Actualidad

El Parlamento aragonés ha celebrado este martes las audiencias legislativas de este texto legislativo en las que han participado un total de dieciséis representantes de instituciones, sindicatos, entidades y asociaciones para realizar sus aportaciones

La Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública del Parlamento aragonés ha concluido esta mañana el proceso de audiencias legislativas del proyecto de ley de uso estratégico de la contratación pública con la presencia de dieciséis representantes de diferentes instituciones y colectivos para exponer sus propuestas en materia de contratación pública.  

Así, el primero en tomar la palabra ha sido José Carlos Pardo, representante de CERMI Aragón, quien ha propuesto “crear una herramienta, como una app o base de datos, para que los órganos de contratación tengan conocimiento directo de cómo es el sector de la discapacidad, su solvencia, finalidades y centros especiales de empleo”. El siguiente en intervenir ha sido Pablo Castillo, secretario de acción sindical de CC. OO., quien ha puesto en valor que “es esencial que la contratación pública contribuya a garantizar una estabilidad en el empleo y a que en la ejecución de los contratos públicos se efectúen unas condiciones laborales dignas”. 

De igual manera, desde UGT, Angélica Mazo ha puesto en valor que “es más adecuado elaborar un nuevo proyecto de ley capaz de solucionar las disfunciones y carencias identificativas de la norma que regula la contratación pública en Aragón, en lugar de apostar un texto refundido que no daría soluciones a esta”. A su vez, la presidenta de CEPYME Aragón, María Jesús Lorente, ha valorado que “se recoja en los principios rectores el mandato europeo de que las pequeñas y medianas empresas participemos en la contratación pública en igualdad de condiciones”, pero “no figura la simplificación administrativa”. 

A continuación, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, Julio Tejedor, ha dicho que “los problemas los tenemos en la Ley básica estatal y no en las directivas” y ha planteado “recuperar el equilibrio, no hagamos leyes que se escoren hacia un lado de la ecuación como el precio”. Desde UPTA Aragón, su secretario general Álvaro Bajén ha señalado que “no vamos a conseguir nada con mucha normativa si no concienciamos a quienes ejecutan estas órdenes, que son los funcionarios” y ha añadido que la norma “presenta verdaderas dificultades para que nosotros podamos acceder a estas contrataciones”. El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, ha puesto de manifiesto que “su valoración del proyecto no es totalmente positiva” porque “puede abundar más en el problema de la sobrerregulación” y el proyecto debería haber sido “mucho más contenido y centrado en la propia contratación pública”. 

Desde el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, su presidenta María Eugenia Rubio ha valorado positivamente “el esfuerzo legislativo para adaptar la normativa a nuestras peculiaridades, pero se ha quedado escaso” y ha apostado por “impulsar la participación de las entidades locales”. El representante del Observatorio de Contratación Pública de la Universidad de Zaragoza, José María Gimeno, ha afirmado que la estructura prevista en el texto legal “en vez de ayudar, puede ser un freno” y ha echado de menos “alguna referencia a los fondos Next Generation y otras normativas” porque “no hay ningún guiño en la ley que oriente a cómo trabajar con ellos”. Asimismo, la interventora general de la Comunidad Autónoma, Ana Gómez Barrionuevo, ha manifestado que “el proyecto de ley es excesivamente extenso y complejo” lo que hace “más difícil su control” y ha pedido aplicar los principios de mínima regulación. 

De igual forma, el director general de CEOE Aragón, Jesús Arnau, ha puesto de relieve que el sector público es muy relevante para el PIB y “cualquier modificación de las reglas del juego puede afectar también al sector privado” y ha dicho que una normativa tan extensa “no es fácilmente asumible por las pymes y autónomos”. La representante de Equipos Móviles de Campaña S. A. U., María José Acedo, ha apostado por “la inclusión de los criterios de Objetivos de Desarrollo Sostenible en la contratación pública” y ha destacado que “las empresas deberían concurrir en igualdad de condiciones y de competencia”, incluyendo en estos criterios a empresas extranjeras. 

Desde Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), su directora gerente María Teresa Ortín y su responsable del Área de Gestión Operativa y Contratación Mercedes Garzarán han señalado esta ley “es una oportunidad que se debe aprovechar al máximo” para culminar el proceso de “racionalización de la contratación pública” y establecer una estrategia que permita “un marco jurídico flexible”. El responsable de la Red de Economía, Alternativa y Solidaria (REAS), Luigi Carinci, ha afirmado que “el planteamiento de este proyecto de ley supone un avance” aunque “el texto sigue siendo más programático que normativo” y los principios “no terminan de desarrollarse, sobre todo en los criterios de acceso a la economía social”. 

Millán Díaz, profesor titular de la Cátedra de Economía Social y Cooperativas de la UNIZAR, ha pedido reconocer la contratación pública “como un instrumento clave para el desarrollo de la economía social” y como un sector con potencial para transformar la economía después de la covid19 “porque hay margen para aprovechar mejor sus posibilidades”. Por último, María Luisa Esteve, directora de la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción, ha pedido “medidas públicas que discriminen positivamente a las empresas de inserción”, porque en Aragón “el avance está siendo muy lento”.