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El proyecto de ley para la creación de impuestos medioambientales sobre parques eólicos en Aragón da comienzo al proceso de audiencias legislativas

El proyecto de ley para la creación de impuestos medioambientales sobre parques eólicos en Aragón da comienzo al proceso de audiencias legislativas
Catorce representantes vinculados con el medioambiente y la producción de energías renovables han contribuido con sus aportaciones ante los miembros de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública con el objetivo de perfeccionar y mejorar el texto normativo

La Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública del Parlamento aragonés ha iniciado esta mañana las audiencias legislativas del proyecto de ley para la creación de impuestos medioambientales sobre parques eólicos y fotovoltaicos en Aragón, y por el que se modifica el impuesto sobre las instalaciones de transporte en energía eléctrica de alta tensión. Durante la jornada, han participado un total de catorce representantes especializados en materia medioambiental para exponer y trasladar sus consideraciones y opiniones sobre el texto legislativo.

 

En primer lugar, ha intervenido Daniel Fernández, en representación de Engie España, quien ha trasladado que “hay margen de mejora en el diseño del impuesto”, así como “otros mecanismos menos incisivos que una imposición fiscal para apoyar al entorno y generar valor local, como son los de coparticipación en el territorio”. Desde EDP Renovables España, la directora de Crecimiento Estratégico y Regulación, Silvia Encinas, ha puesto en valor que Aragón “tiene una oportunidad indiscutible de desarrollo de riqueza vinculada al desarrollo de renovables, que puede servir de modelo para otras administraciones” y ha propuesto una implantación progresiva de los impuestos “para que las empresas puedan adaptar sus planes de negocio”. 

 

Seguidamente, José Manuel Iglesias, profesor del Máster en Energía Renovables de la Universidad Santiago de Compostela, ha expuesto que “un tributo ambiental debería tender a recaudar cero”, puesto que “en el momento de transición que estamos y el impacto reducido en el medioambiente de estas actividades de producción renovable, debe ser incentivado y no penalizado por los poderes públicos”. A continuación, el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, ha explicado que “España tiene por primera vez ventaja competitiva en el input de energía y si la estropeamos por impuestos y riesgos regulatorios, estaremos desperdiciando esta oportunidad histórica”. Asimismo, ha añadido que, en caso de ponerlos en marcha, “deberían ser impuestos finalistas”. 

 

Desde la Asociación Empresarial Eólica, Juan Virgilia ha reclamado que “estos impuestos son mecanismos de polarización entre comunidades, que complican la estrategia de inversión y diferencian a territorios frente a otros”, y ha resaltado que Aragón “ha sido una referencia hasta ahora, y el impuesto puede poner en peligro uno de los principales vectores de acción de la nueva riqueza del territorio”. Asimismo, el delegado de la Asociación de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) en Aragón, Jorge Edo, ha señalado que “este impuesto afecta gravemente a los pequeños productores y familias porque no van a estar compensados” y ha propuesto incluir “una exención a las afecciones medioambientales derivadas de los parques de generación fotovoltaica inferior a cinco megavatios”. 

 

La catedrática del Área de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza María Rosa Duarte ha explicado, a través de su último estudio que, siendo Aragón uno de los líderes en energía eólica, la tendencia de los casos de éxito de energías renovables "están ligados a una orientación hacia la energía fotovoltaica, pequeñas instalaciones y a un gran cuidado por el impacto indirecto en el desarrollo rural". Por otro lado, el presidente del Clúster de la Energía de Aragón (CLENAR), Pedro Machín, ha exigido al Gobierno de España “aumentar la demanda y el almacenamiento de energía” porque la situación de este último “sigue igual que en 2010” y, por otra parte, ha puesto de relieve que “tampoco se ha trabajado en la electrificación de la economía” y ha solicitado que el autoconsumo “esté exento de impuestos en todas sus modalidades”. 

 

Ignacio Pérez-Soba, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en Aragón, ha insistido en que para que estos impuestos estén justificados, "es imprescindible una real afectación de la recaudación a la mejora del medio natural, que es el principal afectado por estas instalaciones", y ha subrayado que “desde hace diecinueve años, nuestros montes no han notado nada de las recaudaciones que irían destinadas a restaurar el medio ambiente”. El presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Carmelo Pérez, ha afirmado que la transición energética en Aragón “no puede realizarse sin contar con el territorio” y que la seguridad jurídica es “el único elemento capaz de garantizar la credibilidad y la confianza de los inversores para que sigan desarrollando su actividad en la Comunidad”. 

 

A continuación, los representantes de la Plataforma 13 de marzo, Jesús Ruz y José Luis Ruiz, han trasmitido su posición favorable a “unos impuestos especiales para todo aquello que dañe el medioambiente”. A su vez, han solicitado a las Cortes “la aprobación de la Ley del Paisaje, un plan energético en Aragón y regular una moratoria antes de que el daño esté hecho y sea irreversible”. Desde la Asociación Viento Alto, Fernando Safont ha propuesto que el impuesto “impacte en los municipios que albergan las instalaciones de renovables” para “revertir parte de la riqueza al territorio donde se ubican, activar su economía y combatir el declive demográfico”. Además, ha propuesto “la creación de un fondo aragonés de solidaridad energética” para alcanzar este objetivo. 

 

El director de Energías Renovables de Galp, Carlos Relancio, ha recordado que Aragón “tiene un enorme potencial para la instalación de energías renovables y una gran extensión geográfica donde encontrar localizaciones idóneas y respetuosas con el medioambiente”. En referencia al impuesto, Relancio ha mostrado su preocupación con “este impuesto de doble imposición, que no solo desvía metas y recursos, sino que también ignora otras alternativas más beneficiosas para el medio y la comunidad”. Desde la Fundación para la conservación del Quebrantahuesos, Juan Antonio Gil ha puesto de manifiesto que las renovables “suponen una amenaza para la biodiversidad” porque “existe mortalidad por colisión en aerogeneradores, placas solares y tendidos eléctricos”, así como “una pérdida y destrucción de hábitats”. 

 

Para finalizar, Javier Oquendo, representante de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, ha celebrado que “se reconozca el daño al medioambiente, estamos de acuerdo en gravar el perjuicio, aunque entendemos que no se puede aplicar a todos los niveles”. Oquendo ha subrayado que “los tributos no protegen ni conservan, sino que pueden restaurar el daño”, y ha hecho hincapié en que “no hay renovables buenas o malas, lo que hay son localizaciones inocuas, y para ello hay que aplicar medidas como la Ley de Paisajes o un plan energético para Aragón que aún no están”.  

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