Marisol Salafranca, Montse Thompson y María Obón han intervenido ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas para crear un órgano que, una vez agotada la vía judicial, sirva, según sus palabras, para “depurar responsabilidades políticas o de otro índole del mal llamado accidente, puesto que se trató claramente de una negligencia”
Zaragoza, 15/11/2016.- Una representación de los familiares de los seis fallecidos en el accidente del helicóptero Bell 407 de la brigada helitransportada de Alcorisa (Teruel), ocurrido en 2011, han pedido esta mañana a los grupos parlamentarios aragoneses la creación de una comisión de investigación en el transcurso de su comparecencia ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas. Según una de las comparecientes, Marisol Salafranca, la intención de esta petición es “depurar responsabilidades políticas o de otro índole del mal llamado accidente, puesto que se trató de una negligencia al cambiar una pieza por otra defectuosa sin las oportunas inspecciones”.
El siniestro tuvo lugar en torno a las 14:00 horas del 19 de marzo del 2011, cuando el transporte de la brigada helitransportada --un Bell 407, operado por INAER-- se estrelló entre Villastar y Villel, en la provincia de Teruel, cuando se dirigía a participar en la extinción de un incendio. En el choque murieron seis de los ocupantes y un séptimo resultó herido grave.
En este sentido, la vía penal a la que habían acudido los familiares para esclarecer los hechos se cerró el pasado mes de abril cuando el Tribunal Constitucional ratificó la decisión de la Audiencia Provincial de Teruel de archivar el caso y proceder a su sobreseimiento provisional. El asunto llevó un largo proceso de instrucción marcado por la publicación del informe definitivo elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC).
Salafranca ha mostrado la sensación de “desprotección que hemos vivido durante todo el proceso judicial”, a la vez que ha rechazado que “mover este asunto suponga un sufrimiento para las familias”, puesto que, según ha revelado, “lo que realmente nos produce sufrimiento es que la justicia no actúe”. Durante este tiempo, ha echado en falta que “el Gobierno de Aragón no haya ido de la mano con nosotros en nuestras peticiones, ya que SODEMASA era una empresa pública”.
Las palabras de Salafranca, que también ha hecho referencia a la presentación de 12.000 firmas en apoyo a sus reivindicaciones, que “no han servido para nada”, han contado con el subrayado de otras dos familiares de las víctimas. En este sentido, Montse Thompson ha puesto el acento en “los que continúan arriesgando su vida”, circunstancia que les hace continuar con sus reivindicaciones, mientras que María Obón ha dejado una pregunta en el aire que ha sobrevolado toda la comparecencia. “¿Qué harían ustedes si hubiera muerto uno de sus hijos?”, ha dicho.
Ana Marín, en representación del PP, ha mostrado su “solidaridad y apoyo” a un trabajo, que, según ha resaltado, “independientemente del resultado siempre merecerá la pena, puesto que nos han dado una lección a todos de valentía y constancia”. La diputada popular ha advertido de que “en caso de que se abra una comisión de investigación deben saber que solo se podrán deputar responsabilidades políticas, nunca penales”, a la vez que ha mostrado “nuestro respeto a las decisiones judiciales, aunque también es cierto que puede haber equivocaciones y que no es incompatible con la búsqueda de la verdad”.
Por parte del PSOE, el parlamentario Enrique Pueyo ha iniciado su intervención reconociendo que “la justicia debería haber sido más diligente en este caso”, para, a continuación, poner el énfasis en que “la clave hubiera sido el nombramiento de un perito judicial para estudiar la pieza y el aparato, puesto que es evidente que hay algo que no cuadra”. Pueyo ha avanzado que “estudiaremos la propuesta de creación de una comisión, puesto que, aunque tampoco hay que crear falsas expectativas, sí que sería bueno y necesario esclarecer las causas del siniestro”.
La portavoz sectorial en la Comisión por parte de Podemos, Marta Prades, ha trasladado a las comparecientes “el apoyo de nuestro grupo a la comisión de investigación si sirve para esclarecer y arrojar luz, ya que según he podido comprobar estas Cortes tienen esa sensibilidad”. “Es vergonzoso que os hayáis tenido que buscar la vida de esta manera”, ha lamentado mientras también ha puesto en tela de juicio el papel del Gobierno de Aragón en este proceso, puesto que, según ha añadido, “SODEMASA era una empresa pública y la responsable, por tanto, es la administración”.
Lucía Guillén ha sido la encargada de fijar la posición del PAR frente a la petición de las comparecientes. En este sentido, y tras realizar un resumen del procedimiento judicial seguido, ha anunciado que “nosotros no nos opondremos a la comisión si se cree que hay nuevos informes o pruebas, pero hay que entender que el proceso judicial está cerrado, y no seremos nosotros los que creemos falsas expectativas”.
A continuación, ha sido el turno del portavoz de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, que, por un lado, ha destacado la “dignidad” de las familias de los fallecidos en su búsqueda de la verdad y, por otro, ha indicado que “voy a estar completamente a favor” de la comisión de investigación. “Las Cortes estarán a la altura”, ha aventurado. Domínguez ha insistido en la necesidad conocer todos los datos y hamostrado su sorpresa por el papel del Gobierno de Aragón en este proceso, que ha calificado de “muy triste”.
Por último, Patricia Luquin, en nombre del Grupo Mixto, ha sido contundente a la hora de exponer que “yo haría lo mismo que hacen ustedes e incluso con menos educación”. La parlamentaria de IU ha indicado que “vamos a trabajar en la misma dirección que ustedes plantean, puesto que tienen todo el derecho del mundo a la saber lo que realmente ocurrió”, mientras que también ha apuntado a la existencia de “responsables que algo tendrán que decir”.