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La Cámara de Cuentas destaca su compromiso para “realizar siempre informes objetivos y enfocados con un criterio profesional de independencia”

La Cámara de Cuentas destaca su compromiso para “realizar siempre informes objetivos y enfocados con un criterio profesional de independencia”
El presidente y el vicepresidente del órgano auditor, Alfonso Peña y Luis Rufas, han presentado esta mañana ante los miembros de la Ponencia del Parlamento aragonés el informe especial elaborado para realizar un análisis de Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST) en los ejercicios 2019-2020

El presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, y el vicepresidente del órgano auditor, Luis Rufas, han comparecido esta mañana en la primera Ponencia de la Cámara en la XI Legislatura para dar a conocer el informe de fiscalización sobre el análisis presupuestario, económico y financiero, centrado en la actividad contractual de Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST) en los ejercicios 2019-2020.

 

Así, Alfonso Peña ha recordado que el compromiso de la Cámara de Cuentas es “realizar siempre informes objetivos y enfocados con un criterio profesional de independencia” y que la Ponencia “permite difundir nuestro trabajo al máximo nivel y discutir los informes en esta Cámara” para realizar recomendaciones que, junto con las propuestas de los grupos, permiten “corregir deficiencias y ser un instrumento útil”. 

 

A continuación, el vicepresidente de la Cámara de Cuentas, Luis Rufas, ha incidido en que la gran salvedad detectada en el informe presentado de AST es que “se ha de aplicar el nuevo plan contable, derivado de los sistemas de control financiero y sometimiento al fondo de liquidez autonómica, pero el ritmo de adaptación ha sido distinto en el sector privado y público”.

 

Asimismo, ha explicado que en los dos contratos relativos a la renovación del parque informático para la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y al servicio de transformación digital de datacenters ha sucedido que “se configuró como un contrato de servicios plural que aparecía con la consideración de que no era un arrendamiento en sentido jurídico-económico” y que con la aplicación del nuevo plan contable surgió una diferenciación. 

 

Por parte de los grupos parlamentarios, María Navarro (PP) ha reflexionado sobre el seguimiento que se hace a posteriori de los informes de recomendaciones de la Cámara de Cuentas para “hacer una supervisión interna y realizar una gestión eficaz” y, por ende, ha planteado “qué plazo dar a las administraciones para el cumplimiento de estas determinaciones para tener un gasto eficaz, eficiente y transparente”. Para el socialista Óscar Galeano, el informe presentado demuestra que el control es “exhaustivo y la capacidad que tiene la AST de ser pública, transparente y facilitar al máximo todo tipo de indicaciones contractuales”. Asimismo, ha preguntado cuántos de los contratos de AST con terceros “actúan como palanca e impulsan la actividad del sector TIC de Aragón”. 

 

Desde Vox, Fermín Civiac ha centrado su intervención en los dos contratos de AST en 2017 relativos a la adquisición de 20.000 ordenadores para poner a disposición de toda la Administración, entre otras cuestiones. Así, ha apuntado que, aparentemente, se trata de “un contrato de alquiler, pero que en verdad es una compra con un pago de compra aplazado a través de una cuota de alquiler”, y ha preguntado “si el propósito podría haber sido ocultar el endeudamiento”. Para José Luis Soro (CHA), los informes de fiscalización “son una pieza clave para garantizar que funciona bien el precio de licitación” y, por ello, ha señalado que en la concurrencia en la contratación “hay menos de dos ofertas por contrato” y esto podría estar relacionado “con el precio o con la especialidad del mercado”. 

 

La parlamentaria Pilar Buj (Aragón-Teruel Existe) ha observado “varios errores o incorrecciones a la hora de hacer ciertas contabilizaciones en las cuentas de AST” y ha pedido conocer “en qué consisten los créditos provenientes del FITE”. Desde el G. P. Mixto, Álvaro Sanz (IU) ha destacado que “falta un rigor presupuestario necesario” por la “recurrencia de modificaciones de crédito para acometer gastos” y, por otro lado, que en la auditoría realizada se han detectado “incorrecciones a la hora de catalogar determinadas operaciones o de tasas contabilizadas fuera del año que correspondía”. 

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