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Los decretos-ley de Prestación Aragonesa Complementaria y de medidas urgentes por el incendio en la Comunidad de Calatayud obtienen el visto bueno de la Mesa de las Cortes

Los decretos-ley de Prestación Aragonesa Complementaria y de medidas urgentes por el incendio en la Comunidad de Calatayud obtienen el visto bueno de la Mesa de las Cortes
En su reunión de esta mañana, el órgano rector de las Cortes también ha calificado, entre cerca de trescientos nuevos documentos, el proyecto de ley de información geográfica de Aragón, las prórrogas a los de contratación pública y dinamización del medio rural

El nuevo periodo de sesiones en las Cortes de Aragón ha arrancado con un importante volumen de documentos parlamentarios, que han quedado listos para su tramitación. Hasta 281 documentos han sido calificados por la Mesa de las Cortes, que se ha reunido esta mañana en la sede parlamentaria.  

 

Entre ellos destaca la tramitación de dos decretos ley. El primero se refiere al incremento extraordinario para 2022 del importe de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital. El segundo se dedica al establecimiento de medidas urgentes para reparar los daños causados por el incendio del mes de julio en la Comunidad de Calatayud.  

 

La Mesa también ha admitido a trámite la prórroga del plazo de presentación de enmiendas a dos proyectos de ley: el de uso estratégico de la contratación pública, solicitado por Vox; y el de dinamización del medio rural, a instancias de Ciudadanos. 

 

En este paquete de documentos parlamentarios se incluye la tramitación del proyecto de Ley de información geográfica de Aragón, aprobado por el Gobierno de Aragón el 27 de julio de 2022.  

 

También se han admitido trece interpelaciones a los consejeros del Gobierno de Aragón, doce a instancias del PP y una de Cs. El consejero de Hacienda, con cuatro, es el que más veces ha sido requerido para intervenir ante el Pleno, para debatir sobre sostenibilidad financiera, endeudamiento y sobre la política general del Departamento. Le sigue el consejero de Industria, con tres interpelaciones, y la de Ciencia, con dos. También se ha admitido la interpelación a los consejeros de Presidencia, Sanidad, Ciudadanía y Vertebración del Territorio. 

 

 

El grueso de los documentos parlamentarios que han sido calificados por la Mesa se refieren a las veintiséis solicitudes de comparecencia de los miembros del Gobierno de Aragón ante el Pleno. Así, se ha dado el visto bueno a la comparecencia, a petición propia, del presidente del Gobierno de Aragón para informar sobre las medidas y mejoras adoptadas en el sistema sanitario. Javier Lambán también ha sido requerido para debatir sobre la situación de la sanidad aragonesa, a instancias de Cs, y sobre el trabajo realizado para que Zaragoza acoja la sede de la Agencia Estatal de Salud (PP). 

 

 

Por otra parte, se han calificado treinta solicitudes de comparecencia de los consejeros y altos cargos del Gobierno ante la comisión correspondiente, muchas de ellas referidas a la política de gestión forestal, la elaboración del Presupuesto para el ejercicio 2023 o el Plan de Atención Primaria, entre otros. 

 

 

El paquete de documentos parlamentarios incluye un numeroso grupo de proposiciones no de ley, para su tramitación en el Pleno o en la comisión correspondiente. Son un total de veinticinco iniciativas, trece impulsadas por el PP, diez por Cs y dos por Vox. Entre otros asuntos, se refieren a la prevención de los incendios forestales, la apertura del centro de salud de Utebo o la adopción de un Plan Nacional del Agua.  

 

 

También se ha admitido a trámite una propuesta de proposición no de ley de iniciativa ciudadana, relativa a la declaración de los Monegros como Parque Nacional, que ha sido llevada a la Cámara a través de la web de Iniciativas y preguntas ciudadanas por el Colectivo Emigrante Aragónes CEA. La propuesta se trasladará a los grupos parlamentarios para que, en el plazo de quince días, la asuman como propia y pueda continuar su tramitación. 

 

 

Por último, la Mesa ha dado luz verde a sesenta y ocho preguntas para su respuesta oral o escrita, así como a ciento siete solicitudes de información y documentación y quejas por falta de respuesta. 

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