Juan Ballarín, José Manuel Larrodera y Antonio Lascorz han pedido a los diputados “soluciones efectivas y rápidas” y han reclamado “medidas de discriminación positiva en estos centros mientras se buscan soluciones definitivas, además de la distribución equilibrada del alumnado con necesidades específicas y trabajar con toda la comunidad educativa para promulgar una normativa que palie primero y solucione después esta situación, con la adecuada financiación”
Zaragoza, 23/09/2014.- Juan Ballarín, José Manuel Larrodera y Antonio Lascorz, representantes de la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública, han comparecido hoy en la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas para exponer la problemática relativa a los colegios públicos de infantil y primaria de Aragón que tienen altos porcentajes de alumnado de diversidad. Los comparecientes, que han calificado a estos centros como “centros en desventaja”, han reclamado que “es urgente que se dote de apoyos y medidas a los centros que más lo necesitan”, así como una política educativa que “priorice lo social y lo público frente a lo privado”.
Juan Ballarín ha expuesto que, “según datos rigurosos y objetivos, obtenidos de un informe sobre el curso 2012-2013 y cotejados con datos del curso pasado y de éste que acaba de comenzar, vemos que la problemática no se soluciona sino que empeora irremediablemente”. Para el compareciente, los centros en desventaja “se enfrentan a una potencial marginación, ya que el número de alumnado diverso aumenta, mientras que el alumnado normalizado disminuye”.
Ballarín ha explicado como un informe del Consejo Escolar de Aragón y recomendaciones del Justicia aconsejaban que el alumnado con necesidades educativas específicas “no sobrepasara el 20% o 30% del alumnado en cada aula” y ha criticado que, desde el Gobierno, “no se ha hecho caso aun informe que recogía medidas lógicas, razonables y viables para alcanzar una educación de calidad para todos los ciudadanos”. El compareciente ha pedido a los parlamentarios “que se mojen y den soluciones efectivas y rápidas” y les ha reclamado “medidas de discriminación positiva en estos centros mientras se buscan soluciones definitivas, la distribución equilibrada del alumnado con necesidades específicas y trabajar con toda la comunidad educativa para promulgar una normativa que palie primero y solucione después esta situación y que cuente con la adecuada financiación”.
José Manuel Larrodera, por su parte, ha desgranado los datos de un estudio en el que se comparan los centros en desventaja con el resto de centros de infantil y primaria. Larrodera se ha referido a diversos aspectos: profesorado, del que ha señalado que “el recorte ha sido mayor en los centros en desventaja”; alumnado, que “se ha reducido en este tipo de centros, con la particularidad de que el alumnado diverso o de minorías ha aumentado”; y becas de comedor, de las que ha reconocido su aumento, alegando que “indica que el poder adquisitivo de las familias de estos centros es muy muy bajo”. Larrodera ha explicado también las repercusiones que estos datos tienen para el centro, entre las que ha señalado “menos atención individualizada, menos grupos de apoyo, menos sesiones para desdobles, desaparición de las aulas de español para inmigrantes, desaparición del profesor de compensatoria y reflejo negativo en la organización del centro”.
Por último, Antonio Lascorz ha denunciado que, “ante un gran número de alumnos con necesidades, el funcionamiento del centro se hace complicado”, lo que provoca que “los alumnos normalizados abandonan el centro en años posteriores y los que tienen necesidades aumentan, provocándose guetos y un apartheid social y educativo que se extiende cada vez a más centros”. El compareciente lo ha achacado a “una inadecuada atención a la diversidad, las políticas segregacionistas de los centros concertados, la concentración de la pobreza en estos centros y a la ausencia de una estrategia de política educativa adecuada”.
El diputado popular Eduardo Peris ha manifestado que “nunca hemos recibido quejas de los centros de educación especial” por lo que ha indicado que “los recortes no son tales ni tantos” y ha añadido que “lo que nos han contado hoy es aquí es, simplemente, su versión”. Peris ha defendido que la creación del departamento de orientación “incrementa la plantilla en un 17%”, y ha señalado que el nuevo modelo de orientación “mejora a todas luces el de atención primaria, que ustedes defienden”.
María Victoria Broto, diputada socialista, ha defendido que los alumnos “deben escolarizarse en la zona donde vivan, estableciendo medidas de discriminación positiva donde sea necesario” y ha afirmado que la equidad en Educación “no es tal si no conseguimos el bienestar de todos los alumnos”. La parlamentaria se ha mostrado partidaria de “poner en valor los centros públicos y tener con ellos una sensibilidad especial” y ha pedido al Departamento de Educación que “tome nota y saque conclusiones del documento que se nos han entregado hoy”.
Manuel Blasco, diputado del PAR, ha calificado el tema de “muy importante y con difícil solución” y ha señalado que, “mientras haya una serie de colegios con un 60% o 100% de alumnos con necesidades especiales, no hay solución, ya que ni un aumento de recursos humanos sería suficiente”. El diputado ha apostado por “ser capaces de encontrar entre todos una solución” y ha calificado de “adecuadas” las soluciones propuestas.
Gregorio Briz, diputado de CHA, ha expresado que, “si somos capaces de instaurar una legislación que obligue a los centros, públicos y concertados por igual, a aceptar a cualquier alumno, habremos dado un gran paso adelante” y ha denunciado que la política educativa del Gobierno “es errónea, no hace nada por mejorar esta situación”. Briz ha señalado también que “hace falta financiación, que permita más recursos humanos y materiales” y ha solicitado una “ley reguladora de adscripción de alumnos, ya que si son fondos públicos debería existir igualdad de condiciones y evitar así el segregacionismo”.
Por último, Adolfo Barrena, representante de IU, ha agradecido a la plataforma “proporcionarnos datos objetivos que demuestran que el Gobierno incumple la Constitución y el Estatuto, ya que rompe la equidad de un servicio público” y ha criticado que el Estatuto y la Constitución “solo le sirven al PP y al PAR para justificar sus recortes”. Barrena ha señalado que cuando se Gobierna “hay que tener en cuenta primero las obligaciones y luego los derechos”, por lo que se ha preguntado “porque el Gobierno de Aragón no tiene en cuenta lo que dice el Consejo Escolar de Aragón, que representa a toda la comunidad educativa”.