La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales ha comparecido esta tarde ante la Comisión Institucional de la Cámara autonómica, a propuesta del diputado popular Fernando Ledesma, quien ha denunciado que “si se trata de fijar población no entendemos por qué se limitan a un mero 5% de las cotizaciones sociales o no se mejora la calidad de los servicios en el medio rural”
La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, en su comparecencia esta tarde ante la Comisión sectorial de la Cámara autonómica, a petición del parlamentario del PP Fernando Ledesma, ha defendido que, “por primera vez, llevamos tres años consecutivos en los que hemos conseguido frenar la sangría en materia de despoblación en Teruel”, lo que “evidencia que las políticas de fortalecimiento de servicios públicos y generación de oportunidades están dando buen resultado”.
De esta manera, Pérez ha incidido en que “la autonomía le ha sentado muy bien a Teruel” y “mientras entre 1940 y 1981 se perdieron cien mil personas en la Provincia, entre 1981 y 2021 solo se marcharon dieciocho mil turolenses”. A su vez, además, la consejera ha declarado que “Teruel está en una situación técnica de pleno empleo, con tan solo una caída del diecinueve por ciento en el número de desempleados”.
Por otra parte, la titular de Presidencia y Relaciones Institucionales se ha referido a la calidad de vida en la Provincia y ha afirmado que “el salto es absolutamente impresionante” y, si se atiende al dato del PIB per cápita, “Teruel es la provincia de toda España en la que más ha aumentado porcentualmente”. Un ejemplo de ello, y “una apuesta clara de deslocalización”, tal y como ha apuntado Pérez, es el Centro de Competencias Digitales de Renfe, que lleva abierto un año y medio.
En última instancia, Mayte Pérez ha explicado que, desde el Gobierno, están “trabajando y modificando que Teruel, Cuenca y Soria pasen a ser zonas muy escasamente pobladas” y “se ha conseguido que la intensidad de las ayudas de funcionamiento y las inversiones en Teruel aumenten en cinco puntos”, lo que significa que “una gran empresa va a tener hasta un veinte por ciento de ayuda y una pequeña hasta un cuarenta por ciento”. En definitiva, ha concluido la consejera, “intentamos impulsar políticas públicas que den seguridad a la gente para poder seguir viviendo en sus municipios y que generen esperanza e ilusión”.
El diputado popular Fernando Ledesma ha denunciado que “con las políticas de vertebración territorial van a poder engañar a los aragoneses y a los turolenses, pero si se trata de fijar población no entendemos por qué se limitan a un mero 5% de las cotizaciones sociales o no mejoran la calidad de los servicios en el medio rural”.
La socialista Beatriz Sánchez ha celebrado que “este Gobierno crea en las potencialidades de Aragón y trabaje porque las ayudas al funcionamiento puedan ser una realidad”, ya que “pueden suponer una diferencia para que empresarios que estén en duda elijan Teruel como destino de sus inversiones”. Ramiro Domínguez, por parte de Ciudadanos, ha reconocido que “la mayoría de las grandes empresas están en las cabeceras de comarca” y “tanto las cabeceras de comarca como la capital de provincia está creciendo, pero los pueblos pequeños no”.
La diputada de Podemos Itxaso Cabrera ha declarado que “las políticas contra la despoblación no son parches sino que son medidas generales con una visión transversal y a largo plazo”, al tiempo que ha recordado que “en 2023 el Gobierno aragonés presenta unos presupuestos de más de ocho mil millones de euros”. Carmen Martínez, por parte de CHA, ha reclamado al portavoz del grupo proponente “un poco menos de arrogancia” porque “las políticas de despoblación tardan al menos cincuenta años en empezar a dar resultados”.
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