Izquierda Unida ha recabado el apoyo mayoritario para "acabar con la segregación y discriminación que sufren los centros educativos en desventaja", en una sesión de la Comisión de Educación que también ha debatido un texto del PP, defendido por Fernando Ledesma, que solicitaba “una mayor transparencia” en la gestión de las convocatorias para la protección del patrimonio histórico cultural
Las Cortes de Aragón han aprobado, con los votos a favor de todas las formaciones excepto Ciudadanos, que se ha abstenido, un texto de impulso presentado por Izquierda Unida en el que se pide la adopción de medidas para el tratamiento específico para los centros con mayor concentración de alumnos ACNEAE, es decir, los que tienen necesidades especiales, para que en el corto plazo "no acreciente las desigualdades existentes".
Álvaro Sanz, portavoz de Izquierda Unida y que ha presentado la iniciativa en la Comisión de Educación, ha dicho que “es necesario actuar para atender adecuadamente a los alumnos con necesidades especiales” porque “es evidente que tenemos un problema con la segregación y discriminación en determinados centros”. Para ello ha pedido “medidas valientes para reducir esas consecuencias negativas”.
Los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno han presentado una enmienda, que ha defendido en primer lugar el diputado socialista Ignacio Urquizu. El portavoz del PSOE ha dicho que “el Gobierno de Aragón está actuando” en todos los centros “para que las ratios sean menores” y ha destacado que se está prestando apoyo a los docentes. Marta de Santos, de Podemos, ha destacado que “en este caso es importante que se plasme negro sobre blanco un apoyo unánime a estas medidas”, para que se refuercen como mandato de esta Cámara “gobierne quien gobierne”. Por parte de CHA, Isabel Lasobras ha dicho que “estamos de acuerdo con la propuesta” para garantizar “un equilibrio en los distintos centros y una educación inclusiva e integradora”. Desde el PAR, la diputada Esther Peirat, ha dicho que las actuaciones se han ido afrontando desde el proceso de escolarización, y ha mostrado su satisfacción por llegar a un acuerdo “porque beneficia a la educación de los aragoneses, y en particular a los alumnos ACNEAE”.
Por parte del G.P. Popular, la diputada Pilar Cortés ha dicho compartir la preocupación por el apoyo extra a estos alumnos, y ha matizado que “ha tenido suerte de presentar algo que el Gobierno ya está preparando”. Desde Ciudadanos, el diputado Carlos Trullén ha afirmado que “estamos de acuerdo con el fondo del asunto, porque este alumnado necesita una atención específica” pero ha mostrado su discrepancia por el enfoque general de la iniciativa porque “no creemos que haya segregación en nuestro sistema educativo”. En representación de Vox, el diputado David Arranz ha señalado que los centros que acogen a este tipo de alumnos “deben contar con estándares de calidad aún mayores”, y que la propia denominación de centros ‘en desventaja’ “no es la más correcta”.
PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL
La Comisión de Educación ha debatido también esta mañana una proposición no de ley presentada por el G. P. Popular que “busca una mayor trasparencia de los fondos europeos destinados a la protección del Patrimonio Histórico Cultural del Gobierno de Aragón”. Una propuesta que no ha contado con el respaldo necesario para ser aprobada, con el voto a favor únicamente de Ciudadanos y Vox.
El diputado popular Fernando Ledesma ha sido el encargado de presentar esta iniciativa y ha solicitado “fijar los criterios en las convocatorias de ayudas para la protección de Patrimonio Histórico y que se sepa con anticipación”. Así, ha argumentado “para que haya un justo reparto y que los municipios no se sientan traicionados o puedan pensar que depende del color del partido que gobierne".
Por su parte, el G. P. Socialista, con Ignacio Urquizu, ha defendido que “existen municipios que nunca verán recibir ayudas porque no cuentan con un técnico para que esa competencia competitiva sea posible” en el reparto de los fondos. En esta línea, Carlos Trullén (Ciudadanos) ha apoyado la iniciativa ya que se muestran “a favor de dar más poder a las instituciones para que vaya mayor neutralidad”. Marta de Santos, desde las filas de Podemos, ha mostrado interés en “el estudio realizado por el G.P. Popular” sobre el reparto de las ayudas para el Patrimonio Histórico y ha celebrado que “se sumen a las acciones de transparencia”.
La parlamentaria Isabel Lasobras (CHA) ha defendido que “estas inversiones son ayudas por contratación directa por la Administración central” por lo que “no se puede actuar con este tipo de fondos”. Desde Vox, David Arranz ha compartido la posición del PP respecto a que “el reparto nazca del consenso y no de los colores de los partidos” y ha explicado “la necesaria transparencia en la gestión de los recursos”.
Esther Peirat, en representación de PAR, ha considerado que “el reparto de los fondos ya cuenta con los criterios a los que se hace referencia la iniciativa que se propone”. En esta misma línea, Álvaro Sanz (IU) ha incidido que “en las bases de las convocatorias ya aparece en qué se pretende invertir esos fondos”, por lo que “no entiende la propuesta”.