La sesión plenaria ha convalidado un texto que considera que “las excepcionales circunstancias sociales y económicas que ha producido la pandemia desencadenada por el COVID-19 han repercutido de una manera directa en la ejecución de determinados contratos del sector público”
La sesión plenaria de las Cortes de Aragón de este jueves ha servido para convalidar por unanimidad el decreto-ley 3/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública en la Comunidad. Según se justifica en el documento, “las excepcionales circunstancias sociales y económicas que ha producido la pandemia desencadenada por el COVID-19 han repercutido de una manera directa en la ejecución de determinados contratos del sector público”.
El decreto ha sido defendido en sesión plenaria por el consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón. Además, por parte de los grupos han intervenido en el debate Darío Villagrasa (PSOE), Ana Cristina Sáinz (PP), José Luis Saz (Cs), Marta de Santos (Podemos), Joaquín Palacín (CHA), David Arranz (Vox), Jesús Guerrero (PAR) y Álvaro Sanz (IU). También se ha votado su tramitación como proyecto de ley, a propuesta de PP, pero no ha salido adelante con los votos en contra de PSOE, Podemos, CHA, PAR e IU, mientras que el resto han votado a favor.
El texto del Ejecutivo liderado por Javier Lambán justifica estas medidas extraordinarias argumentando que el incremento de los precios de las materias primas, de la energía o del transporte, todo ello agravado por las consecuencias del actual conflicto entre Rusia y Ucrania, han repercutido de manera intensa en los contratos públicos, especialmente en los de obras públicas.
Esta situación, según se explica en el decreto-ley, ha “repercutido notablemente en la ejecución de un número significativo de contratos públicos, con no pocas dificultades para concluir su ejecución total a satisfacción de la Administración contratante”.