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El Movimiento hacia un Estado Laido califica en las Cortes la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia católica como “el mayor expolio legal del último siglo”

El Movimiento hacia un Estado Laido califica en las Cortes la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia católica como “el mayor expolio legal del último siglo”
Representantes de la asociación que trabaja en favor de la aconfesionalidad del Estado ha reclamado en Comisión a los diputados autonómicos “investigación por parte de los poderes públicos” para conocer el número de bienes inmatriculados en Aragón, ya que, según sus datos, “pueden ser miles” y supone “un escándalo monumental”

Zaragoza, 03/11/15.- La asociación Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL) ha cifrado esta mañana en “miles de bienes” los que podrían haber sido inmatriculados en Aragón por la Iglesia católica entre 1978 y junio de 2015, cuando la reforma legal anuló esta potestad. Una cuestión que, en su opinión y en base a esta estimación propia, supone “un escándalo monumental” y “el mayor expolio legal del último siglo”. “Un privilegio establecido por la dictadura y mantenido y ampliado en la etapa democrática”, ha añadido Jorge García, dando voz al colectivo.

Este portavoz, junto con Alicia Alcalde, han protagonizado la segunda parte de la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de este miércoles hablando sobre este tema. Una cuestión que, según han explicado, viene de la Ley Hipotecaria de 1946, que “confería la potestad de realizar la primera inscripción de bienes de dominio público a la Iglesia convirtiendo a obispos y arzobispos en auténticos fedatarios públicos”. Una cuestión que, en base a sus palabras en Comisión, “se amplió a lugares de culto, hasta ese momento vetadas, en 1998 por el Gobierno de Aznar”.

Por su parte, Alcalde ha recordado que “no se cuestiona el carácter y uso religioso de los inmuebles, pero sí que el uso no religioso o la explotación económica corresponda a los poderes públicos”. Por eso, ha animado a las formaciones políticas a “ponerse de acuerdo en todas aquellas actuaciones orientadas a reclamar inmatriculaciones y recuperar la titularidad pública”. Entre los bienes en esta situación, el colectivo MHUEL ha nombrado la SEO de Zaragoza, en 1988, “diez años antes de que lo permitiera la Ley”, San Juan de los Panetes  o la Catedral de Jaca, “en 2015 días antes de que finara la potestad inmatriculadora”.

Fernando Galve ha trasladado a los comparecientes que la posición del PP está “en las antípodas de lo que piensan”. Una cuestión que es así, según sus palabras, “por muchos y diferentes motivos”. “La Iglesia no puede hacer lo que quiera porque está la Ley”, ha expresado, añadiendo que “existen diferencias entre inmatricular y propiedad”. Este parlamentario ha criticado al colectivo porque “su gran preocupación demuestra unos grandes prejuicios sobre todo lo que tiene que ver con la Iglesia católica”.

Desde el Grupo Socialista, Darío Villagrasa ha coincidido con la asociación participante hoy en la Comisión en “la prioridad de avanzar hacia un estado laico”. Algo que, en su opinión, “ya se ha establecido así en estas Cortes”. Para Villagrasa, “el dinero público tiene que repercutir directamente en la ciudadanía y existe en esta cuestión un campo de estudio, debate y profundización muy interesante”. En este sentido, Villagrasa ha apostado por “que sean los servicios jurídicos los que realicen un inventario”.

También ha participado en la Comisión Amparo Bella (Podemos), criticando en relación al tema de la comparecencia que “es discutible que se nombrara fedatarios públicos y la legislación está para cambiarla”. “Para eso estamos aquí”, ha añadido. Bella ha recordado que en el programa de la formación, “votado este fin de semana”, se pide “la anulación de acuerdos con la Santa Sede” o, entre otros asuntos, “la presencia pública de autoridades en actos confesionales”, apostando por “una ley de libertad de conciencia”.

Por parte del PAR, Lucía Guillén ha recordado que su formación no apoyó el texto de Podemos sobre la inmatriculación de la Catedra de Jaca alegando que “inmatricular y propiedad no es lo mismo”. “En el derecho español la propiedad es anterior a su inscripción. Uno puede ser poseedor legal y legítimo de una finca sin estar inscrita en el registro”, ha explicado esta representante, apostando por “diferenciar entre los bienes inmatriculados ya que hay de todo” entre el grupo de inmuebles en los que se ha ejercido esta potestad.

Jesús Sansó ha puesto la voz de Ciudadanos en esta comparecencia, mostrándose de acuerdo en la “inactividad e inacción de ambos miembros del bipartidismo que se han ido alternando estas responsabilidades”. “Somos muy nuevos y poco hemos podido hacer, pero nos definimos como laicos”, ha recordado este parlamentario. Además, el representante de esta formación ha apostado por “intentar evitar ya el discurso de hace setenta años y mirar hacia adelante para corregir lo que se haya hecho mal y se pueda”.

Desde el Grupo Mixto, Gregorio Briz (CHA) ha calificado como “una especie de estrategia para recuperar lo que la Iglesia había perdido de una forma entre legal y alegal”, por un camino, en su opinión, “discutible, anticonstitucional y que supone una afrenta para la ciudadanía y el Estado”. En relación a la falta de acceso a los datos expuesta por los comparecientes, ha reclamado “seriedad” y ha pedido al resto de grupos que “sustenten más sus argumentos” cuando se refieren al libre acceso al registro. 

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