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Los trabajadores del Centro de Observación y Acogida del Gobierno de Aragón reclaman en las Cortes “decisiones responsables” ante el “maltrato institucional”

Los trabajadores del Centro de Observación y Acogida del Gobierno de Aragón reclaman en las Cortes “decisiones responsables” ante el “maltrato institucional”
Representantes del colectivo ‘Educadores en lucha’ han trasladado esta mañana a los diputados de la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas la situación de “conflicto social y laboral” en la que se encuentran estos profesionales tras la huelga indefinida que mantienen desde hace un año

Zaragoza, 17/11/15.- Los trabajadores del Centro de Observación y Acogida del Gobierno de Aragón han reclamado esta mañana a los diputados autonómicos “decisiones responsables” ante lo que, en su opinión, supone “un maltrato institucional” hacia ellos y el resto de profesionales que, actualmente, trasladan sus manifestaciones a través del colectivo ‘Educadores en lucha’. Dos portavoces de esta entidad, Javier Itxaso y Elena López, han protagonizado la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas para “exponer la situación de conflicto social y laboral en la que se encuentran”.

Estos dos profesionales, además de recordar la huelga indefinida que se mantiene desde noviembre del año pasado y para la que, de acuerdo con sus palabras, el Ejecutivo fijó “unos servicios mínimos del 100% de la plantilla anterior a la huelga”, han acusado de “especulación” a los responsables de las decisiones sobre este servicio y han reclamado, en palabras de Itxaso, “decisiones políticas par aun conflicto político que se causó por posiciones políticas”.

“Si yo fuera responsable del presupuesto de las Cortes, al menos contaría cuantos diputados son y me preocuparía de que todos tuvierais asiento y material para vuestro trabajo: tomar decisiones responsables”, ha expresado por su parte López, aludiendo a la situación de “carencia” que denuncian actualmente en el Centro de Acogida. Para estos profesionales, la situación se ha debido, entre otros aspectos, a “la falta de empatía o al desconocimiento de las necesidades de la infancia”.

La voz del PP en esta comparecencia la ha puesto Fernando Galve. Este parlamentario ha trasladado al colectivo de educadores que “primó por encima de todo la atención a los menores en vulnerabilidad y riesgo de exclusión social”. “Fue el punto de partida del anterior Ejecutivo”, ha opinado. Por eso, ha reclamado que “no tiene nada que ver el proceso administrativo de adjudicación, con un contrato absolutamente legal y basado en la libre concurrencia, con un conflicto laboral no asistencial”. “Los menores están perfectamente atendidos”, ha defendido Galve ante la Comisión.

La socialista Begoña Nasarre ha recordado que “la mala gestión por parte del Ejecutivo PP-PAR fue el detonante del conflicto hace un año”. “Los criterios economicistas de la adjudicación hace que el conflicto no se haya solucionado”, ha añadido esta parlamentaria. La representante del PSOE ha apoyado la labor del nuevo Gobierno y ha asegurado que “está al lado de los colectivos más vulnerables, pero desde la legalidad”. “El actual no es el pliego que nos gusta, pero nos encontramos en el medio sin posibilidad de retroceder. No se puede revocar, pero sí mejorar”, ha adelantado.

El Grupo de Podemos ha estado representado en esta comparecencia por Amparo Bella, una diputada que ha deseado al colectivo de educadores que “mañana, en la reunión prevista, se pueda llegar a una finalización del conflicto porque se establezcan los puntos mínimos del servicio”. “Que los precios que se va a llevar la adjudicataria, sirva para mejorar las condiciones de un contrato y no para su beneficio. Nuestra obligación es vigilar, exigir y garantizar que todo se cumpla”, ha expresado Bella.

Por parte del PAR, Elena Allué ha calificado como “enquistado” el conflicto, recordando que su grupo ya ha realizado varias preguntas parlamentarias al respecto, así como una solicitud de comparecencia del director general competente en esta materia. “Nos preocupa, no tengan duda de que vamos a estar encima de este tema, no solo del conflicto sino en general de cualquier tema que afecte a la infancia”, ha manifestado la representante del PAR en la Comisión de Comparecencias.

José Luis Juste ha expuesto la posición de Ciudadanos en esta materia, apoyando “los cinco puntos” que trasladaron por escrito los educadores a las formaciones políticas aragonesas. Además, ha pedido que “se cubran las necesidades básicas” de este servicio porque “desde el punto de vista social los niños y las niñas son, como siempre, los más perjudicados y están sufriendo un conflicto que debería ser meramente laboral”, para lo que ha reclamado, en este mismo sentido, “implicación de un Gobierno trasparente”.

Desde el Grupo Mixto, Patricia Luquin (IU) ha apoyado las reivindicaciones del colectivo de profesionales porque “es un conflicto heredado que necesita una solución”. “Estamos hablando de protección de menores. Estamos hablando de dignidad. Que alguien apueste por los menores y por los trabajadores, que se crea en su trabajo”, ha defendido esta parlamentaria, para quien “hay una carencia evidente ahora mismo en su atención por parte de quien tiene la tutela, el propio Gobierno”.

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