El Grupo Popular ha recabado el apoyo de Ciudadanos, Vox y PAR para sacar adelante una iniciativa, con el voto en contra de PSOE, Podemos, CHA e IU, que considera que la reciente norma vulnera principios básicos y constitucionales, vulnerar la seguridad jurídica y el principio de legalidad
Las Cortes de Aragón han pedido esta tarde la “inmediata revisión” de la Ley Orgánica 10/2022 para que “quienes comentan delitos sexuales puedan tener las mismas penas que estaban en vigor en septiembre de 2022”. El Grupo Popular, que ha presentado en el Pleno una proposición no de ley para modificar “por la vía de urgencia la llamada ley del sí es sí”, ha recabado el apoyo de Ciudadanos, Vox y PAR para sacar adelante una iniciativa, con el voto en contra de PSOE, Podemos, CHA e IU, que considera que la reciente norma vulnera principios básicos y constitucionales, vulnerar la seguridad jurídica y el principio de legalidad.
La diputada Mar Vaquero ha sido la encargada de buscar el apoyo del resto de formaciones desde la tribuna, para un texto enmendado por VOX, en un debate en el que también han participado la socialista Lorena Canales, Beatriz García desde Ciudadanos, Itxaso Cabrera para exponer la posición de Podemos, Isabel Lasobras por CHA, Marta Fernández como representante de VOX, Esther Peirat por parte del PAR y el diputado de IU, Álvaro Sanz.
La redacción final de la propuesta ha sido la siguiente:
“Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
Primero.- Dirigirse al Gobierno de España para instarle a la inmediata revisión, por la vía de urgencia, de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, y para que quienes cometan delitos sexuales puedan tener, cuanto antes, las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022, y que se han visto rebajadas con la actual regulación.
Segundo.- Dirigirse al Gobierno de España para instarle a la inmediata revisión, por la vía de urgencia, de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, por vulnerar principios básicos jurídicos y constitucionales, vulnerar la seguridad jurídica y el principio de legalidad
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a Presidencia del Gobierno, a los ministerios de Justicia y de Igualdad, y a la Mesa del Congreso y del Senado.”
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