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Las representantes de FAPAR, FADEA y CGT han detallado esta mañana ante los parlamentarios autonómicos el trabajo de sus federaciones y colectivos, y han querido exponer sus preocupaciones y propuestas en torno al futuro del sistema educativo aragonés

Zaragoza, 08/05/2012.- Los representantes de la Asociación Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (FAPAR) han informado esta mañana ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón de las preocupaciones y propuestas en torno al futuro de la Educación en Aragón.

Juan Ballarín, en representación de FAPAR, ha estado acompañado en su intervención por Rubén Sanz, que ha hablado en nombre de Federación de Asociaciones de Estudiantes y Alumnos (FADEA), y por José Manuel Ágreda, de CGT, en nombre de los docentes y representando a la mesa sectorial.

En primer lugar, Ballarín ha expuesto su preocupación “por el modelo de educación y escuela que queremos: pública y laica”, y que ha considerado se encuentra en peligro porque “el sistema educativo de una sociedad debe ser analizado con filosofía de consenso duradero, no puede ser un negocio; tiene que tener un carácter público y no un interés economicista”. “La austeridad es un valor intrínseco de la educación pública, pero la crisis es la excusa para el cambio del modelo”, ha criticado el representante de FAPAR.

Entre las propuestas de su federación, Ballarín ha destacado la necesidad de “mantener el programa de gratuidad de textos o en su caso contemplar la progresividad tal y como se contempló en su día en las Cortes de Aragón a través de una proposición no de ley”; “garantizar subvención de comedores públicos y una red suficiente del transporte escolar en el mundo rural”; fomentar los “cauces de participación y comunicación a través de las APAS”; y apostar por una “planificación de la política educativa desde la perspectiva de la calidad y no de la del recorte”.

Posteriormente, Rubén Sanz (FADEA) ha criticado “el elitista modelo educativo que se fomenta”, así como algunas medidas tomadas en los últimos meses. Entre sus propuestas, Sanz ha solicitado apostar para que “todos los centros públicos cumplan con unos estándares de calidad óptimos y objetivos, y en caso de no llegar a los mismos, se estudie de forma conjunta entre el Gobierno y el propio centro las posibles medidas para su mejora”.

Por último, José Manuel Ágreda (CGT), representando a los docentes, ha asegurado que los profesores están “en contra de muchos de los recortes del Gobierno central y del análisis DAFO” y ha denunciado “la desinformación existente”. “Queremos que se instale un sistema de acceso a la Educación pública con unos estándares objetivos y de calidad” y que se potencie “la escuela rural para crear un futuro fuerte y sin fracturas”, ha afirmado Ágreda. Asimismo, se ha posicionado “en contra de los aumentos de ratios y de las horas lectivas, así como de la supresión de la dotación económica destinada a formación y a sustitución de profesorado”, ha matizado Ágreda, quien ha apostado por “una escuela pública, de calidad y laica que lleve a toda la sociedad aragonesa hacia un futuro cohesionado y esperanzador”.

Desde el G. P. Popular, Ramón Celma ha recordado a los grupos de la oposición que “no pasa nada por revisar los principios en materia educativa cuando en una serie de años no han dado los resultados deseados”, por lo que ha aconsejado “hacer análisis” para poder aplicar las mejores medidas. Entre las acciones tomadas, Celma ha asegurado que “hay algunos ajustes, pero en su gran mayoría se trata de medidas para una optimización de recursos, y en ningún caso afectan a la calidad de la enseñanza”. “Debemos, por las circunstancias en las que nos encontramos, saber diferenciar muy bien en el debate político entre lo importante de lo urgente”, ha asegurado el diputado popular.

Por su parte, María Victoria Broto, desde el G. P. Socialista, ha destacado “la necesidad de preservar la educación y la sanidad en tiempos de crisis” y ha defendido “el modelo educativo aragonés alcanzado en los últimos años, fruto del esfuerzo compartido y el compromiso de todos”. Asimismo, la diputada socialista ha mostrado su preocupación por el modelo educativo que se presenta ahora y ha criticado que las decisiones y consultas en esta materia hayan salido de los órganos habituales y comúnmente aceptados por todos para desviarse hacia unas mesas de trabajo.

Manuel Blasco (PAR) ha apuntado que, en materia educativa, “tenemos que ser capaces de desarrollar entre todos las medidas específicas para Aragón, teniendo en cuenta sus características, su Estatuto, su territorio o su problema de despoblación. Creemos en las competencias y en la capacidad de desarrollarlas desde la normativa y el consenso”. “Hay temas en los que coincidimos, por ejemplo que es grave que no haya un consenso sobre un sistema educativo estable con el paso de los años”, ha incidido Blasco, quien sin embargo ha mostrado su conformidad con algunas de las acciones que están tomando los actuales gestores.

Gregorio Briz (CHA) ha adelantado que “compartimos muchos de los supuestos que aquí han planteado” los intervinientes, y ha recordado que ahora “hay un debate sobre qué modelo de educación queremos para un futuro”, por lo que ha calificado de “ataque directo y sin contemplaciones a la escuela pública de este país” las medidas de recorte aplicadas por el Ejecutivo central. Briz, que ha repasado las diferentes medidas adoptadas por el Gobierno aragonés, ha asegurado que algunas de las acciones son “un ataque directo a la vida rural y a la conciliación de la vida laboral y personal”, si bien “estamos a tiempo todavía de no desmontar el modelo de la escuela pública nacional y aragonesa”.

Por su parte, desde IU, Adolfo Barrena  ha manifestado su apoyo a los comparecientes porque “desde nuestro grupo compartimos las alternativas que plantean” y ha criticado las políticas emprendidas desde el PP por “renunciar de preocuparse por los ciudadanos y ciudadanas”. Barrena ha sido duro con lo que ha considerado un “ajuste clarísimo que le aplican a la escuela pública para potenciar única y exclusivamente la escuela privada”, y se ha posicionado en contra del incremento de ratios, el cierre de vías en las escuelas públicas y de los centros de profesores y recursos, o la suspensión de los proyectos de nuevos equipamientos educativos en la Comunidad aragonesa.