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La Cámara de Cuentas recomienda la implementación del seguimiento para la gestión de la prestación a la dependencia

La Cámara de Cuentas recomienda la implementación del seguimiento para la gestión de la prestación a la dependencia
El presidente y el vicepresidente del órgano auditor, Alfonso Peña y Luis Rufas, han comparecido en las Cortes de Aragón para dar a conocer el informe de seguimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas para la aplicación de la Ley de Dependencia en Aragón

El presidente y el vicepresidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña y Luis Rufas, respectivamente, han presentado esta mañana ante los miembros de la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas el informe de seguimiento del nivel de implantación de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas para la aplicación de la Ley de Dependencia en Aragón. De esta manera, los representantes del órgano auditor han puesto el foco en las recomendaciones relativas a la implementación del modelo de seguimiento para la gestión de la prestación a la dependencia y a medidas de control para poder llevar a cabo una correcta fiscalización del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

 

Para introducir el informe, Alfonso Peña ha explicado que el trabajo hoy presentado “surgió a iniciativa del Tribunal de Cuentas”, a instancias de la Comisión Mixta del Congreso y Senado, y que la fiscalización de esta ley se trabaja de forma coordinada con las diecisiete comunidades autónomas, con una metodología acordada por este órgano colegiado.

 

A continuación, el vicepresidente del órgano auditor, Luis Rufas, ha tomado la palabra para destacar que “la implementación del modelo de seguimiento sería importante para la gestión de la prestación a la dependencia”, así como llevar a la práctica “medidas en el control” porque Aragón “no dispone de programas presupuestarios que recojan en exclusiva los gastos relacionados con el SISAAD, sino que se encuadran dentro de los destinados a servicios sociales”. “Nos hemos acercado de una manera fiable al sesenta y dos por ciento del gasto” del IASS, ha añadido.

 

Sobre los plazos para resolver la tramitación del expediente, Rufas ha detallado que hay una deficiencia en “la información suministrada por el IASS” y, por ello, la Cámara de Cuentas no ha podido contrastar estos datos. Además, ha sugerido que “habría que pensar cómo se puede agilizar la tramitación” y ha emplazado a realizar una futura fiscalización para “verificar la implementación del aplicativo informático”.

 

En representación del PSOE, Óscar Galeano ha reflexionado sobre “hasta qué punto estamos fiscalizando el IASS con una ley que tiene diferentes cometidos que escapan a las competencias del instituto” y ha añadido que, si finalmente se ponen en práctica las medidas propuestas en el informe, “recuperaremos la lealtad institucional entre la Administración Central y las comunidades”. La parlamentaria popular Cristina Sainz ha incidido en “asegurar la correcta financiación para el reconocimiento de este derecho”, al tiempo que ha subrayado “el retraso en la implantación del expediente electrónico”, así como en “el complejo entramado administrativo y la falta de personal”.

 

José Luis Saz, desde Ciudadanos, ha destacado que “de las solicitudes presentadas el quince por ciento no están resueltas” y, por ello, “hay que analizar la velocidad de respuesta, que es superior a los seis meses de máximo”. Del mismo modo, Saz ha puesto el foco en “el control una vez dictadas las resoluciones” y en la aplicación de la contabilidad analítica “que podría dar óptimos resultados”. Marta Prades (Podemos) ha puesto de relieve “la infradotación presupuestaria para poder ejecutar esta ley” y que la implementación de las recomendaciones “no es solo competencia de la comunidad autónoma, debe ser un trabajo conjunto con la Administración General del Estado y con una reforma estructural de todo lo relacionado con la política de los cuidados”.

 

Desde CHA, Carmen Martínez ha puesto de manifiesto que “es una ley que afrontaba unos retos muy importantes para el estado de bienestar y, desde el primer momento, fallaba en cómo se financiaba”. “Tendremos que valorar la gestión y si hay un respaldo económico suficiente” por parte del Gobierno de España, ha añadido. Marta Fernández (Vox) ha señalado que “seis de las nueve recomendaciones se han cumplido de manera total o parcial, pero no en el plazo máximo para resolver las solicitudes” y, en segundo lugar, ha resaltado que “no está desarrollado el expediente electrónico totalmente, aunque existen avances”.

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