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Las audiencias legislativas del proyecto de ley de modificación del Derecho Foral en materia de capacidad jurídica continúan con las aportaciones del sector jurídico y social

Las audiencias legislativas del proyecto de ley de modificación del Derecho Foral en materia de capacidad jurídica continúan con las aportaciones del sector jurídico y social
Un total de cinco representantes del Juzgado de Primera Instancia nº 13, el Colegio Notarial de Aragón, la Comisión Técnica de Discapacidad, el Colegio Profesional de Trabajo Social y el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón han participado en el trámite parlamentario para realizar sus aportaciones al texto en materia de capacidad jurídica

El proyecto de ley de modificación del código de Derecho Foral de Aragón en materia de capacidad jurídica de las personas ha celebrado esta mañana la segunda sesión de audiencias legislativas con la participación de cinco representantes del sector jurídico y social para exponer sus contribuciones al texto ante los miembros de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón. 

 

Así, el primero en tomar la palabra ha sido el magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia nº 13, Armando Barreda, quien ha señalado que el proyecto de ley cuenta con “un cuerpo legal excelente, que mejora la ley estatal de 2021, siendo la primera comunidad foral que se atreve a reformar de manera integral su ordenamiento jurídico para adaptarlo a las modificaciones que ya hizo el Código Civil con respecto a las personas”. Por otra parte, el decano del Colegio Notarial de Aragón, Dámaso Cruz, ha planteado varias supresiones al texto en cuanto a medidas de publicidad “para evitar posibles riesgos de inconstitucionalidad”, así como modificaciones en relación con los testigos en los testamentos. 

 

De igual manera, desde la Comisión Técnica de Discapacidad de Aragón, María del Carmen Gracia y Sofía de Salas han destacado que el ejercicio de la capacidad es “un derecho fundamental vinculado a la dignidad de la persona y, por ello, “el término discapacitado debe cambiarse por persona con discapacidad”. Además, han realizado propuestas al texto legislativo en materia de familia.

 

A su vez, Joaquín Esbert, como representante del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, ha defendido “la individualización de las resoluciones judiciales que afectan a las personas con discapacidad” para que sean “un traje a medida”, además, de garantizar medidas de apoyo “para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica en condiciones de igualdad”. Por último, desde el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, María Cristina Chárlez ha resaltado que la reforma “consigue salvaguardar el contenido social, pero bajo la estricta legalidad,” que afecta “al derecho de la persona, menores, familia y sucesiones”. 

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