP-Aragón, ha dicho que es importante que el cambio promovido por la Agenda 2030 se base en la participación de cualquier modelo económico, y que algunas entidades “por su apellido podrían parecer de economía social, pero realmente no lo son”.

 

Desde ATADES Aragón, su gerente Félix Arrizabalaga ha señalado que “es necesario revisar el lenguaje inclusivo de la ley”, ampliar la representatividad de las entidades en el Consejo Aragonés de la Economía Social y “acompañar la ley con una memoria económica”. El responsable de ATADES ha pedido tener en cuenta los “valores y trayectorias de las entidades”, ante el “aterrizaje” de otras iniciativas impulsadas por empresas ajenas al sector.

 

Álvaro Bajén, Secretario General de la Asociación de Autónomos de Aragón (UPTA Aragón), ha apreciado que el concepto de economía social es heredero de las cooperativas con un objetivo socioeconómico y al servicio de la comunidad. Bajén ha pedido que el texto normativo “se engarce en las plataformas tecnológicas” para ampliar el concepto nuclear de las entidades de economía social.

 

Por último, Paloma Arroyo, directora de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, ha dicho que la promulgación de esta ley es “positiva para Aragón” y ha echado en falta que en la exposición de motivos se reconocen doce plataformas de referencia, “en las que faltan las cooperativas de trabajo asociado”. Arroyo ha pedido “medidas concretas” para un proyecto que es “demasiado amplio y poco concreto”.

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