La Comisión de Peticiones Ciudadanas ha finalizado esta mañana con la intervención de la delegación de personal del IAA, un colectivo que ha expuesto en las Cortes de Aragón que “sus retribuciones están homologadas”, así como que “su plantilla es insuficiente” para realizar, entre otras actividades, las más de 5.000 analíticas anuales que efectúan
Zaragoza, 17/10/2017.- Los delegados de personal de los trabajadores del Instituto Aragonés del Agua han criticado que la actual reconversión de este organismo en una Dirección General, por parte del Gobierno de Aragón, conlleva “la congelación del salario” y “la negativa a participar en procesos funcionariales”. Estas cuestiones están recogidas por el Proyecto de Ley de reorganización de competencias administrativas en materia de aguas, según ha informado este colectivo en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas realizada esta mañana en las Cortes de Aragón.
María Luisa Torrubia, trabajadora en este organismo, ha asegurado que “la capacidad de autorregulación permite al Gobierno realizar esta Dirección”, pero, en su opinión, “la ley de organización incluye recortes como la congelación salarial de por vida o no poner participar en procesos de funcionariado”. Asimismo, Torrubia ha informado que en este instituto trabajan treinta y cuatro personas bajo la denominación de personal laboral propio que, como ha relatado, disponen de “más de quince años de experiencia. “La Cámara de Cuentas ha comprobado que nuestras retribuciones están homologadas, lo que desmonta el mito de grandes salarios”, ha comentado. Un organismo fiscalizador que, según este colectivo, también ha constatado que “la plantilla es insuficiente para una adecuado funcionamiento, ya que no se llegó a completar”, así lo ha comentado María Gracia, quien también ha repasado algunas de las actividades que realizan los cuarenta y dos empleados totales de este organismo.
“Realizamos el seguimiento de 211 depuradoras, partes de funcionamiento, más de 5.000 analíticas anuales, más de 2.000 procesos expropiatorios, 23 parámetros analizados para la calidad de los ríos, 1.100 ficheros de consumo de agua”, ha desgranado Gracia. Por último, Luis Burgón ha afirmado que “con los recortes y la congelación salarial nos vemos abocados a una pérdida de nivel adquisitivo y una discriminación selectiva sobre otros colectivos”. Además, Burgón ha afirmado que se les prohíbe participar en procesos de funcionarización y, del mismo modo, ha comentado que no piden la condición de funcionario "sino que se les permita seguir como hasta ahora”.
Desde el PP, Fernando Galve ha agradecido “el magnífico trabajo” realizado por estos profesionales que “nadie pone en duda”. “Nos parece muy grave que nadie del Gobierno les haya querido escuchar”, ha criticado. “Fue creado por un Gobierno socialista y otro socialista lo va a reconvertir. Es una decisión unilateral estrictamente política con un proyecto de ley que genera muchísimas incertidumbres”, se ha posicionado Galve.
“La creación de la Dirección General del Agua es una buena noticia”, ha asegurado en el inicio de su intervención el socialista Herminio Sancho. Además, ha recordado el compromiso del consejero en “la conservación del empleo”, pero “no pidan más de la categoría”. “Lo justo es pedir lo mismo que sus iguales”, ha añadido en este sentido. Para Sancho, “hace falta respeto y exigencia para los sindicatos desde el respeto”.
Para Marta de Santos (Podemos), “no nos hacemos a la idea del volumen de trabajo del Instituto y la importancia para todos”. “Las funciones que se desarrollan son importantísimas pero ha faltado información, libre concurrencia, transparencia y participación y ha habido un oscurantismo en la gestión que, seguramente, es la culpable de que se vean en esta situación ustedes”, ha opinado esta diputada.
Desde el PAR, Lucía Guillén ha asegurado que “estos empleados han pasado sus méritos de capacidad igual que sucede en otros órganos de la Administración”. “El Instituto Aragonés del Agua ya fue Dirección General y fruto de la conversión catorce personas pasaron a personal laboral a través de unas pruebas. Quiero poner de relieve la realidad de un proceso donde los trabajadores se han adaptado”, ha explicado esta diputada.
El diputado de Ciudadanos Jesús Sansó ha comentado que “el día que alguien explique de verdad los pros y contras de esta conversión empezaré a comprender todo esto”. “No me ha gustado nada escuchar la palabra abandono en la que dicen sentirse”, ha recordado en forma de crítica hacia la gestión del Ejecutivo este portavoz ante el órgano parlamentario durante la tercera de las comparecencias de hoy.
Para Gregorio Briz (CHA), representante del Grupo Mixto en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos, “es un tema complejo”. “La decisión de convertir el Instituto en Dirección General es buena. Hay que evitar sus riesgos colaterales y entendía que el Gobierno hacía lo que la Ley plantea”, ha defendido este portavoz. En su opinión, “la finalidad de un Ejecutivo es defender el interés público”.