Un total de trece representantes de servicios de protección civil y emergencias han realizado esta mañana sus aportaciones ante los miembros de la Comisión Institucional del Parlamento aragonés con el fin de mejorar la coordinación y eficacia de las actuaciones en este ámbito
La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón ha iniciado esta mañana las audiencias legislativas del proyecto de ley de sistema de protección civil y gestión de emergencias de Aragón con las intervenciones de trece representantes de diferentes entidades especializadas en la materia, a las que se sumarán las de otros seis colectivos esta tarde.
Así, el primero en tomar la palabra ha sido Óscar Aguarta como representante del Servicio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación Provincial de Huesca, quien ha destacado la importancia de “modernizar una ley del 2002” para establecer las bases de “los sistemas de planificación en protección civil para la prevención y análisis de riesgos”. Desde la Asociación de Agentes para la Protección de la Naturaleza en Aragón (AAPNA), José Damián Moreno ha expuesto que son un colectivo “de gran utilidad para los fines que persigue esta ley por los grandes conocimientos que tenemos del medio rural”. Además, ha apostado por “no separar la prevención de la extinción” y que la gestión de los incendios sea del Departamento de Medio Ambiente.
El presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Luis Zubieta, por su parte, ha calificado la ley como “un proyecto fundamental para el ámbito local” y “altamente consensuado con el Gobierno de Aragón”, en el que se “abordan cuestiones muy importantes, como la coordinación y la lealtad institucional”. El decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en Aragón, Ignacio Pérez-Soba, ha incidido en la “necesidad de contemplar más medidas y mejores para evitar los riesgos en materia de protección civil”, pues “adelantarse a los riesgos convierte el gasto en emergencias en inversión en seguridad”.
A su vez, el inspector jefe del Servicio de Incendios, de Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza, Eduardo Sánchez, ha declarado que “lo más importante que tenemos es la vida de los seres humanos” y que “una Comunidad como la nuestra no puede permitirse el lujo de atomizar las emergencias”, porque “debería estar todo unido en un mando único”. La técnico de Servicios del Servicio comarcal de protección civil-vialidad invernal de Ribagorza, Sonia Garuz, ha defendido que “se tiene que contar con la gente del territorio no solo en las emergencias extraordinarias, sino también en las ordinarias”, porque “son los que conocen las particularidades de la zona”.
El representante de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Utebo, Miguel Calderón, ha reclamado “un mayor apoyo desde las comarcas a las agrupaciones de voluntarios”, así como la "presencia del colectivo en la Academia de Emergencias". Mientras que el jefe de la Unidad de Protección Civil de la Administración General del Estado en Huesca, Emilio Leo, ha manifestado que “para no quedar rezagados es necesario que la ley se apruebe cuanto antes” en aras de “fortalecer el sistema nacional de protección civil”, pues “es una tarea de conjunto”.
Las coordinadoras del Grupo de Trabajo de Psicología de la Intervención en Emergencias y Catástrofes en el seno del Colegio Profesional de Psicología de Aragón, Mª Carmen Maluenda y Mª José Ochoa, han expuesto que “la psicología de emergencias es una especialidad que exige una gran formación y debemos adquirirla de forma privada”, pese a que “nuestra intervención es totalmente voluntaria”. El representante del Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón (SPBA), Francisco Javier Tomey Cabrera, ha denunciado que “ni el Gobierno de Aragón ni los titulares del servicio de bomberos están cumpliendo con el número de vehículos y profesionales acordados o las dotaciones mínimas por guardia”. De igual forma, el presidente de la Agrupación de bomberos voluntarios de Almudévar, Joaquín Abiol, ha reclamado que “se reglamente el funcionamiento de los bomberos voluntarios” porque “las catástrofes de los últimos años nos están demostrando que en el medio rural no pueden atenderse todas las emergencias”.
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