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Entre los meses de febrero y junio, se han iniciado los trámites para la aprobación de once normas centradas en la economía, el sector primario, el medio rural o el sector educativo, entre otros

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El último periodo de sesiones en las Cortes de Aragón, que abarca los meses entre febrero y junio, ha visto como se ha iniciado la tramitación de once normas con rango de ley. Los textos están en diferentes etapas de su tramitación, aunque está prevista su aprobación definitiva antes de que termine esta legislatura. 

El Parlamento ha fijado sus objetivos en legislar sobre distintos ámbitos. Sobre economía, se han impulsado textos normativos relativos a la economía social o a la financiación municipal. Así, la Ley de Economía Social ha visto finalizado recientemente su plazo de presentación de enmiendas y está pendiente del informe de la ponencia y dictamen de la Comisión de Economía. Según su exposición de motivos, la economía social comprende “el conjunto de las actividades económicas y empresariales que, en el ámbito privado, llevan a cabo aquellas entidades que persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos”. 

La Ley del Fondo aragonés de Financiación Municipal también ha recibido las enmiendas de los grupos y se encuentra pendiente del informe de la ponencia y del dictamen de la comisión correspondiente. La nueva regulación “parte de las especiales características de la realidad aragonesa derivadas de la existencia de 731 municipios, en uno de los cuales, Zaragoza, reside más de la mitad del pueblo aragonés; del alto grado de envejecimiento; de la gran dispersión; de la baja densidad poblacional y del alto riesgo de desaparición de muchos núcleos de población”. 

Respecto al sector primario, las Cortes de Aragón están tramitado el proyecto de Ley de protección y modernización de la agricultura familiar y del patrimonio agrario de Aragón. En el mes de marzo de 2022 recibió las enmiendas de los grupos y quedan los trámites de informe de ponencia y dictamen de la comisión correspondiente. La norma nace ante la posición de desventaja de las explotaciones familiares por “el proceso de globalización de los mercados agrarios, así como la necesidad de elevadas inversiones para alcanzar los desafíos tecnológicos y de digitalización que se están produciendo en el sector para asegurar su sostenibilidad tanto ambiental como económica”. 

El órgano legislador también está impulsando una Ley de dinamización del medio rural, que ya ha celebrado sus audiencias legislativas –en las que participaron veintiséis entidades y asociaciones- y cuya presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios finaliza el 18 de julio. En su exposición de motivos, el proyecto de ley señala que se debe avanzar “en la aplicación del principio de igualdad de oportunidades para todas las personas cualquiera que sea el lugar de residencia, avanzar en accesibilidad y en la consolidación de los servicios básicos y esenciales, generar oportunidades de crecimiento, desarrollo socioeconómico y empleo en un medio rural territorialmente desarrollado, equilibrado y sostenible”. 

El Parlamento también ha puesto en el punto de mira las nuevas tecnologías. Así, se ha impulsado el proyecto de Ley de medidas para la implantación y desarrollo en Aragón de tecnologías en la nube (tecnología Cloud), que se encuentra en una fase temprana de su tramitación, ya que aún no se han celebrado las audiencias legislativas. La exposición de motivos señala que “el conocimiento tecnológico y la innovación son una palanca fundamental para el crecimiento económico, siendo una de las apuestas de esta Comunidad Autónoma el impulso de las nuevas tecnologías relacionadas con la computación o informática en la nube, las tecnologías Cloud, por su potencial transformador”. 

El educativo es otro de los sectores cuya regulación se ha querido impulsar desde el Parlamento. La Ley de participación de la comunidad educativa en los centros docentes se marca como objetivo “reconocer e impulsar estas iniciativas facilitando su implantación y desarrollo a través de una regulación que establezca la participación como objetivo tanto de las comunidades educativas para su organización como del proceso de adquisición, por parte del alumnado, de las competencias necesarias para su pleno desarrollo”. La norma se encuentra ahora mismo dentro del plazo de audiencias legislativas. 

La discapacidad y determinados sectores profesionales también han sido objeto de la acción legislativa. La tramitación de la Ley sobre el uso de los perros de asistencia para las personas con discapacidad está pendiente del debate de totalidad, y promueve “la utilización de perros de asistencia para facilitar la movilidad y autonomía de las personas con discapacidad o que padezcan una enfermedad determinada que requiera de este apoyo, garantizando que se permita su libre acceso a los lugares, alojamientos, establecimientos, locales, transportes y demás espacios de uso público sin que ello conlleve gasto adicional alguno a dichas personas”.  

También se ha regulado el sector de los higienistas dentales, con la puesta en marcha del proyecto de Ley de creación del Colegio Profesional de Higienistas dentales de Aragón. La norma, que se encuentra en la fase de audiencias legislativas, contribuirá “a una mejor defensa de la observancia de las reglas y código deontológico de la profesión, que redundará en un mejor servicio a la ciudadanía en general y en un mayor nivel de exigencia de competencia y de calidad en el desempeño del trabajo por parte de las y los profesionales”. 

La Cámara ha sacado adelante una ley relativa a los contratos con la Administración, con la tramitación del proyecto de Ley de uso estratégico de la contratación pública de la Comunidad autónoma de Aragón. En su exposición de motivos, señala que “la contratación del sector público es una de las materias por las que el legislador aragonés ha mostrado una mayor sensibilidad", y que “es preciso que la legislación aragonesa se sincronice con el marco jurídico vigente”, para poder explorar “todo el potencial que proporciona la vertiente estratégica de la contratación pública”. El texto se encuentra en estos momentos en fase de audiencias legislativas. 

Por último, también se han modificado leyes anteriores. Así, se está tramitando el proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de Comunidad Autónoma de Aragón. Un texto legal que está pendiente del informe de la ponencia y el dictamen de la Comisión Institucional. La norma introduce veinticuatro modificaciones, "que den respuesta a la sociedad presente y futura, con la participación de la sociedad, el consenso parlamentario y la adecuada ponderación de los intereses afectados, que permitan generar un entorno de juego sostenible, seguro, consciente, y responsable”. 

El proyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón se encuentra en fase de audiencias legislativas.  Pretende mejorar las discordancias, dice su exposición de motivos, por el cambio en la regulación del suelo no urbanizable promulgado en la anterior Ley, así como “la recuperación de la figura de las Delimitaciones del Suelo Urbano en los municipios que carecen de Plan General de Ordenación Urbana”, o la “dilación del procedimiento de aprobación del Planeamiento urbanístico”, entre otras medidas.