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Seis entidades han presentado sus valoraciones esta tarde al texto normativo, avanzando de esta forma en una tramitación que, a partir de este momento, entra en el plazo de presentación de enmiendas por parte de ciuddanos y grupos parlamentarios

La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario ha celebrado esta tarde el último turno de audiencias legislativas, con la participación de seis entidades, que se unen a las trece que han presentado sus impresiones esta mañana.  

Los primeros en intervenir han sido Eloy Mayo y Lina Soler, director y jefa de estudios del Centro Público Integrado de Formación Profesional "San Blas" de Teruel. Mayo ha indicado que es el centro que tiene adjudicados los dos ciclos formativos en esta materia y es “fundamental” el apoyo de las instituciones al sistema de servicios de emergencia. Soler ha dicho que “era necesario actualizar la legislación” y es necesario adaptarse a los fenómenos de accidentes, emergencias y catástrofes que cada vez “son más imprevisibles y causan un mayor impacto en la población”. 

Desde la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Cinca Medio, que ha participado por videoconferencia, su presidenta Noelia Lanau ha dicho que la normativa es adecuada, especialmente en todo lo relativo a la prevención”, aunque ha echado en falta “que no se nombre el decreto 204/2017 que es por el que se regula el voluntariado en Aragón”, y ha pedido diferenciar “más claramente” el voluntariado de protección civil y el voluntariado de bomberos.  

A continuación, ha intervenido Noelia Domínguez, representante del Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, que ha señalado “la evidente evolución de la redacción del texto” en lo referente a la atención social en la gestión de emergencias, y ha considerado un acierto “la incorporación de la relevancia de la formación de los profesionales, así como nuevos términos de clasificación de las emergencias, redactados desde un punto de vista sensible, social e inclusivo”. 

Jaime Sendra, decano de Delegación territorial de Aragón del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales (COITF-Aragón), ha dicho que es “una muy buena ley, que renueva la de 2002 y lo hace para mejorar”. Sendra ha dicho que los incendios que se dan en la actualidad “están fuera de la capacidad de extinción porque hay una masa forestal en los montes como nunca habíamos tenido hasta ahora”, y ha pedido una gestión forestal “sostenible y activa”, basada en la prevención, para poder hacer frente a estos fenómenos. 

Representando a la Asociación de Bomberos profesionales de Aragón, Víctor Rodrigo ha reconocido “las dificultades intrínsecas de elaborar una ley de emergencias” teniendo en cuenta las características del territorio. Rodrigo ha denunciado que el texto “parece olvidar la correcta gestión de las emergencias, para la que es necesario dotar de suficientes medios materiales y humanos la red de atención básica de emergencias”, ante unos servicios de gestión de emergencias “que siguen precarizándose”. 

Por último, y por videoconferencia, ha intervenido el alcalde del Ayuntamiento de Monzón, Isaac Claver, que ha señalado que desde el 1 de enero de 2021 la ciudad “no tiene bomberos físicamente” por lo que debe ser considerada una “zona de especial relevancia por el riesgo derivado de la gran actividad industrial” que tiene el término municipal. Javier Navarrete, miembro del cuerpo de bomberos de Monzón, ha afirmado que “de un día para otro, la Diputación de Huesca prescindió de las 15 personas que formábamos este servicio” y ha dicho que “después de tantos años trabajando no se nos da la oportunidad ni siquiera de trabajar de forma voluntaria o a tiempo parcial”.