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El Parlamento aragonés arranca con la tramitación del proyecto de ley del sistema de protección civil y gestión de emergencias de Aragón

El Parlamento aragonés arranca con la tramitación del proyecto de ley del sistema de protección civil y gestión de emergencias de Aragón
La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha sido la encargada de presentar ante la Cámara la propuesta normativa elaborada por el Gobierno, en un debate de totalidad que ha salido adelante con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios excepto Vox, que se ha abstenido

El Parlamento aragonés ha arrancado esta mañana con la tramitación del proyecto de ley del sistema de protección civil y gestión de emergencias de Aragón. La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha sido la encargada de presentar ante la Cámara la propuesta normativa elaborada por el Gobierno, en un debate de totalidad que ha salido adelante con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios excepto Vox, que se ha abstenido.

 

Además de Pérez, han pasado por la tribuna del hemiciclo, por parte de los grupos parlamentarios, el socialista Álvaro Burrell, José Antonio Lagüens para exponer la posición del PP, Beatriz García desde Ciudadanos, Itxaso Cabrera por Podemos, Carmen Martínez como representante de CHA, Marta Fernández para dar voz a Vox, el portavoz del PAR, Jesús Guerrero, y el diputado de IU, Álvaro Sanz.

 

De acuerdo con su primer artículo, esta futura ley “tiene por objeto establecer y regular el Sistema de protección Civil y Gestión de Emergencias de Aragón, regular las actuaciones del sector público de la comunidad autónoma de Aragón en materia de protección civil y establecer tanto la coordinación necesaria con el sector público estatal como con el sector público local en la gestión de emergencias individuales y colectivas”.

 

Una vez tramitado de forma favorable el debate de totalidad, queda abierto el plazo del primer procedimiento de participación ciudadana en la redacción de las leyes, las audiencias legislativas. Los grupos parlamentarios tienen cinco días para presentar los colectivos, entidades o ciudadanos que desean trasladar su visión sobre la propuesta remitida por el Ejecutivo.

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