La institución denuncia en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas la existencia de un “engranaje administrativo, médico y jurídico” donde se acosa y expulsa a los militares que denuncian corrupción e irregularidades
La Comisión de Comparecencias Ciudadanas ha acogido esta mañana la intervención de la Asociación Cuestión de Justicia y Honor, que ha denunciado que los casos de acoso laboral en las Fuerzas Armadas “no son casos aislados”. El presidente de la Asociación, José Manuel Soto, ha afirmado que, desde la creación de la misma en 2018, “ya hemos recibido más de 200 expedientes” y que la vulneración de derechos fundamentales se sustenta en tres ejes: administrativo, médico y jurídico.
Soto ha detallado que los tribunales han avalado en varias sentencias la existencia de acoso laboral en la cadena de mando. Por ello ha invitado “a todos los parlamentarios, de todo signo político, a reflexionar sobre la necesidad de apoyo que sus conciudadanos requieren”, y ha pedido “una justicia ordinaria en tiempos de paz, porque no se puede permitir una justicia paralela”.
Ricard Mitjana, vicepresidente de la Asociación Cuestión de Justicia y Honor, que ha ejercido su profesión durante treinta años en Aragón, ha dicho que “los 15.000 militares destinados en Aragón deben ser protegidos por sus instituciones”, y ha denunciado que las Fuerzas Armadas, “que son una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos”, corren peligro de convertirse en “hogar de delincuentes”. Mitjana ha destacado que “la Justicia española se ha mostrado incapaz de defender los derechos fundamentales de los miembros de las Fuerzas Armadas” y ha afirmado que “todos los denunciantes de corrupción en las FF.AA. acabamos siendo retirados o expulsados”.
Desde el PSOE, Sergio Ortiz ha lamentado que “pese a que las Fuerzas Armadas se han modernizado, todavía quedan aspectos anacrónicos y retrógrados, cuando el trabajo humano y el trabajo en equipo debería ser vanguardia”. A su vez, ha agradecido que “continúen en su vocación militar” a pesar de las circunstancias. Por su parte, el diputado popular José Antonio Lagüens ha defendido que “tenemos muy claro que no se trata de desprestigiar a la institución, sino de pedir que se cumplan los derechos fundamentales”. De la misma manera, la parlamentaria de Ciudadanos Elisa Acacia ha argumentado que “todos debemos defender a la institución, pero debemos diferenciar entre la institución y quien manda en ella”. Así bien, “si hay algún fallo en el mecanismo, hay que solucionarlo”, ha denunciado.
Desde las filas de Podemos, Vanesa Carbonell ha apuntado que “cualquier situación de corrupción se debe poner en conocimiento de las autoridades”. En este sentido, “las instituciones no podemos permitir que los derechos de los ciudadanos se vean mermados y debemos ponerle fin”, ha añadido. De igual forma, Carmen Martínez (CHA) ha reconocido “el valor para presentar la crudeza de la situación” de las Fuerzas Armadas. En esta línea, ha explicado la complejidad legislativa del servicio y ha defendido que “se merecen democratizarlo”.
El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha mostrado su sorpresa “al hablar de un entramado” y ha preferido “pensar en que son varios casos, aunque no aislados”. Por lo que “habría que seguir estos casos para solucionarlos”, ha concluido. Por último, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha sentenciado que “en tiempos de paz, no cabe la justicia militar”. En esta línea, ha apoyado la denuncia de los comparecientes sobre “finalizar la jurisprudencia militar y garantizar el respecto y todos los derechos fundamentales”.
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