Varias representantes de la Asociación Aragonesa de Afectados por Préstamos de Capital Privado han explicado la problemática que están viviendo personas que fueron “víctimas” de “operaciones leoninas que han arruinado sus vidas”, porque “firmaban algo completamente diferente a lo que verbalmente se les había informado”
Zaragoza, 14/06/2016.- “Nos han engañado y no hemos tenido la menor protección”, han denunciado esta mañana Ana García del Cacho, miembro de la Asociación Aragonesa de Afectados por el Préstamo Privado, durante su comparecencia en la Comisión de Peticiones y Comparecencias Ciudadanas de las Cortes de Aragón. Según ha explicado, las personas a las que representa “acudieron a pedir préstamos a empresas crediticias porque los bancos no daban”, y se convirtieron en “víctimas de operaciones leoninas que arruinaron sus vidas”, porque “firmaron algo completamente diferente a lo que verbalmente se les había informado” con la intención de “quedarse con sus viviendas”.
Además, este colectivo también ha denunciado que, una vez se pusieron en marcha los procesos para denunciar sus situaciones, “acudimos al Colegio de Notarios, Fiscalía y la Dirección de Consumo del Gobierno de Aragón, pero todas estas vías están paralizadas y en punto muerto”. En este sentido, para María Belén Martínez, el “principal responsable” de esta situación de “parálisis es por el Gobierno de Aragón, porque la Justicia se ha agarrado a que el Ejecutivo no ha hecho nada”.
Por todo ello, han solicitado apoyo a las Cortes para “iniciar vías para reconocernos como víctimas, se pueda dar nulidad a estos contratos y para la condonación de la deuda”, así como para que “la Fiscalía investigue” y se ponga el foco en la “inspección a estas empresas”.
En el turno de palabra de los grupos parlamentarios, Fernando Galve (PP) ha insistido en que esta problemática, “a parte del económico, produce un enorme daño moral que muchos de ustedes siguen sufriendo”. Por ello, se ha sumado a las reclamaciones hechas por este colectivo, al remarcar la necesidad de que haya “mayor control de la Administración”, para lo que “instaremos a que la Dirección General de Consumo haga inspecciones de oficio” en este tipo de empresas, y “pediremos que se revisen más casos”.
Darío Villagrasa (PSOE) ha reconocido que “la falta de concesión de préstamos por parte de las entidades bancarias, provocó que muchas personas acudieran a las privadas”, generando “situaciones completamente injustas”. En su opinión, “la falta de información, de transparencia y los vicios en el contrato pueden ser susceptibles de nulidad” y es un “terreno muy mal regulado”, en el que “el Ministerio Fiscal debería tomar cartas en el asunto y actuar de oficio ante este tipo de situaciones”. “Hay que hacer un esfuerzo muy importante en la creación de un registro que ponga luz en la opacidad en la que se mueven estos chiringuitos financieros”, ha dicho.
Román Sierra (Podemos) ha explicado que esta situación es fruto de “una crisis que ha llevado al empobrecimiento de las clases populares”, un sistema financiero “que cortó el acceso al crédito”, una gente que, “como tiburones, han visto la posibilidad de hacer negocio” y un sistema “desregulado que apenas protege al consumidor y al usuario”. Una situación que “queremos hacer desaparecer”, mediante medidas como “la creación de un censo de personas que se dedican al préstamo privado y una banca pública que gestione el crédito con otras pautas”.
Lucía Guillén (PAR) ha recordado que, tras la anterior comparecencia de este colectivo, en el año 2014, las Cortes aprobaron dos iniciativas por unanimidad en su apoyo, y que, desde su partido, “pensamos que es indispensable contar con asociaciones como la suya porque ayudan a atender a las víctimas para que no se sientan solas y sepan dónde ir ante semejante ruindad”. Unos hechos que a Guillén le parecen “tan sucios que se escapa a mi entendimiento; no puedo entender que haya personas tan mezquinas para arruinar la vida de unas personas vulnerables”.
Para Susana Gaspar (Ciudadanos), éste “es un tema de suma importancia, porque hablamos de personas que ante una situación de necesidad se vieron obligadas a pedir un préstamo” y, “las estamos condenando a la pobreza y privando de las segundas oportunidades que todos deberíamos tener”. También ha recalcado que este tipo de acciones por parte de los prestamistas son “más que reproblables” porque “tienen la indecencia de aprovecharse de los más débiles. Mal nos irá como sociedad si lo seguimos permitiendo”.
Por último, el diputado del Grupo Mixto Gregorio Briz (CHA) ha lamentado “profundamente” la situación que están viviendo estas personas porque “parece mentira que en el siglo XXI estemos con estas prácticas de usura y de estafa”. Ha reiterado el “apoyo” de su partido, “como ya demostró mi compañero Chesús Juste haciendo una pregunta al respecto en el Congreso de los Diputados”, y ha solicitado que se elabore “una ley suficientemente clara” para evitar situaciones como ésta.